La lucha por el poder y la confesión de Sánchez
![[Img #25436]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2024/569_screenshot-2024-01-22-at-15-52-08-pedro-sanchez-youtube-busqueda-de-google.png)
1/ Liberación de los condenados por el Golpe de Estado de 2017
En 2022, con el fin de justificar la liberación de los políticos presos que participaron en el Golpe de Estado de octubre de 2017 en España, y de esta manera conseguir – según el jefe de gobierno – la pacificación del “conflicto catalán”, así como el regreso a la normalidad democrática, el Ejecutivo modificó la anterior ley, la cual determinaba que los inculpados por un delito de sedición y malversación de fondos públicos, para que fuesen condenados, bastaba la aportación de pruebas del delito consumado, sin considerar los objetivos o fines últimos de la comisión del delito como elemento eximente de culpa, incluso cuando éstos objetivos no obedecen a motivos personales ni pretenden el lucro de una persona o de un grupo.
2/ Nueva articulación legal justificando la legitimidad de un delito
Sin embargo, la nueva articulación de la proposición de ley, en contradicción con el viejo texto, especificaba que cuando la malversación no se produce en busca del beneficio propio o personal, sino para financiar organizaciones que pretenden alcanzar un bien socialmente superior en beneficio de la comunidad, como por ejemplo un partido político, entonces, dicha malversación se considerará un delito menor, obteniéndose así la liberación de los reos o la reducción significativa de sus penas.
3/ El caso Puigdemont
No obstante, esta modificación legal se aplicaría, lógicamente, a los condenados presentes y futuros, paro no a aquellos que habiendo escapado de la justicia para convertirse en prófugos, no pudieron ser juzgados, como es el caso de Puigdemont, líder de JUNTS per CAT, acusado de golpismo y terrorismo y refugiado en Bélgica desde 2017, a donde huyó escondido en el maletero de un coche y donde se hizo pasar ilegalmente por Eurodiputado todos estos años.
La legislación modificada sobre sedición y malversación no era suficiente para solucionar el caso Puigdemont, que seguía sin poder regresar a España libremente, si no pasaba antes por prisión, y es entonces cuando los resultados de las elecciones anticipadas de julio de 2023, que ponen a Sánchez en peligro de perder su sillón de jefe de gobierno, dan a Puigdemont la oportunidad de convertirse en el marionetista de la política española y de poder regresar a España, no en el maletero de un coche, sino en el Falcon con Sánchez.
4/ El precio del Poder
Es importante considerar que al no obtener la mayoría absoluta en las elecciones del 23 de julio (ninguno de los dos principales candidatos obtuvo la mayoría necesaria), Sánchez – que obtuvo menos votos que su insípido opositor - se vio obligado a mendigar votos favorables a su investidura entre los indigenistas periféricos, como, por ejemplo, los herederos de ETA, hoy conocidos como BILDU, o los secesionistas catalanes de ERC y JUNTS, más los gallegos prolusistas de BNG. Entre las diferentes facciones de este circo de sanguijuelas de espíritu decimonónico, se encuentra JUNTS, cuyo presidente es Puigdemont.
Puigdemont comprendió la situación y exigió al candidato Sánchez que presentase una proposición de ley que le exculpara de sus crímenes, como, por ejemplo, una amnistía, a cambio de sus 7 votos. Dicho de otra manera, le hizo una proposición contractual, en la cual sus 7 votos valen el extravagante precio de la amnistía de todas aquellas personas que directa o indirectamente estuvieron implicadas en actos ilegales relacionados con el proceso independentista desde finales de 2012 (aquí se incluyen los CDR y hasta Jordi Pujol), añadiendo a ese precio el coste de la condonación de la Deuda Pública catalana, la cesión de competencias de gestión migratoria y la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante, donde solo voten los catalanes. Eso valen sus 7 votos.
5/ El debate nacional se extiende a Europa y se envenena
El debate nacional subió de tono, con grandes justas verbales entre defensores y atacantes de la amnistía.
Frente a los favorables a esta amnistía, que argumentaban su constitucionalidad diciendo que algo similar ya se había realizado en 1977, hubo que emplear mucha pedagogía para explicar que en 1977, aún no se había escrito ni aprobado la Constitución de 1978, la cual, posteriormente, no recogería la amnistía como mecanismo legal posible, pues eso supondría que el Ejecutivo se substituye al Poder Judicial, echando abajo las sentencias que no le placen o no le convienen, rompiendo de esta manera la separación de poderes que toda Democracia debe salvaguardar.
Ante esta frustrante realidad, los defensores de la amnistía, en otro ejercicio de malas artes, buscaron la identificación de su amnistía con el Indulto de la época Aznar, cuando éste había indultado y liberado numerosos presos, pero no amnistiado. El indulto, no de delitos de sangre, exige el arrepentimiento y la firme declaración de no reincidir de los indultados, en fin, se les perdona una parte de la pena, pero no se hace desaparecer el delito, como con la Amnistía.
Teniendo en consideración todos estos argumentos y contraargumentos, Sánchez forzó al principal partido de oposición a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, obteniendo, por un conjunto “fortuito” de circunstancias de jubilaciones anticipadas y dimisiones, una mayoría de afines al sanchismo en el Tribunal. A partir de ese momento se inició la redacción de la ley de amnistía solicitada por Puigdemont con la discreta asesoría del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, con el fin – me parece evidente – de poder echar abajo todos los recursos de inconstitucionalidad que dicha ley iba a provocar.
Evidentemente, hubo un informe contrario a la ley de la principal asociación de la magistratura y que no fue analizado en las Cortes, el análisis del posible bloqueo de la ley en el Senado aún está pendiente, precisamente donde la oposición tiene mayoría, y, por otro lado, el ataque contra esta proposición de ley ante tribunal supremo, así como un envío prejudicial al TJUE son posibilidades con poca probabilidad de éxito. Pues, a pesar de todo lo dicho, la proposición de ley dice que, aunque un recurso sea admitido a trámite, no habrá suspensión de la aplicación de la ley, y al entrar en vigor, la propia ley prevé que toda decisión contraria a la misma por cualquier tribunal será revisada por el Tribunal Constitucional obligatoriamente, blindándola definitivamente.
6/ La confesión de Sánchez
Sánchez justifica todo esto por el bien político de la nación y la estabilidad del Estado y de nuestra democracia, victoria que él habría conseguido al acabar con el conflicto catalán, aunque ello le haya obligado a “cambiar de opinión” tantas veces como ha hablado, haciéndole perder toda legitimidad y, aunque muchos no se atrevan a decirlo, haciéndole caer en la ilegalidad.
Haciendo un pequeño ejercicio de memoria, constatamos que después de haber dicho, cantado y repetido hasta la saciedad que la amnistía era inconstitucional y que no cabía en nuestro ordenamiento jurídico, como repitieron todos sus “palmeros”, en cuanto necesitó los votos de Puigdemont, cambió completamente el discurso, y en el debate de investidura, dirigiéndose al jefe de la oposición en respuesta a sus reproches, confesó, ante un público atónito:
“Hubiera bastado que mientras negociábamos nos dijeran: NO SACRIFIQUEN LA UNIDAD DE ESPAÑA, NO HUMILLEN A LA NACION PARA OBTENER ESTOS 7 VOTOS. AQUÍ TIENEN NUESTRO APOYO, SOPORTAREMOS QUE SIGA GOBERNANDO”
Esta confesión de Sánchez en las Cortes es una autodenuncia que afirma, con toda claridad, que la ley de Amnistía no solo no es constitucional, sino que es un acto de traición a la patria de alguien que ha jurado defenderla y de traición a la Constitución que Sánchez ha jurado proteger cuando aceptó y juró el cargo de presidente del gobierno.
Con su incalificable declaración pública está confesando que para no dejar personalmente el trono de jefe de gobierno y, sobre todo, que no se lo ocupe otro que tuvo más votos que él en las elecciones, va a vender la unidad nacional y a humillar a la nación española, por los 7 votos de Junts. Es decir, no lo hace por el bien común que pudiera legitimar tal felonía, lo hace por un beneficio personal, el de su reelección.
Dicho de otra manera, el dinero que saldrá de las arcas del Estado para condonar la deuda catalana es un dinero que no será empleado para el bien común de la nación española, es un dinero que servirá para comprar los 7 votos que le darán el beneficio personal de mantenerse en el poder, por lo que este acto de Sánchez ya no entraría en la ley que justifica la salida de prisión de los golpistas, es decir, la compra de los 7 votos de la vergüenza es atacable en justicia, en la sala de lo penal.
¿Habrá algún juez que lance la orden de detención o todos somos Pilatos, en este país?
(*) J. Francisco R. Queiruga. Economista español en Francia
1/ Liberación de los condenados por el Golpe de Estado de 2017
En 2022, con el fin de justificar la liberación de los políticos presos que participaron en el Golpe de Estado de octubre de 2017 en España, y de esta manera conseguir – según el jefe de gobierno – la pacificación del “conflicto catalán”, así como el regreso a la normalidad democrática, el Ejecutivo modificó la anterior ley, la cual determinaba que los inculpados por un delito de sedición y malversación de fondos públicos, para que fuesen condenados, bastaba la aportación de pruebas del delito consumado, sin considerar los objetivos o fines últimos de la comisión del delito como elemento eximente de culpa, incluso cuando éstos objetivos no obedecen a motivos personales ni pretenden el lucro de una persona o de un grupo.
2/ Nueva articulación legal justificando la legitimidad de un delito
Sin embargo, la nueva articulación de la proposición de ley, en contradicción con el viejo texto, especificaba que cuando la malversación no se produce en busca del beneficio propio o personal, sino para financiar organizaciones que pretenden alcanzar un bien socialmente superior en beneficio de la comunidad, como por ejemplo un partido político, entonces, dicha malversación se considerará un delito menor, obteniéndose así la liberación de los reos o la reducción significativa de sus penas.
3/ El caso Puigdemont
No obstante, esta modificación legal se aplicaría, lógicamente, a los condenados presentes y futuros, paro no a aquellos que habiendo escapado de la justicia para convertirse en prófugos, no pudieron ser juzgados, como es el caso de Puigdemont, líder de JUNTS per CAT, acusado de golpismo y terrorismo y refugiado en Bélgica desde 2017, a donde huyó escondido en el maletero de un coche y donde se hizo pasar ilegalmente por Eurodiputado todos estos años.
La legislación modificada sobre sedición y malversación no era suficiente para solucionar el caso Puigdemont, que seguía sin poder regresar a España libremente, si no pasaba antes por prisión, y es entonces cuando los resultados de las elecciones anticipadas de julio de 2023, que ponen a Sánchez en peligro de perder su sillón de jefe de gobierno, dan a Puigdemont la oportunidad de convertirse en el marionetista de la política española y de poder regresar a España, no en el maletero de un coche, sino en el Falcon con Sánchez.
4/ El precio del Poder
Es importante considerar que al no obtener la mayoría absoluta en las elecciones del 23 de julio (ninguno de los dos principales candidatos obtuvo la mayoría necesaria), Sánchez – que obtuvo menos votos que su insípido opositor - se vio obligado a mendigar votos favorables a su investidura entre los indigenistas periféricos, como, por ejemplo, los herederos de ETA, hoy conocidos como BILDU, o los secesionistas catalanes de ERC y JUNTS, más los gallegos prolusistas de BNG. Entre las diferentes facciones de este circo de sanguijuelas de espíritu decimonónico, se encuentra JUNTS, cuyo presidente es Puigdemont.
Puigdemont comprendió la situación y exigió al candidato Sánchez que presentase una proposición de ley que le exculpara de sus crímenes, como, por ejemplo, una amnistía, a cambio de sus 7 votos. Dicho de otra manera, le hizo una proposición contractual, en la cual sus 7 votos valen el extravagante precio de la amnistía de todas aquellas personas que directa o indirectamente estuvieron implicadas en actos ilegales relacionados con el proceso independentista desde finales de 2012 (aquí se incluyen los CDR y hasta Jordi Pujol), añadiendo a ese precio el coste de la condonación de la Deuda Pública catalana, la cesión de competencias de gestión migratoria y la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante, donde solo voten los catalanes. Eso valen sus 7 votos.
5/ El debate nacional se extiende a Europa y se envenena
El debate nacional subió de tono, con grandes justas verbales entre defensores y atacantes de la amnistía.
Frente a los favorables a esta amnistía, que argumentaban su constitucionalidad diciendo que algo similar ya se había realizado en 1977, hubo que emplear mucha pedagogía para explicar que en 1977, aún no se había escrito ni aprobado la Constitución de 1978, la cual, posteriormente, no recogería la amnistía como mecanismo legal posible, pues eso supondría que el Ejecutivo se substituye al Poder Judicial, echando abajo las sentencias que no le placen o no le convienen, rompiendo de esta manera la separación de poderes que toda Democracia debe salvaguardar.
Ante esta frustrante realidad, los defensores de la amnistía, en otro ejercicio de malas artes, buscaron la identificación de su amnistía con el Indulto de la época Aznar, cuando éste había indultado y liberado numerosos presos, pero no amnistiado. El indulto, no de delitos de sangre, exige el arrepentimiento y la firme declaración de no reincidir de los indultados, en fin, se les perdona una parte de la pena, pero no se hace desaparecer el delito, como con la Amnistía.
Teniendo en consideración todos estos argumentos y contraargumentos, Sánchez forzó al principal partido de oposición a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, obteniendo, por un conjunto “fortuito” de circunstancias de jubilaciones anticipadas y dimisiones, una mayoría de afines al sanchismo en el Tribunal. A partir de ese momento se inició la redacción de la ley de amnistía solicitada por Puigdemont con la discreta asesoría del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, con el fin – me parece evidente – de poder echar abajo todos los recursos de inconstitucionalidad que dicha ley iba a provocar.
Evidentemente, hubo un informe contrario a la ley de la principal asociación de la magistratura y que no fue analizado en las Cortes, el análisis del posible bloqueo de la ley en el Senado aún está pendiente, precisamente donde la oposición tiene mayoría, y, por otro lado, el ataque contra esta proposición de ley ante tribunal supremo, así como un envío prejudicial al TJUE son posibilidades con poca probabilidad de éxito. Pues, a pesar de todo lo dicho, la proposición de ley dice que, aunque un recurso sea admitido a trámite, no habrá suspensión de la aplicación de la ley, y al entrar en vigor, la propia ley prevé que toda decisión contraria a la misma por cualquier tribunal será revisada por el Tribunal Constitucional obligatoriamente, blindándola definitivamente.
6/ La confesión de Sánchez
Sánchez justifica todo esto por el bien político de la nación y la estabilidad del Estado y de nuestra democracia, victoria que él habría conseguido al acabar con el conflicto catalán, aunque ello le haya obligado a “cambiar de opinión” tantas veces como ha hablado, haciéndole perder toda legitimidad y, aunque muchos no se atrevan a decirlo, haciéndole caer en la ilegalidad.
Haciendo un pequeño ejercicio de memoria, constatamos que después de haber dicho, cantado y repetido hasta la saciedad que la amnistía era inconstitucional y que no cabía en nuestro ordenamiento jurídico, como repitieron todos sus “palmeros”, en cuanto necesitó los votos de Puigdemont, cambió completamente el discurso, y en el debate de investidura, dirigiéndose al jefe de la oposición en respuesta a sus reproches, confesó, ante un público atónito:
“Hubiera bastado que mientras negociábamos nos dijeran: NO SACRIFIQUEN LA UNIDAD DE ESPAÑA, NO HUMILLEN A LA NACION PARA OBTENER ESTOS 7 VOTOS. AQUÍ TIENEN NUESTRO APOYO, SOPORTAREMOS QUE SIGA GOBERNANDO”
Esta confesión de Sánchez en las Cortes es una autodenuncia que afirma, con toda claridad, que la ley de Amnistía no solo no es constitucional, sino que es un acto de traición a la patria de alguien que ha jurado defenderla y de traición a la Constitución que Sánchez ha jurado proteger cuando aceptó y juró el cargo de presidente del gobierno.
Con su incalificable declaración pública está confesando que para no dejar personalmente el trono de jefe de gobierno y, sobre todo, que no se lo ocupe otro que tuvo más votos que él en las elecciones, va a vender la unidad nacional y a humillar a la nación española, por los 7 votos de Junts. Es decir, no lo hace por el bien común que pudiera legitimar tal felonía, lo hace por un beneficio personal, el de su reelección.
Dicho de otra manera, el dinero que saldrá de las arcas del Estado para condonar la deuda catalana es un dinero que no será empleado para el bien común de la nación española, es un dinero que servirá para comprar los 7 votos que le darán el beneficio personal de mantenerse en el poder, por lo que este acto de Sánchez ya no entraría en la ley que justifica la salida de prisión de los golpistas, es decir, la compra de los 7 votos de la vergüenza es atacable en justicia, en la sala de lo penal.
¿Habrá algún juez que lance la orden de detención o todos somos Pilatos, en este país?
(*) J. Francisco R. Queiruga. Economista español en Francia