El Gobierno del tirano Pedro Sánchez ha puesto en marcha su máquina del fango totalitaria y censora para iniciar los trámites del procedimiento para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Concretamente, el Ministerio de Cultura ha iniciado un periodo de actuaciones previas con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el procedimiento para instar judicialmente la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco.

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de Cultura, el comunista, ignorante y analfabeto funcional Ernest Urtasun, en cumplimiento de la denominada Ley de Memoria Democrática y en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal, según ha señalado este departamento.

El propio Urtasun ha remarcado en un vídeo publicado en sus redes sociales que es responsabilidad de Cultura "cumplir escrupulosamente" con la Ley de la Memoria Democrática. "Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy y así lo seguiremos haciendo", ha apuntado.

El ministro ha explicado el proceso a seguir a partir de este paso, hasta llegar a la responsabilidad última de su departamento de instar a la Justicia a la extinción de dicha fundación, "teniendo los jueces la última palabra".
 

Cultura ha solicitado un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento de la Ley por parte de dicha fundación. Se abre así un periodo de recopilación de información en el que participarán también las asociaciones de memoria y, una vez concluida la instrucción y con el previo informe de la Abogacía del Estado, se procederá a la solicitud del ministerio.
En concreto, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su disposición adicional quinta que "concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo".
 

La Ley añade que, "a estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".
En estos casos, según señala la norma, corresponde al Protectorado de Fundaciones instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa. Cultura ha indicado que el procedimiento se desarrollaría en tres fases.
 

La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consistente en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.
 

La segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.
 

Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.
 

Con respecto a la denominada Ley de la Memoria Histórica, la FNFF ya señalaba hace algunos meses que en la Fundación Nacional Francisco Franco, “no encontrarán los promotores de la ilegítima, por inconstitucional, Ley, ni servidumbre, ni sumisión voluntaria, pero tampoco vamos a tolerar que, aunque sea de forma sutil, se nos calumnie por el Parlamento, acusándonos de despreciar el dolor de las víctimas, sean éstas las que sean. Esta Fundación manifiesta con rotundidad que rechaza, por resultar absolutamente incompatibles con su objeto fundacional y con los principios cristianos que inspiran su actuación, cualesquiera actos que puedan entrañar menosprecio, descrédito y humillación  a las víctimas y sus familiares, ya lo sean de la guerra civil, independientemente de su credo ideológico o religioso, del Frente Popular o del Movimiento Nacional, por cuanto consideramos un imperativo moral guardar y hacer guardar el máximo respeto a toda persona que haya podido ser damnificada como consecuencia de la comisión de delitos o violaciones de sus derechos humanos, independientemente de la identidad o credo ideológico de sus victimarios.”
 

Y continuaba diciendo laFNFF; “La magnitud de un hombre viene avalada por su destino. Por ello, nadie podrá borrar la enorme trascendencia de Francisco Franco y su época, tanto por los peligros que evitó, como por los indudables logros conseguidos. El aquelarre antifranquista instalado en España odia cuanto ignora. No quieren que los españoles sean libres para conocer la figura de Francisco Franco, sino tan sólo una caricatura deformada de la misma. Nos saben y quieren ignorantes. Fingen desconocer que Franco industrializó España, la transformó, en solo cuarenta años, sin ayuda exterior, y obtuvo una enorme adhesión popular, muy superior a todos los partidos actuales, hasta su muerte, en una cama de hospital de la Seguridad Social, por él creado”.

“El “pensamiento mítico y distópico” de los promotores de esta nueva Ley, consiste en creer que le han ganado la guerra a Franco y a todo lo que consideren derecha, con ochenta años de retraso, mientras montan chiringuitos para colocar a sus memorialistas orwellianos. El triunfo de la demonización de Franco y la destrucción de su obra es la mayor garantía de que la izquierda y separatistas repetirán la nefasta experiencia de la II República. Repetimos: una Ley para la venganza y el odio”.

"Por muy duro y perjudicial que nos resulte defender la verdad histórica y el legado de Francisco Franco, lo haremos. Desde el rigor histórico, defendemos la verdad de unos hechos, de una época irrepetible que debe ser respetada y conocida. Una época de progreso y unión donde no hubo otra misión que la de ganar el futuro para todos los españoles, evitando la repetición de los errores pasados”.

“De nosotros, de la sociedad civil y de quienes son actores fundamentales de la vida política depende, el que se mantengan estas leyes liberticidas. Los promotores sólo desean borrar la huella histórica que acredite lo cerca que estuvo España del genocidio de clase y del comunismo. También enmascarar la responsabilidad del PSOE de Largo Caballero, Indalecio Prieto, Negrín, así como Companys y sus seguidores. Y por si todo esto no fuera suficiente, ahora, además, en sociedad y connivencia con los herederos y valedores de ETA. Dios los cría y ellos se juntan”.
“Seguiremos en franca oposición al despotismo cesarista y al gobierno de enchufados en los cientos de chiringuitos creados a costa de la memoria histórica, que algún día tendrán que rendir cuentas”.