El independentismo catalán que lidera Artur Mas es un movimiento totalitario porque es un régimen político que ejerce una poderosa, torticera y sesgada intervención en todos los órdenes de la vida regional, manoseando las leyes democráticas de tal manera que la práctica totalidad del poder político, social, económico y cultural queda en manos de un conjunto de individuos y organizaciones que apenas permiten la actuación en libertad de otros grupos o personas.

Todo movimiento totalitario, y también el independentismo catalán, tiene entre sus principales prioridades romper la legalidad democrática, o sencillamente ignorarla, para tratar de acomodar la terca realidad institucional y el imperio de la ley a las necesidades y los deseos de su anhelado y falsario empeño nacional.   En este sentido, el hecho de que Artur Mas, haciendo el más rotundo ridículo político, cayendo en el cinismo más vulgar y dilapidando los recursos públicos de una forma dudosamente legal, haya anunciado que, a pesar de todo, su Ejecutivo garantiza que el próximo día 9 de noviembre "habrá locales abiertos, urnas y papeletas" para “consultar” a los catalanes, demuestra hasta qué punto el fanatismo secesionista de CiU se alía con las ensoñaciones rupturistas de ERC para alumbrar un escenario de pesadilla donde los pilares democráticos fundamentales han sido volteados hasta el punto de verse reducidos a la nada.

La estulticia y el impudor soberanista se contagia rápidamente por la periferia española. Y así, el Gobierno vasco de Íñigo Urkullu, a través de su portavoz, Josu Erkoreka, ha afirmado que el simulacro de consulta que Artur Mas y sus secuaces pretenden celebrar apenas dentro de unas semanas tendrá lugar "en el marco de la legalidad y con plenas garantías".  Además, el Ejecutivo del PNV, ignorando las leyes fundamentales españolas sobre las que se asienta tanto su legitimidad como la de la Administración catalana, ha añadido que, con esta tramoya de referéndum, el presidente de la Generalitat quiere "dar salida a una aspiración social y democrática masiva" a través de instrumentos jurídicos "que siguen en vigor". "La decisión, por tanto, se adopta para hacer posible una expresión política y democrática de la voluntad catalana en el marco de lo no suspendido por el Tribunal Constitucional y de lo que, por lo tanto, todavía está en vigor", ha añadido Erkoreka.

El Gobierno del PNV, el mismo que durante cincuenta años ha visto un “problema político” detrás del casi millar de asesinatos de la banda terrorista ETA, el mismo que chantajea siempre que puede al entramado institucional español que le proporciona su legitimidad y el mismo que, como Artur Mas, cada vez hunde un poco más en la exclusión a los ciudadanos no nacionalistas de su territorio, dice saber que el acuerdo que se ha adoptado en Cataluña, "seguramente, no pone fin al conflicto", y mantiene abierta la demanda y reivindicación "mayoritariamente formulada por el sociedad catalana de obtención de una respuesta por los poderes centrales del Estado, que están exhibiendo una actitud cerrada y ofuscada y que es poco propia para dar respuesta política a problemas políticos".