Política penitenciario del PNV-PSE
El Gobierno vasco dejó que un asesino etarra saliera de la cárcel sin custodia policial para "ahorrar"
El Gobierno Vasco (PNV-PSE) ha defendido la concesión de un permiso penitenciario al asesino etarra Mikel Otegi (condenado a 24 años de prisión en 1995 por el asesinato de dos ertzainas) para acudir al dentista sin custodia policial. Según informa Libertad Digital, el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, ha explicado que este tipo de permisos se otorgan de acuerdo con la legalidad y están contemplados en la ley. Se conceden a personas que necesitan atención médica externa, previa evaluación médica y cuando los servicios médicos del centro penitenciario no pueden proporcionar el tratamiento necesario.
Tapia ha explicado que se valora la situación penal y penitenciaria del recluso, incluyendo el riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la pena, y si se cumplen los requisitos, se otorga el permiso para acudir a la consulta médica. Esta práctica es habitual y se realiza también "con el objetivo de reducir gastos", ya que no se requiere la presencia de una patrulla policial si el recluso puede acudir sin medidas de seguridad.
El Gobierno Vasco ha subrayado que este tipo de permisos no son excepcionales y forman parte de la rutina diaria. Además, ha destacado que en un Estado de Derecho y un sistema penitenciario que busca proteger la salud y respetar los derechos humanos, permitir que los reclusos reciban atención médica fuera de la cárcel no debería causar escándalo, sino más bien debería ser visto como un aspecto humano y protector de la dignidad de las personas.
El Gobierno Vasco (PNV-PSE) ha defendido la concesión de un permiso penitenciario al asesino etarra Mikel Otegi (condenado a 24 años de prisión en 1995 por el asesinato de dos ertzainas) para acudir al dentista sin custodia policial. Según informa Libertad Digital, el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, ha explicado que este tipo de permisos se otorgan de acuerdo con la legalidad y están contemplados en la ley. Se conceden a personas que necesitan atención médica externa, previa evaluación médica y cuando los servicios médicos del centro penitenciario no pueden proporcionar el tratamiento necesario.
Tapia ha explicado que se valora la situación penal y penitenciaria del recluso, incluyendo el riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la pena, y si se cumplen los requisitos, se otorga el permiso para acudir a la consulta médica. Esta práctica es habitual y se realiza también "con el objetivo de reducir gastos", ya que no se requiere la presencia de una patrulla policial si el recluso puede acudir sin medidas de seguridad.
El Gobierno Vasco ha subrayado que este tipo de permisos no son excepcionales y forman parte de la rutina diaria. Además, ha destacado que en un Estado de Derecho y un sistema penitenciario que busca proteger la salud y respetar los derechos humanos, permitir que los reclusos reciban atención médica fuera de la cárcel no debería causar escándalo, sino más bien debería ser visto como un aspecto humano y protector de la dignidad de las personas.