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Sábado, 01 de Noviembre de 2014 Tiempo de lectura:
Visitó Euskadi el pasado mes de mayo

La jueza argentina María Servini, alentada por el Gobierno vasco y ayudada por Bildu, ordena “detener” a los ex ministros Martín Villa y Utrera Molina

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La juez argentina María Servini ha ordenado la "detención preventiva" de una veintena de personas acusadas por su “relación” con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Entre estas personas se encuentra el ex ministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa o el ex ministro de Franco, José Utrera Molina.

 

Hay que recordar que, el pasado mes de mayo, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, dirigida por Jonan Fernández, se puso en contacto con esta jueza argentina para ponerse a su disposición en la “investigación sobre los crímenes del franquismo” y prestarse a facilitar su tarea, “ya fuera a través de apoyo logístico o de otro tipo”. De hecho, Servini realizó una visita de varios días a Euskadi donde contó con la colaboración del Ejecutivo del PNV y de la Diputación Foral de Guipúzcoa (Bildu) y donde, además, mantuvo una reunión con la presidenta del Parlamento autonómico, Bakartxo Tejería. También visitó la Casa de Juntas y el Árbol de Guernica.

 

En aquel momento, el Gobierno de Iñigo Urkullu recibió con agrado la visita porque, según explicó, valora “el esfuerzo y las pesquisas de la jueza argentina”. Por su parte, el alcalde de San Sebastián, el independentista y proetarra Juan Karlos Izagirre (Bildu), también ofreció a la magistrada su colaboración en la denominada “causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Ambos dieron una rueda de prensa conjunta en el Ayuntamiento de la capital donostiarra.

 

[Img #5155]Seis meses después de esta visita al País Vasco, donde durante tres días fue agasajada por nacionalistas, independentistas y filoetarras, María Servini ha perpetrado una resolución, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, en la que ordena la detención preventiva, con fines a su extradición para tomar declaración indagatoria, de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y de otros políticos de la dictadura, así como ex miembros de las Fuerzas Armadas y antiguos jueces.

 

Concretamente, entre los políticos se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

 

Acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

 

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

 

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

 

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

 

Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército.

 

A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

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