Deben investigarse urgentemente uno a uno los errores científicos de las autoridades con los dos misioneros fallecidos por ébola en Madrid y con Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada, pero también debe recordarse que ella silenció su contacto con fluidos corporales de Manuel García Viejo, fallecido el 25 de septiembre.

Y deben exigírsele responsabilidades a todos por ordenar protocolos poco rigurosos para gente como Teresa y unas treinta personas más que atendieron a los fallecidos en el hospital Carlos III, anexo al de La Paz, de Madrid.

Los protocolos son eficaces en miles de casos como los que atienden Médicos del Mundo. Quizás no se siguieron aquí, pero hay otro mal más profundo, el de la descentralización de la sanidad española frente a los peligros generales.

La medicina preventiva estatal ha desaparecido. El Ministerio de Sanidad sólo coordina la celosa semindependencia de los 17 sistemas sanitarios de las CC.AA.

Que compran individualmente, por ejemplo, medicamentos y vacunas bajo sospecha de corrupción por comisiones y regalos que reparten los laboratorios en todas las escalas del sistema.

Madrid ha heredado la carcasa de los antiguos centros nacionales de salud, incluido el Carlos III, pero sus presupuestos son autonómicos, como sus responsables, surgidos en la política regional; no son “primus inter pares”.

En países avanzados las enfermedades epidémicas como el ébola, el sida o las nuevas gripes, son responsabilidad estatal, y el mejor ejemplo de su centralización y eficacia está en los National Institutes of Health, un grupo de 27 grandes laboratorios de control e investigación en Bethesda, Maryland, a media hora del centro de Washington.

Y si el caso de Teresa Romero ocurrió en Madrid, con los mejores ratios sanitarios y de supervivencia a cualquier enfermedad de España , es para preocuparse ante lo que podría suceder en las 16 CC.AA. más.