La regulación del derecho a la autodefensa es, sin lugar a duda, el gran debate oculto y pendiente en todas las campañas electorales. Aunque ningún partido político quiera reflexionar sobre la cuestión, en un mundo donde la seguridad personal se ha vuelto una preocupación constante, es imperativo que los ciudadanos tengan la capacidad de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Especialmente cuando, como ocurre actualmente en España, y en numerosos países de la UE, la amenaza delictiva es alta y la confianza en las fuerzas de seguridad pública es baja, resulta esencial que los ciudadanos sean capaces y puedan gestionar por sí mismos su seguridad y la de sus allegados. En este contexto, regular el derecho a portar armas de defensa puede ser una herramienta valiosa y necesaria para garantizar esa seguridad personal.

El derecho a la autodefensa es un principio fundamental de los derechos humanos. Cada individuo tiene el derecho a proteger su vida, su integridad física, sus propiedades y la vida de sus familiares. Teóricamente, es deber del Estado garantizar este derecho. Pero, sin embargo, cuando el Estado no quiere o no puede proteger eficazmente a sus ciudadanos de las amenazas delictivas, es razonable que estos ciudadanos busquen otras formas de protección, incluido el derecho a portar armas.

Es importante aclarar que el apoyo a disponer de armas de defensa no es un llamamiento para ejercer la violencia o a difundir la cultura de 'tomarse la justicia por su mano'. Es un llamamiento al fortalecimiento de los derechos y libertades individuales y a un mayor empoderamiento de los ciudadanos en términos de su seguridad personal. Este derecho debe estar acompañado de una regulación efectiva y de un compromiso con la educación en materia de seguridad de las armas. En este sentido, el establecimiento de sistemas eficaces de verificación de antecedentes, de formación en el manejo seguro de armas y de seguimiento y responsabilidad en el uso de estas, se puede garantizar que el derecho al porte de armas sea ejercido de manera segura y responsable. Además, hay que tener en cuenta que el derecho a portar armas de defensa puede actuar como un elemento disuasorio para los delincuentes. Cuando los ciudadanos tienen la capacidad de protegerse a sí mismos, la ecuación del riesgo para el delincuente cambia. Esto puede contribuir a disminuir la incidencia de delitos, especialmente aquellos de carácter violento.

Es esencial que las discusiones sobre este tema sean abiertas, equitativas y basadas en los datos. Debemos reconocer las preocupaciones legítimas que existen en torno a la proliferación de armas y trabajar para garantizar que cualquier legislación que permita el derecho a la autodefensa sea segura y efectiva.

El derecho a portar armas no es una solución milagrosa en sí misma para resolver por sí sola los problemas de seguridad, pero puede ser una herramienta valiosa en el arsenal de medidas que los ciudadanos tienen a su disposición para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y asus propiedades. En última instancia, el objetivo debe ser crear sociedades en las que todos se sientan seguros y protegidos. Y en sociedades donde el Estado no puede o no quiere garantizar plenamente esta seguridad, el derecho a portar armas de defensa debe ser considerado como una opción viable para los ciudadanos.