En una continuada huida hacia adelante, el sanchismo rompe con el Estado de Derecho que ha garantizado la convivencia en torno a la Constitución española de 1978. El ególatra y el golpista han cerrado un acuerdo que a última hora estaba encallado, pero que han temido los efectos del pronunciamiento por las instituciones de la UE sobre la amnistía.

Hasta aquí, algo asumido como política posibilista con el fin de salvar la piel. Sánchez, para mantenerse en la silla gestatoria de la Moncloa. Puigdemont para regresar como hijo pródigo a su Gerona natal de donde está ausente por huida desde hace seis años.
Es inasumible ese discurso de salvación nacional o de mayoría para avanzar. Nunca fue tal la división, al menos en lo que mi generación haya podido vivir. No me gusta citar momentos históricos, pero me atrevo a señalar dos realidades. La generación de la paz y la reconciliación tras la dictadura 1936 a 1975, que asumió la Constitución de 1978 como punto de encuentro y convivencia en un Estado de Derecho se ha visto arrojada al vacío por las ansias enfermizas de poder sumadas al oportunismo de aquellos/as a los que no les gusta formar parte de España. La nueva mayoría parlamentaria de la que saldrá el nuevo Gobierno de Sánchez lo hace enfrentada con el poder judicial, con las comunidades autónomas que son fragmentos del Estado de las autonomías y con un porcentaje superior a la mitad de los habitantes en la España del 2023. ¿Dónde está el avance?

Bruselas pide información "detallada" al Gobierno sobre la ley de amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con el prófugo Puigdemont y que ha chocado con el comisario europeo de Justicia. Nuevo frente en el que perdemos prestigio y suponemos un problema para la Unión. La contestación del ministro Bolaños se ha producido entre la altanería y el echar balones fuera.

El Tratado de la Unión Europea. Su artículo 2 señala que "la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres". Ni el pluralismo, ni el Estado de derecho, ni la igualdad se pueden mantener cuando las normas son dictadas por uno en beneficio de él mismo.

La Constitución española consagra esta exigencia en su artículo 9, dotándolo de la máxima protección: "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". Y, de forma expresa, al cierre de ese mismo artículo, señala: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Porque aprobar leyes en beneficio propio y para expulsar al resto de ese privilegio es la mayor demostración de "arbitrariedad de los poderes públicas vista en la democracia española".

Felipe González no me ha decepcionado. Se ha echado a la arena para enfrentar públicamente su ideología como socialista y hombre de Estado con la conducta de Sánchez. Y se lo ha dicho corto y claro. "Estoy en contra de la amnistía porque el partido ha estado en contra de la amnistía. No hay razones jurídicas. No hay razones políticas. Sánchez entrega la soberanía de España a Puigdemont a cambio de su investidura.

¿Llega el momento de leer y analizar el acuerdo? que han firmado un bien mandado del sanchismo y el prófugo del proceso. Amnistía que acoge toda suerte de delincuentes por el simple hecho de pertenecer al nacionalismo catalán. Entrega total de la capacidad para recaudar impuestos y hacer uso de estos, dejando pequeño al Concierto Económico y además sin Cupo al Estado, mucho tendrán que explicar en instancias de Bruselas. Como en ningún momento se renuncia a la independencia pasando por referéndum, aquí se produce un sí pero no, ya que la redacción es lo suficientemente confusa como para justificar ante unos y otros lo necesario. La toma por la fuerza de la autonomía judicial convirtiendo a dicho poder en juguete roto y puesto a los pies de los caballos.

Ante todo lo que estamos viviendo y que se puede leer sólo caben tres posturas. La revuelta desde la sociedad civil con nuevos líderes que defiendan a los españoles que residen en esa Cataluña miserable que pretende robar a España y ser otro paraíso fiscal en Europa. La revuelta llevada a una consulta a los españoles ya sea con elecciones o ya sea con un referéndum para que haciendo uso de la soberanía popular se pronuncien sobre lo que han firmado determinados sátrapas. La revuelta de los auténticos socialistas que saquen su orgullo identitario y expulsen a la pandilla liderada por el sátrapa antes que sea demasiado tarde y el enfrentamiento se extienda contra el viejo partido que liderado por Felipe González y Alfonso Guerra modernizó aquella España cañí asustada por el ruido de los sables y hoy asustada por la desvergüenza de unos mandarines que nos imponen sus credos, sus intereses, sus mentiras, sus doctrinas que no sabemos a qué se corresponden, pues ni son de derechas ni son de izquierdas, son para su propio inconfesable inventario.

Mejor pronto que tarde...