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Lunes, 06 de Octubre de 2014 Tiempo de lectura:
Se verán obligados a firmar nuevos contratos de arrendamiento

Los comerciantes vascos que se niegan a abrir en festivos porque “no nos beneficia” dicen ahora que el sector cerrará 12.000 tiendas el próximo año

[Img #4997]La Confederación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Euskadi, Euskaldendak, y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi (UPTA) han alertado de que el 1 de enero de 2015 se producirá el cierre de cerca de 12.750 empresas comerciales en Euskadi, afectadas por el aumento de los arrendamientos.

 

Ambas organizaciones han presentado la plataforma conjunta "No al cerrojazo.  Afectados por la LAU", que obedece al cambio legislativo que supone la supresión de la prórroga en los contratos de arrendamiento de los locales alquilados bajo la Ley de Arrendamientos de 1964, por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual ley.

 

Según ha indicado el vicepresidente de Bizkaidendak y portavoz de Euskaldendak, José Feijoo, este cambio legislativo, unido a una crisis económica "sin precedentes que ha impedido a muchos comercios adaptarse", producirá el día 1 de enero de 2015 el "cierre masivo de cientos de empresas fuertemente arraigadas en nuestras ciudades, que se verán obligadas a negociar un nuevo contrato de arrendamiento, con un incremento de renta de tal magnitud que hará inviable su supervivencia". Según Feijoo, se cerrarán 200.000 empresas en toda España. En el País Vasco, el cierre alcanzaría a 12.750 empresas comerciales.

 

Dado que, en opinión de estas agrupaciones de comerciantes, “estas consecuencias se derivan de la vigente Ley 29/1994”, la plataforma constituida para trabajar en toda España pretende, según el secretario general de UPTA, Koldo Méndez, instar al Gobierno a modificar la Disposición Transitoria Tercera de la LAU 29/1994 para que prevea un régimen transitorio de estos contratos de arrendamiento de local de negocio consistente en una nueva moratoria de diez años en todos los casos, por lo que la extinción de estos contratos sería a los treinta años de la entrada en vigor de la LAU 29/1994.

 

“Al inicio de este régimen transitorio de 10 años, se procedería a una actualización de la renta por la diferencia entre, por un lado, el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos a 31/12/2014 y, por otro, el incremento del IPC general ya aplicado. A partir de esta fecha se utilizaría como índice corrector el referido IPC de arrendamientos urbanos anual corriente”.

 

Además, desde la plataforma proponen la constitución de una "línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de locales para empresas afectadas por la finalización de la moratoria, durante la prórroga de la misma, en atención a la situación de grave crisis económica".

 

Hay que recordar que el comercio vasco en general, y el comercio bilbaíno en particular, levantaron una fuerte polémica hace algunas semanas cuando, coincidiendo con la celebración del Mundial de Baloncesto en la capital vizcaína, las tiendas se negaron a abrir sus puertas en fin de semana, a pesar que más de 20.000 potenciales compradores foráneos, que habían llegado a la ciudad para disfrutar del juego de sus equipos, se paseaban por las calles sin encontrar ningún local abierto. En los tres días festivos que conforman este año 2014 el sábado 6 (Día de la Constitución), el domingo 7 y el lunes 8 (Día de lnmaculada), todas las grandes marcas comerciales del País Vasco mantendrán sus locales cerrados durante tres jornadas seguidas, y así ocurrirá también con la práctica totalidad de los pequeños comercios de Euskadi.

 

En aquel momento, y a pesar de los llamamientos que había hecho el alcalde de Bilbao para que los comercios trabajaran contra la crisis,  hicieran una excepción y abrieran sus puertas en festivo, prácticamente ninguna empresa comercial atendió al público. “No queremos abrir en domingos y festivos porque no nos beneficia”, dijeron entonces las mismas asociaciones de comerciantes que ahora vuelven a pedir a las instituciones un trata preferencial mientras alertan de que, en su opinión, podrían “desaparecer” más 12.500 empresas comerciales.

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