El gobierno izquierdista de Joe Biden ha recibido un golpe contundente por parte de un juez en un caso de censura en las redes sociales. En una sentencia histórica, un magistrado federal ha otorgado parcialmente una orden judicial que prohíbe a varios funcionarios de la Administración Biden y organismos gubernamentales como el Departamento de Justicia y el FBI colaborar con las principales empresas tecnológicas en la censura de publicaciones en las redes sociales.

Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia de esta sentencia (en inglés) a través del correo habitual: [email protected]

La orden judicial fue emitida en respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales de Luisiana y Misuri, quienes acusaron a los funcionarios de la Administración Biden y a diversos organismos gubernamentales de presionar a las empresas de redes sociales para que suspendieran cuentas o eliminaran publicaciones.

El juez Terry A. Doughty escribe en su sentencia que varias agencias gubernamentales, incluyendo la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), tienen prohibido tomar ciertas medidas con respecto a las empresas de redes sociales.

Específicamente, se les prohíbe a las agencias y a su personal reunirse o comunicarse por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o cualquier otro medio para instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida, según lo establecido en el requerimiento judicial. Además, se les prohíbe marcar el contenido de las publicaciones en las plataformas de redes sociales y enviar solicitudes a las empresas para que tomen medidas, como su eliminación o supresión.Tampoco se les permite animar o incitar a las empresas de redes sociales a cambiar sus directrices sobre la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida por el gobierno.

El juez, nombrado en su nmomento por Donald Trump, escribe que los fiscales generales republicanos que demandaron al gobierno de Biden "han presentado pruebas de un esfuerzo masivo por parte de los demandados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir la expresión basada en su contenido".

En un memorándum adjunto, el juez explica que es "probable que los demandantes tengan éxito en demostrar que el gobierno ha utilizado su poder para silenciar a la oposición".

"La oposición a las vacunas contra el COVID-19; la oposición al uso de mascarillas y los cierres relacionados con el COVID-19; la oposición a la teoría de la fuga del COVID-19 del laboratorio; la oposición a la validez de las elecciones de 2020; la oposición a las políticas del presidente Biden; las declaraciones de que la historia de la laptop de Hunter Biden era cierta; y la oposición a las políticas de los funcionarios del gobierno en el poder...

Según informa The Epoch Times, "es importante destacar que esta sentencia histórica plantea interrogantes sobre el papel y los límites del gobierno en relación con la regulación de las redes sociales y la protección de la libertad de expresión. El debate sobre la censura en línea, la moderación de contenidos y el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas continúa siendo un tema relevante y controvertido".

"La decisión del juez Doughty refleja la preocupación por preservar los derechos de los individuos y evitar que el gobierno ejerza un control excesivo sobre la expresión en las redes sociales. Sin embargo, es probable que este caso siga generando debates y posibles apelaciones en los tribunales, ya que aborda un tema complejo en la era digital".