Estos días, parte de la opinión pública se ha indignado con una noticia que afecta profundamente a las víctimas del terrorismo. El Senado ha aprobado una reforma legal impulsada por el Gobierno proetarra de Pedro Sánchez que permitirá a 44 terroristas de ETA beneficiarse de la reducción de sus penas, descontando el tiempo que ya cumplieron en Francia. Esta medida podría llevar a la excarcelación de al menos 7 de estos terroristas en los próximos meses. La derogación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 7/2014, que impedía este descuento, era una exigencia histórica del entorno de ETA, y ahora el Gobierno ha decidido cumplirla.

Para las víctimas del terrorismo, esta decisión representa una traición dolorosa. No solo por el hecho de que el Gobierno socialista haya cedido a las presiones de aquellos que defienden a los terroristas, sino porque esta medida ha contado con el apoyo de partidos que, en teoría, se presentan como defensores de la ley y el orden, como el PP, Vox y UPN. Cabe preguntarse si nadie en estos partidos fue consciente de que esta reforma afectaría a los etarras o si simplemente decidieron ignorarlo. O sea, hay que aclarar si son ignorantes o cómplices.

Como tantas otras veces bajo el Ejecutivo inmoral de Pedro Sánchez, este episodio pone de manifiesto una grave falta de responsabilidad por parte de quienes tienen el deber de proteger la justicia y la dignidad de las víctimas. La justicia no puede ser un concepto vacío o maleable, que se adapte a las necesidades políticas del momento. Debe ser un pilar firme en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el castigo de quienes han cometido los crímenes más atroces. En este caso, la impunidad que se regala a los terroristas de ETA representa un golpe directo a ese principio fundamental.

Las víctimas del terrorismo llevan años alzando la voz contra las concesiones que se hacen a los herederos de ETA desde el Gobierno socialista, y cada vez es más evidente que se sienten abandonadas. La Administración de Pedro Sánchez, en su intento por contentar a sus socios políticos, ha ido avanzando poco a poco en una estrategia que favorece la excarcelación de terroristas y que pone en riesgo la memoria de quienes sufrieron su violencia. La reciente promoción del modelo penitenciario del PNV, que ha permitido la semilibertad de otros 67 etarras, y ahora esta nueva reforma legal, son ejemplos claros de un camino tan peligroso como indignante.

Este tipo de decisiones no solo traicionan a las víctimas, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho. Si las leyes pueden cambiarse para beneficiar a los terroristas, ¿qué queda del principio de justicia? Las leyes deben ser cumplidas con rigor, especialmente en casos tan graves como los relacionados con el terrorismo. El dolor de las víctimas no puede ser ignorado en aras de estrategias políticas caprichosas o de acuerdos de conveniencia con los criminales.

La justicia no es venganza, pero tampoco puede ser debilidad. La sociedad tiene una deuda con las víctimas del terrorismo, una deuda que solo puede saldarse a través del cumplimiento íntegro de las condenas y la garantía de que quienes han cometido estos crímenes respondan por ellos. Cada vez que se cede a las exigencias del entorno de ETA, se envía el mensaje de que la ley puede doblegarse ante intereses ajenos al bienestar común.

Como dijo Edmund Burke, “para que triunfe el mal, solo hace falta que los buenos no hagan nada”. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento. Los “buenos” han decidido no actuar. El Gobierno criminal de Pedro Sánchez y los partidos que lo apoyan han preferido mirar hacia otro lado y ofrecer privilegios a quienes jamás mostraron arrepentimiento por sus crímenes.

Las víctimas, por su parte, siguen esperando justicia, no solo en los tribunales, sino también en el reconocimiento de su sufrimiento y en la firmeza de las leyes que deberían protegerlas. El Estado de derecho solo tiene sentido si se aplica sin excepciones, y en un país que cacarea ser ser un referente en derechos y libertades, no puede haber espacio para la impunidad.

Este es un momento histórico decisivo en la historia de España. Tal y como señalaba recientemente The Economist, si no se rectifica este rumbo, si no se frena esta tendencia a conceder beneficios a los terroristas, se corre el riesgo de desmoronar uno de los pilares fundamentales de la democracia: el respeto a la justicia. Las víctimas merecen algo más que promesas vacías. Merecen un compromiso real con la verdad, con la memoria y, sobre todo, con la justicia que tanto han reclamado y que, hasta ahora, les sigue siendo negada.