La memoria histórica legitima a ETA
Llevo años estudiando el tema de la memoria histórica y publicando artículos al respecto en la prensa generalista y tengo que confesar que nunca se me habría ocurrido plantear semejante equivalencia o correspondencia, tal como aparece en el título de este artículo. Siempre había considerado que los propósitos de la memoria histórica tenían que ver con el pasado, con la Segunda República, con la Guerra Civil y con el Franquismo, pero no con el presente, donde la presencia de ETA es evidente, aunque haya desaparecido. No obstante, los que protagonizaron sus acciones y los que las defendieron y justificaron y sostuvieron y ocultaron y utilizaron políticamente están vivitos y coleando y actúan en política y quieren hacernos creer que ellos ahora son otros, que han cambiado, cuando son exactamente los mismos, como acabamos de ver en los últimos días.
Tampoco cuando empecé esta serie de El balle del ziruelo tenía intención de incluir un tema como este entre sus artículos. Porque mi idea era y sigue siendo remover las bases intelectuales y sociológicas en las que se sustenta la gran mentira de la que se nutre el nacionalismo vasco, y en la que la aparición y actuación de ETA sería una de sus consecuencias naturales y últimas. Ahora estoy tocando un tema que viene al hilo de la actualidad, con denuncias constantes en los medios sobre la íntima colaboración política entre el actual gobierno de Pedro Sánchez y el partido político donde se incluyen los herederos de Herri Batasuna, a través de Sortu (que fueron a su vez los máximos cómplices y sostenedores del terrorismo de ETA), que es Bildu. Pero el tema es de tal magnitud moral que es imposible no tocarlo o al menos, como hago aquí, apuntarlo para futuros desarrollos. Me refiero al último episodio de la inclusión, en las candidaturas de EH Bildu para las inminentes elecciones municipales, de miembros de la banda terrorista ETA que ya purgaron su pena en la cárcel y que, por eso, ya no tendrían ningún problema de tipo legal en resultar elegidos y convertirse en concejales o alcaldes de pueblos en los que incluso cometieron sus asesinatos. La protesta del resto de partidos y de la sociedad entera ha llegado a tal nivel que siete, de los cuarenta y cuatro candidatos que están en esta situación, se supone que los más sanguinarios, han tenido que decir, eso sí por boca de sus representantes políticos (de nuevo Otegui ante los medios, flanqueado por sus más próximos, al estilo de antaño) que renunciarán a sus actas si resultaran elegidos.
Todo esto resulta de nuevo tan humillante, tan lacerante, tan insoportable para la memoria de los que hemos vivido en el País Vasco en los últimos cuarenta años, los años de nuestra propia vida vivida aquí, los mejores años de nuestra vida que estos individuos nos vinieron a hurtar, que algo así ya no se puede pasar por alto sin denunciarlo expresa y rotundamente. Es decir, tener que aguantar de nuevo a unos personajillos de un nivel moral bajo cero, salir como una especie de apaciguadores, poco menos que a perdonarnos la vida y a considerarnos en el fondo unos histéricos y desequilibrados por denunciar el atropello al que ellos mismos nos someten. Es por eso que me parece que hay que dar un paso más y sustentarlo teóricamente, para deslegitimar a esta panda de inmorales y de desvergonzados. EH Bildu, y Otegui a la cabeza, son los que deberían estar en el extrarradio de la realidad social y, en cambio, son ellos los que pretenden ponernos ahí a los demás, considerándonos poco menos que unas personas indecentes y malvadas por querer denunciar lo obvio: que no se puede actuar en política de ninguna manera con semejante mochila de ignominia y de perversidad como la que llevan todos los candidatos con penas de terrorismo y quienes les apoyan. Apoyos que, para nuestra vergüenza, llegan ya hasta el mismísimo gobierno de España.
Y el sustento teórico al que me refería más arriba –para denunciar con fuerza lo que me parece ya de todo punto inaceptable, a raíz de este episodio de los candidatos que pretenden hacernos un favor renunciando (ya veremos lo que pasa al final) si resultan elegidos– consiste en empezar a ver cada más clara una conexión que nunca había considerado como posible, por lo monstruosa que siempre me había parecido, pero que va adquiriendo para mí cada vez mayor consistencia y que, por eso, voy a empezar a contemplar como real a partir de este momento. Porque resulta que cada vez que dan un paso más, desde el gobierno de España y desde los partidos que le apoyan, profundizando, aquilatando y desarrollando las premisas en las que se basa la denominada memoria histórica en España, estamos –no sé si queriéndolo y buscándolo conscientemente, pero, en todo caso, de manera automática y necesaria– legitimando y blanqueando el terrorismo de ETA. Desgraciadamente esto es así. Y habrá, seguro, quien se escandalice por esta afirmación y la considere como el colofón de quienes practicamos la antimemoria histórica, pero cuando lo digo es porque creo que es así. Al menos pienso que hay que considerar esa posibilidad como hipótesis muy seria de trabajo.
Y lo peor de todo es que ni siquiera los que sostuvieron a ETA y hoy siguen sin condenarla agradecerán nunca esa posibilidad, como hacen todos los nacionalistas con todo lo que les viene bien pero procede del régimen español, cualquiera que este sea. Y no me olvido aquí de que el último atentado contra políticos de la banda terrorista fue precisamente contra un exconcejal socialista, Isaías Carrasco, en Mondragón en marzo de 2008, tres meses después de que fuera aprobada la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007. Tampoco hubiera alterado mi hipótesis que ETA hubiera seguido asesinando algún año después a más políticos socialistas. Pero en el caso concreto del asesinato de Isaías Carrasco podemos aducir hasta tres razones, por lo menos, para que nuestra hipótesis no se vea alterada: primera, porque los procesos en historia nunca son automáticos ni exactamente sucesivos sino que sus efectos se ven a más largo plazo, con estridencias intermedias que pueden parecer de signo contrario pero no alteran el curso principal de los acontecimientos; segunda, porque ETA habría vuelto a actuar aquí con su contrastada ley del escorpión, es decir, la del que es capaz de matar (incluso con más delectación si cabe) hasta a quien te quiere salvar; y tercera, porque aquel asesinato se produjo en vísperas de las elecciones generales del 2008, que fueron un 9 de marzo y el asesinato fue el 7. Se suspendió la campaña electoral a falta de un día para su conclusión y el efecto fue que el PSOE de Rodríguez Zapatero volvió a ganar y los socialistas arrasaron en las tres provincias vascas, por encima del PNV. Y es sabido que ETA siempre prefirió al PSOE en Madrid que a ningún otro partido. Precisamente en esa segunda legislatura de Rodríguez Zapatero se produjo el desistimiento final de la banda terrorista en 2011.
Desde luego, la última evolución legal de la memoria histórica, que ha sido la llamada ley de memoria democrática recientemente aprobada, contiene elementos ya lo suficientemente elocuentes como para que empiece a tomar cuerpo legal esa conexión de la que hablamos, la de que la memoria histórica legitima y blanquea a ETA. Pensemos que en el segundo desarrollo de la memoria histórica, la llamada ley de memoria democrática, se considera que el periodo que va de 1976 a 1983 –es decir, entrando por cinco años ya en la nueva fase de la historia de España que abre la Constitución de 1978– es un periodo susceptible de ser investigado en relación con violaciones de derechos humanos procedentes de los aparatos del Estado. Es decir, en nombre de la democracia se estaría instituyendo una entidad ficticia superior a la propia Constitución de 1978 y a quienes la desarrollaban políticamente en esos momentos (todos los partidos legalizados entonces), de modo que actos realizados en defensa del régimen democrático pueden ser a partir de ahora evaluados desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, colocando de ese modo al régimen del 78 en el mismo nivel que la dictadura franquista que le precedió. Y en ese periodo –ahí está la conexión– entrarían los llamados “años de plomo”, es decir, la primera oleada, la más sangrienta, intensiva y feroz, de la banda terrorista ETA.
Es por eso que, si empezamos a analizar los propósitos y los métodos de la memoria histórica bajo esta nueva hipótesis que planteo, la de su complicidad de fondo y forma con el blanqueamiento de ETA, la verdad es que todos los supuestos van encajando uno tras otro. Véase, si no, quiénes fueron los partidos que aprobaron la primera ley de memoria histórica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 (todos menos el PP y en el caso de ERC porque la ley la juzgaban corta) y sobre todo quiénes han aprobado la ley de memoria democrática del gobierno de Pedro Sánchez en 2022 (todos, incluido Bildu y el PNV, menos PP, Vox y Ciudadanos, y en el caso de Junts y la CUP porque la consideran corta, junto con la abstención de BNG y ERC). La memoria histórica parte de la consagración de la Segunda República como régimen democrático, del que el periodo que se abre con la Constitución de 1978 sería un pálido reflejo que no llega a equiparársele por la presencia en él, en régimen de igualdad política, de partidos de derecha a los que se adjudica como antecedente los que se sumaron al alzamiento militar contra el régimen republicano. Todo empezó con esta premisa ideológica e histórica. La primera ley de memoria histórica del gobierno de Rodríguez Zapatero dio lugar a la deslegitimación de la ley de amnistía de 1977, que dio pie al proceso de reforma política en el que se basa la Constitución de 1978 como, lo que es mucho más grave, a la deslegitimación democrática del periodo que esta inaugura, y donde actúa, en régimen de igualdad política, todo el sector de la política española al que se le adjudican como antecedentes en los años treinta del siglo pasado los partidarios del alzamiento de 1936. El tema resultó gravísimo, porque se rompió todo el espíritu de concordia de nuestro régimen político y de la generación de los que hicieron posible la Transición: básicamente y por este orden: el Rey Juan Carlos, Suárez, González, Carrillo y Fraga. Pero la derecha, tanto política como sociológica, no sé si por tener la fiesta en paz, no le ha dado hasta ahora la importancia y trascendencia que merece. Y en esas estamos y así seguimos y cada vez peor.
Es por eso que deberíamos hacer un esfuerzo por cortar de raíz este proceso de destrucción de nuestro régimen político actual y es por eso que deberíamos reconocer de una vez a dónde nos lleva toda esta deriva: al blanqueamiento y legitimación de la mayor catástrofe moral y convivencial de nuestra vida, que ha sido sin duda el terrorismo de ETA. No sé si quienes están por la memoria histórica buscaban desde el comienzo este objetivo. Quiero suponer que no. Siempre he supuesto que no. Pero lo cierto es que cada vez tengo más elementos para suponer que sí, que eso es lo que buscaban. Es como si el que esto escribe empezara a creer que existen inercias históricas que impulsan a los individuos –y con ellos a los colectivos en que se integran y en quienes influyen– hacia un resultado concreto de sus acciones, resultado no buscado conscientemente quizás, pero irresistible al fin y al cabo, a nada que los factores sociales que concurren en nuestra realidad encajen unos con otros, una vez que hemos tomado partido por uno de ellos. Y es por eso que quienes tomaron en su día partido por lo que se llama memoria histórica se vieran abocados al final a un resultado (quiero creer que) no deseado: el blanqueamiento y legitimación de ETA. Señal inequívoca de que la opción que tomaron por la memoria histórica fue un error garrafal, colosal, en el momento en que fue adoptada.
Llevo años estudiando el tema de la memoria histórica y publicando artículos al respecto en la prensa generalista y tengo que confesar que nunca se me habría ocurrido plantear semejante equivalencia o correspondencia, tal como aparece en el título de este artículo. Siempre había considerado que los propósitos de la memoria histórica tenían que ver con el pasado, con la Segunda República, con la Guerra Civil y con el Franquismo, pero no con el presente, donde la presencia de ETA es evidente, aunque haya desaparecido. No obstante, los que protagonizaron sus acciones y los que las defendieron y justificaron y sostuvieron y ocultaron y utilizaron políticamente están vivitos y coleando y actúan en política y quieren hacernos creer que ellos ahora son otros, que han cambiado, cuando son exactamente los mismos, como acabamos de ver en los últimos días.
Tampoco cuando empecé esta serie de El balle del ziruelo tenía intención de incluir un tema como este entre sus artículos. Porque mi idea era y sigue siendo remover las bases intelectuales y sociológicas en las que se sustenta la gran mentira de la que se nutre el nacionalismo vasco, y en la que la aparición y actuación de ETA sería una de sus consecuencias naturales y últimas. Ahora estoy tocando un tema que viene al hilo de la actualidad, con denuncias constantes en los medios sobre la íntima colaboración política entre el actual gobierno de Pedro Sánchez y el partido político donde se incluyen los herederos de Herri Batasuna, a través de Sortu (que fueron a su vez los máximos cómplices y sostenedores del terrorismo de ETA), que es Bildu. Pero el tema es de tal magnitud moral que es imposible no tocarlo o al menos, como hago aquí, apuntarlo para futuros desarrollos. Me refiero al último episodio de la inclusión, en las candidaturas de EH Bildu para las inminentes elecciones municipales, de miembros de la banda terrorista ETA que ya purgaron su pena en la cárcel y que, por eso, ya no tendrían ningún problema de tipo legal en resultar elegidos y convertirse en concejales o alcaldes de pueblos en los que incluso cometieron sus asesinatos. La protesta del resto de partidos y de la sociedad entera ha llegado a tal nivel que siete, de los cuarenta y cuatro candidatos que están en esta situación, se supone que los más sanguinarios, han tenido que decir, eso sí por boca de sus representantes políticos (de nuevo Otegui ante los medios, flanqueado por sus más próximos, al estilo de antaño) que renunciarán a sus actas si resultaran elegidos.
Todo esto resulta de nuevo tan humillante, tan lacerante, tan insoportable para la memoria de los que hemos vivido en el País Vasco en los últimos cuarenta años, los años de nuestra propia vida vivida aquí, los mejores años de nuestra vida que estos individuos nos vinieron a hurtar, que algo así ya no se puede pasar por alto sin denunciarlo expresa y rotundamente. Es decir, tener que aguantar de nuevo a unos personajillos de un nivel moral bajo cero, salir como una especie de apaciguadores, poco menos que a perdonarnos la vida y a considerarnos en el fondo unos histéricos y desequilibrados por denunciar el atropello al que ellos mismos nos someten. Es por eso que me parece que hay que dar un paso más y sustentarlo teóricamente, para deslegitimar a esta panda de inmorales y de desvergonzados. EH Bildu, y Otegui a la cabeza, son los que deberían estar en el extrarradio de la realidad social y, en cambio, son ellos los que pretenden ponernos ahí a los demás, considerándonos poco menos que unas personas indecentes y malvadas por querer denunciar lo obvio: que no se puede actuar en política de ninguna manera con semejante mochila de ignominia y de perversidad como la que llevan todos los candidatos con penas de terrorismo y quienes les apoyan. Apoyos que, para nuestra vergüenza, llegan ya hasta el mismísimo gobierno de España.
Y el sustento teórico al que me refería más arriba –para denunciar con fuerza lo que me parece ya de todo punto inaceptable, a raíz de este episodio de los candidatos que pretenden hacernos un favor renunciando (ya veremos lo que pasa al final) si resultan elegidos– consiste en empezar a ver cada más clara una conexión que nunca había considerado como posible, por lo monstruosa que siempre me había parecido, pero que va adquiriendo para mí cada vez mayor consistencia y que, por eso, voy a empezar a contemplar como real a partir de este momento. Porque resulta que cada vez que dan un paso más, desde el gobierno de España y desde los partidos que le apoyan, profundizando, aquilatando y desarrollando las premisas en las que se basa la denominada memoria histórica en España, estamos –no sé si queriéndolo y buscándolo conscientemente, pero, en todo caso, de manera automática y necesaria– legitimando y blanqueando el terrorismo de ETA. Desgraciadamente esto es así. Y habrá, seguro, quien se escandalice por esta afirmación y la considere como el colofón de quienes practicamos la antimemoria histórica, pero cuando lo digo es porque creo que es así. Al menos pienso que hay que considerar esa posibilidad como hipótesis muy seria de trabajo.
Y lo peor de todo es que ni siquiera los que sostuvieron a ETA y hoy siguen sin condenarla agradecerán nunca esa posibilidad, como hacen todos los nacionalistas con todo lo que les viene bien pero procede del régimen español, cualquiera que este sea. Y no me olvido aquí de que el último atentado contra políticos de la banda terrorista fue precisamente contra un exconcejal socialista, Isaías Carrasco, en Mondragón en marzo de 2008, tres meses después de que fuera aprobada la Ley de Memoria Histórica en diciembre de 2007. Tampoco hubiera alterado mi hipótesis que ETA hubiera seguido asesinando algún año después a más políticos socialistas. Pero en el caso concreto del asesinato de Isaías Carrasco podemos aducir hasta tres razones, por lo menos, para que nuestra hipótesis no se vea alterada: primera, porque los procesos en historia nunca son automáticos ni exactamente sucesivos sino que sus efectos se ven a más largo plazo, con estridencias intermedias que pueden parecer de signo contrario pero no alteran el curso principal de los acontecimientos; segunda, porque ETA habría vuelto a actuar aquí con su contrastada ley del escorpión, es decir, la del que es capaz de matar (incluso con más delectación si cabe) hasta a quien te quiere salvar; y tercera, porque aquel asesinato se produjo en vísperas de las elecciones generales del 2008, que fueron un 9 de marzo y el asesinato fue el 7. Se suspendió la campaña electoral a falta de un día para su conclusión y el efecto fue que el PSOE de Rodríguez Zapatero volvió a ganar y los socialistas arrasaron en las tres provincias vascas, por encima del PNV. Y es sabido que ETA siempre prefirió al PSOE en Madrid que a ningún otro partido. Precisamente en esa segunda legislatura de Rodríguez Zapatero se produjo el desistimiento final de la banda terrorista en 2011.
Desde luego, la última evolución legal de la memoria histórica, que ha sido la llamada ley de memoria democrática recientemente aprobada, contiene elementos ya lo suficientemente elocuentes como para que empiece a tomar cuerpo legal esa conexión de la que hablamos, la de que la memoria histórica legitima y blanquea a ETA. Pensemos que en el segundo desarrollo de la memoria histórica, la llamada ley de memoria democrática, se considera que el periodo que va de 1976 a 1983 –es decir, entrando por cinco años ya en la nueva fase de la historia de España que abre la Constitución de 1978– es un periodo susceptible de ser investigado en relación con violaciones de derechos humanos procedentes de los aparatos del Estado. Es decir, en nombre de la democracia se estaría instituyendo una entidad ficticia superior a la propia Constitución de 1978 y a quienes la desarrollaban políticamente en esos momentos (todos los partidos legalizados entonces), de modo que actos realizados en defensa del régimen democrático pueden ser a partir de ahora evaluados desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, colocando de ese modo al régimen del 78 en el mismo nivel que la dictadura franquista que le precedió. Y en ese periodo –ahí está la conexión– entrarían los llamados “años de plomo”, es decir, la primera oleada, la más sangrienta, intensiva y feroz, de la banda terrorista ETA.
Es por eso que, si empezamos a analizar los propósitos y los métodos de la memoria histórica bajo esta nueva hipótesis que planteo, la de su complicidad de fondo y forma con el blanqueamiento de ETA, la verdad es que todos los supuestos van encajando uno tras otro. Véase, si no, quiénes fueron los partidos que aprobaron la primera ley de memoria histórica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 (todos menos el PP y en el caso de ERC porque la ley la juzgaban corta) y sobre todo quiénes han aprobado la ley de memoria democrática del gobierno de Pedro Sánchez en 2022 (todos, incluido Bildu y el PNV, menos PP, Vox y Ciudadanos, y en el caso de Junts y la CUP porque la consideran corta, junto con la abstención de BNG y ERC). La memoria histórica parte de la consagración de la Segunda República como régimen democrático, del que el periodo que se abre con la Constitución de 1978 sería un pálido reflejo que no llega a equiparársele por la presencia en él, en régimen de igualdad política, de partidos de derecha a los que se adjudica como antecedente los que se sumaron al alzamiento militar contra el régimen republicano. Todo empezó con esta premisa ideológica e histórica. La primera ley de memoria histórica del gobierno de Rodríguez Zapatero dio lugar a la deslegitimación de la ley de amnistía de 1977, que dio pie al proceso de reforma política en el que se basa la Constitución de 1978 como, lo que es mucho más grave, a la deslegitimación democrática del periodo que esta inaugura, y donde actúa, en régimen de igualdad política, todo el sector de la política española al que se le adjudican como antecedentes en los años treinta del siglo pasado los partidarios del alzamiento de 1936. El tema resultó gravísimo, porque se rompió todo el espíritu de concordia de nuestro régimen político y de la generación de los que hicieron posible la Transición: básicamente y por este orden: el Rey Juan Carlos, Suárez, González, Carrillo y Fraga. Pero la derecha, tanto política como sociológica, no sé si por tener la fiesta en paz, no le ha dado hasta ahora la importancia y trascendencia que merece. Y en esas estamos y así seguimos y cada vez peor.
Es por eso que deberíamos hacer un esfuerzo por cortar de raíz este proceso de destrucción de nuestro régimen político actual y es por eso que deberíamos reconocer de una vez a dónde nos lleva toda esta deriva: al blanqueamiento y legitimación de la mayor catástrofe moral y convivencial de nuestra vida, que ha sido sin duda el terrorismo de ETA. No sé si quienes están por la memoria histórica buscaban desde el comienzo este objetivo. Quiero suponer que no. Siempre he supuesto que no. Pero lo cierto es que cada vez tengo más elementos para suponer que sí, que eso es lo que buscaban. Es como si el que esto escribe empezara a creer que existen inercias históricas que impulsan a los individuos –y con ellos a los colectivos en que se integran y en quienes influyen– hacia un resultado concreto de sus acciones, resultado no buscado conscientemente quizás, pero irresistible al fin y al cabo, a nada que los factores sociales que concurren en nuestra realidad encajen unos con otros, una vez que hemos tomado partido por uno de ellos. Y es por eso que quienes tomaron en su día partido por lo que se llama memoria histórica se vieran abocados al final a un resultado (quiero creer que) no deseado: el blanqueamiento y legitimación de ETA. Señal inequívoca de que la opción que tomaron por la memoria histórica fue un error garrafal, colosal, en el momento en que fue adoptada.
