Los resultados de las recientes elecciones autonómicas celebradas en el País Vasco no dejan lugar a dudas: los ciudadanos de esta comunidad han decidido que los herederos de ETA, independentistas y extrema-izquierda tengan la mayoría del control de la Cámara de Vitoria que, en una coyuntura política con escasos precedentes, alumbrará un Gobierno indigno y vomitivo sin parangón en ningún territorio occidental.

La legitimación en una institución democrática de individuos con un pasado fuertemente marcado por actividades antidemocráticas y violentas es profundamente problemática. ¿Cómo ha llegado nuestra sociedad a este punto? La respuesta hay que buscarla en una combinación de decisiones infames y fallos sistémicos, profundos lapsos en la memoria colectiva y en una peligrosa e irresponsable tolerancia que políticos, instituciones y demasiados medios de comunicación han dirigido hacia figuras y movimientos extremadamente radicales que siguen rindiendo pleitesía a su violento pasado terrorista. Ciertamente, la reintegración de quienes un día abogaron por el tiro en la nuca, el secuestro y el odio a determinados grupos poblacionales puede ser defendida desde la perspectiva de una hipotética reconciliación y la redención individual. Sin embargo, cuando esta reintegración ocurre sin un proceso transparente de arrepentimiento y sin una denuncia clara del terrorismo, se corre el riesgo de socavar la misma esencia de la democracia que permite tal participación.

La presencia mayoritaria, cercana al 80%, en el Parlamento Vasco de personajes moralmente indecentes portadores de ideologías extremistas y liberticidas no solo desafía la legitimidad de la institución, sino que también amenaza con desplazar el discurso político, tal y como hace habitualmente el Gobierno de Pedro Sánchez, hacia extremos que no representan el espíritu de una sociedad que debería estar basada en el respeto mutuo y la legalidad. Además, pone en peligro las políticas públicas que deberían estar orientadas al bienestar común, inclinándolas, independientemente del Ejecutivo indigno que finalmente nazca tras estos comicios, hacia agendas que, sin duda alguna, serán divisivas, retrógradas y totalitarias.

El actual escenario político vasco exige una respuesta robusta de todas las facciones políticas democráticas y de la sociedad civil. Es crucial reforzar los mecanismos que garantizan que los actores políticos no solo se adhieren en teoría a los principios democráticos, sino que los practiquen y respeten de manera constante. Estamos en un punto crítico de nuestra historia en el que la ya diezmada calidad de nuestra democracia está siendo fuertemente probada. La insultante recién composición del Parlamento autonómico vasco no debe ser vista solo como un fenómeno político aislado, sino como un reflejo de desafíos más profundos que enfrenta nuestra sociedad. En este sentido, es imperativo que como nación reexaminemos y fortalezcamos los pilares que sostienen nuestro sistema democrático, asegurando que la representación política es verdaderamente representativa de los valores y aspiraciones de nuestra comunidad.

La democracia y la libertad es un trabajo en constante evolución, que requiere vigilancia, participación y, sobre todo, una firme adhesión a sus principios fundamentales. En este sentido, y viendo el obsceno panorama político que crepita a nuestro alrededor, resulta esencial recordar hoy más que nunca que las alianzas liberticidas entre extremistas de diferente signo, los acuerdos y los pactos construidos sobre cimientos de ilegalidad, extremismo y violencia no solo desacreditarán a cualquier Gobierno emergente en Vitoria, sino que también amenazarán por años la cohesión y estabilidad de España, y las libertades y derechos más elementales de todos los españoles.