Hay una diferencia fundamental entre los casos judiciales de Begoña Gómez e Iñaki Urdangarín. Mientras la primera tiene toda la presunción de inocencia en su comparecencia ante el tribunal, el segundo es culpable mediante sentencia firme que ya ha sido ejecutada.

Al margen de ese importantísimo detalle, los dos casos arrojan semejanzas y diferencias que conviene subrayar. La similitud recae en el papel e importancia de los personajes, Urdangarín, yerno, en su momento, del rey de España, y Begoña, mujer del actual presidente de Gobierno. En ambos casos los indicios revelan que pudo haber beneficio económico debido a sus respectivos parentescos, ya que si no fuera por ellos ninguno de los dos protagonistas de este artículo hubiese conseguido su puesto ni las retribuciones anexas a él.

Hasta aquí, digo, la similitud de ambos casos; la corrupción apoyada en el parentesco. En todo lo demás, sorprendentemente sus situaciones difieren como de la noche al día.

Al entonces yerno del Rey no se le  privó de la pena del banquillo, con comparecencias ante el tribunal a la vista de todos y un revuelo mediático considerable. La esposa de Sánchez, en cambio, ha entrado en el juzgado casi de incógnito, en coche oficial y con una escolta de seguridad sin precedentes. Esta diferencia de trato ha sido en lo formal, ya que en lo procesal, el juez que lleva la instrucción por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Juan Carlos Peinado, ha sido querellado por prevaricación y revelación de actuaciones declaradas secretas. Y no sólo por la interesada, sino también y sobre todo, por el propio Pedro Sánchez. ¡Ah! Y la abogacía del Estado también ha hostigado al juez por su comportamiento en el caso.

Eso, en lo formal de un procedimiento que no debería haber tenido los palos en las ruedas que se le han puesto para quitarlo de en medio. Pero es que también los medios de comunicación afines al Gobierno, los más, han sido beligerantes contra la querella, mientras en su día se regodearon con la suerte de Urdangarín.

Está visto, pues, que no hay igualdad ante la justicia, pero no por parte de la judicatura, sino de quienes pretenden usarla para sus actuaciones partidistas.