Los impuestos medioambientales, también conocidos como "ecológicos", desarrollados por los últimos gobiernos españoles se han diseñado bajo la excusa de promover "prácticas sostenibles y reducir el impacto medioambiental" de la actividad económica. Ahora, una investigación de La Tribuna del País Vasco revela que con este pretexto que graba económicamente a particulares y empresas en últiples actividades, el Estado español se ha embolsado no menos de 193.500 millones de euros entre los años 2015 y 2022. Concretamente, la evolución de los ingresos impositivos por razones medioambientales ha sido la siguiente:

2015: Aproximadamente 18.000 millones de euros.

2016: Aproximadamente 18.500 millones de euros.

2017: Aproximadamente 19.000 millones de euros.

2018: Aproximadamente 20.000 millones de euros.

2019: Aproximadamente 21.000 millones de euros.

2020: Aproximadamente 22.000 millones de euros.

2021: Aproximadamente 23.000 millones de euros.

2022: Aproximadamente 25.000 millones de euros.

2023: AAproximadamente 27.000 millones de euros.

Los tipos de impuestos "ecológicos" más habituales establecidos por el Estado español, y sus correspondientes administraciones autonómicas y municipales, son los siguientes:

Impuestos sobre la energía: Estos suelen ser los más elevados y han ido en aumento dada "la urgencia" en reducir las emisiones de CO2. Incluyen tasas sobre combustibles fósiles, electricidad y gas.

Impuestos sobre el transporte: Tasas relacionadas con vehículos y sus emisiones.

Impuestos sobre la contaminación: Estas tasas se aplican a actividades que presuntamente causan contaminación, como la emisión de determinados gases o los vertidos de sustancias tóxicas.

Impuestos sobre el uso de recursos naturales: Relacionados con la explotación de recursos como el agua o la madera.

Como puede comprobarse, desde 2015 hasta 2022 ha habido un crecimiento sostenido en la recaudación de impuestos medioambientales en España, lo que refleja una creciente utilización de la excusa ecológica para engordar los recursos públicos empobreciendo en casi 200.000 millones de euros a los ciudadanos y empresas privadas.