La politización de la justicia es herramienta puesta al servicio de quienes no creen en la separación de poderes ni en el respeto a las instituciones constitucionales, de quienes desdeñan las esenciales funciones que las mismas desarrollan en el mantenimiento del Estado de Derecho por cuanto se oponen a sus particulares intereses y que lejos de estar amparados por el ordenamiento jurídico, lo contravienen en forma de delito primero y de fraude de ley después.

En este marco, las palabras del Sr. Puigdemont, instando al Gobierno de la nación a maniobrar para que la Fiscalía dé un paso atrás en todas aquellas causas judiciales abiertas con ocasión de los graves acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña, septiembre y octubre de 2017 y después del dictado de la sentencia del Tribunal Supremo de 14/10/2019, poco pueden sorprender. Las inspira su propia necesidad y las alimenta quien deja flotando en el aire una pregunta: ¿de quién depende la Fiscalía...?

Trascurridas más de 24 horas desde que tal exhortación llegara desde Bruselas, el FGE (Fiscal General del Estado) nada ha tenido por oportuno decir cuando ayer mismo firmaba dos Decretos que fueron remitidos a todas las Fiscalías territoriales. El silencio ante la gravedad de lo pedido no es una opción válida para quién ostenta la dirección del Ministerio Fiscal.