Defender el catalán en la Unión Europea
Lo acaba de decir el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares: la principal actividad y la prioridad de su acción en la Unión Europea esta legislatura es la promoción y el uso del catalán en sus instituciones. No ha hablado de lo que son competencias propias de su ministerio en la política de seguridad en la UE, sino que ha dicho lo que dijo.
Ya tiene suficientes problemas lingüísticos la Unión, con idiomas que prácticamente no se usan, como el maltés, sino que en la misma práctica y por conveniencia de todos son tres las lenguas realmente oficiales en las instituciones comunitarias: el inglés, el alemán y el francés. Para nuestro ministro, siguiendo instrucciones concretas de Pedro Sánchez, es más importante promocionar el catalán que defender el español, preterido como está en la UE.
El mismo derecho a propiciar el uso de las lenguas cooficiales que España tendrían los demás países comunitarios, con lo que los idiomas y dialectos usados en Bruselas y Estrasburgo pasaría del centenar. ¿Se imaginan la operatividad de una institución con semejante pluralidad lingüística?
El caso del catalán no es, pues, un acto de justicia de incumplimiento de ninguna normativa, sino el precio a pagar dentro de España al independentismo catalán por su apoyo al Gobierno de Sánchez. El mismo empeño que con él se comprometió a ejercerlo nuestro Ejecutivo con las demás lenguas cooficiales del Estado, pero al no realizar éstas la misma presión el Ministerio de Exteriores pone toda su voluntad en hacer oficial sólo el uso del catalán.
Está visto que se trata de un chantaje para aumentar la confusión y las nóminas del personal y que nuestro Gobierno se amoldará a cualquier petición de los separatistas con tal de estar un rato más en el poder. Porque, si de justicia se tratase, hay que recordar el reiterado incumplimiento de la sentencia que obliga a impartir en Cataluña el 25 por ciento de las asignaturas en castellano, norma que acatan sólo 17 de los 5.400 colegios que existen en el Principado. La de remediar este sinsentido sí que sería una labor que requeriría la dedicación del Gobierno en pleno.
Lo acaba de decir el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares: la principal actividad y la prioridad de su acción en la Unión Europea esta legislatura es la promoción y el uso del catalán en sus instituciones. No ha hablado de lo que son competencias propias de su ministerio en la política de seguridad en la UE, sino que ha dicho lo que dijo.
Ya tiene suficientes problemas lingüísticos la Unión, con idiomas que prácticamente no se usan, como el maltés, sino que en la misma práctica y por conveniencia de todos son tres las lenguas realmente oficiales en las instituciones comunitarias: el inglés, el alemán y el francés. Para nuestro ministro, siguiendo instrucciones concretas de Pedro Sánchez, es más importante promocionar el catalán que defender el español, preterido como está en la UE.
El mismo derecho a propiciar el uso de las lenguas cooficiales que España tendrían los demás países comunitarios, con lo que los idiomas y dialectos usados en Bruselas y Estrasburgo pasaría del centenar. ¿Se imaginan la operatividad de una institución con semejante pluralidad lingüística?
El caso del catalán no es, pues, un acto de justicia de incumplimiento de ninguna normativa, sino el precio a pagar dentro de España al independentismo catalán por su apoyo al Gobierno de Sánchez. El mismo empeño que con él se comprometió a ejercerlo nuestro Ejecutivo con las demás lenguas cooficiales del Estado, pero al no realizar éstas la misma presión el Ministerio de Exteriores pone toda su voluntad en hacer oficial sólo el uso del catalán.
Está visto que se trata de un chantaje para aumentar la confusión y las nóminas del personal y que nuestro Gobierno se amoldará a cualquier petición de los separatistas con tal de estar un rato más en el poder. Porque, si de justicia se tratase, hay que recordar el reiterado incumplimiento de la sentencia que obliga a impartir en Cataluña el 25 por ciento de las asignaturas en castellano, norma que acatan sólo 17 de los 5.400 colegios que existen en el Principado. La de remediar este sinsentido sí que sería una labor que requeriría la dedicación del Gobierno en pleno.
