Ha habido estos días mucho debate con el mal llamado problema de la vivienda: que está muy cara, tanto para comprar como para alquilar, que hay poca oferta y mucha demanda... y que, cómo no, es un problema del mercado.

El gobierno vuelve a prometer cientos de miles de viviendas públicas (o sea, pagadas por los demás) y ayudas económicas a los jóvenes de 200 euros mensuales (pagados por los demás). Por supuesto, se exige desde Podemos el control del precio de los alquileres y en todas partes, incluido recientemente el Tribunal Supremo, se prohíben o se limitan los apartamentos turísticos, lo que significa que el propietario de la vivienda no pueda hacer con ella lo que le venga en gana, sino lo que quieran sus vecinos o el gobierno.

Tiene toda la razón el profesor Bastos cuando dice que en España no hay propiedad privada, sino usufructo, pues la propiedad privada puede ser restringida, limitada o expropiada según voluntad del gobierno, del mismo modo que es objeto de restricciones y limitaciones por parte también el resto de las administraciones públicas. Esto es, un propietario no puede hacer con su propiedad lo que considere oportuno.

Recientemente se ha podido ver en los telediarios "el sentir popular" en forma de entrevistas a personas en la calle desinformadas por la propaganda de la izquierda. Una señora llegó a decir que utilizar tu vivienda como apartamento turístico es "malo". Otra, que era perverso utilizar tu vivienda para ganar dinero. Y otra, por supuesto, que había que limitar el precio de los alquileres para que los demás disfruten del uso de una propiedad que ha pagado otro y por la que ha desembolsado una gran cantidad de dinero también en impuestos.

Se hace difícil a cualquier inteligencia mediana comprender el odio a los apartamentos turísticos. Desde el punto de vista de la competencia hostelera se comprende que les moleste, pero olvidan que si está en auge esa forma de turismo es porque la hostelería cobra precios excesivos para el servicio que ofrecen. Por su parte, los argumentos que alegan los vecinos en contra de los pisos turísticos no se sostienen, pues se refieren a las molestias que pueden ocasionar los inquilinos, pero esto es un problema de orden público, no del uso que el propietario decida para su vivienda (tampoco se entiende demasiado, pues un mal vecino perpetuo es mucho peor que muchos vecinos ocasionales, que se irán pronto del vecindario).

Que el Tribunal Supremo haya permitido en una reciente sentencia que un porcentaje de los miembros de una comunidad de propietarios puedan prohibir el uso de apartamentos de otros propietarios como pisos turísticos no deja de ser una aberración jurídica y un disparate económico. Ahora, por tanto, su propiedad estará sujeta a los caprichos de sus vecinos, los cuales, por comodidad o envidia, podrá impedir que usted obtenga un rendimiento de su propiedad. Puro socialismo.

Como es puro socialismo que apenas haya suelo para construir en un país con poca densidad de población. El suelo está sometido a restricciones urbanísticas de las CCAA y de los ayuntamientos, que sujetan la creación de suelo para poder disponer de un arma de poder indiscutible sobre la población, además de haberse convertido durante décadas en la principal fuente de financiación ilegal de los partidos políticos.

El PSOE quiere mantener el sistema por convicción ideológica y porque permitir que el mercado solucione problemas sería fatal para su credo simplón. Si la gente observa que cuando los políticos no intervienen todo funciona mejor, puede descreer de sus gobiernos, y eso es lo último que quieren los que viven a costa de los demás.

Por eso el problema de la vivienda es el fascismo, porque se están aplicando medidas de planificación estatal o autonómica del mercado del suelo y de la vivienda, control de alquileres, poca o nula protección jurídica del propietario, oferta de infravivienda pública. Son las normas que existían durante el franquismo para "proteger" a los inquilinos y son las mismas que aplica el PSOE. Cuando escribo que el continuador del franquismo sociológico y político fue el PSOE hay quien se lleva las manos a la cabeza, pero es lo cierto.

He visto y trabajado para ayuntamientos de pequeñas localidades que han sido incapaces de sacar sus planes de ordenación urbanística en plazos de diez años. Que, por tanto, no han aumentado la oferta de suelo urbanizable con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.

La escasez de suelo provoca que la repercusión de su alto coste sea de un porcentaje entre el 30% y el 50% sobre el precio de la vivienda; si a ello se añade un incremento brutal de los costes de los materiales que ahora tienen que cumplir la exigente y estúpida normativa medioambiental, al tiempo que los propietarios no pueden recuperar su vivienda sino en un plazo de entre uno y tres años, con suerte, cuando los inquilinos dejan de pagar, se ofrece un panorama de escasez de demanda y altos precios. Si a esto se añade toda la normativa de protección de los supuestos "vulnerables", que no es sino una estafa social, el panorama se oscurece aún más.

Este marco de sufrimiento no lo provoca el mercado, lo provocan los políticos con sus regulaciones, limitaciones, exigencias y prohibiciones.

Y lo mismo podríamos decir del mercado de las hipotecas. Hoy es difícil que las entidades financieras concedan una hipoteca a jóvenes. El gobierno de Rajoy eliminó la mejor ley hipotecaria del mundo, que permitió que un país pobre como España tuviera el mayor porcentaje de propietarios del mundo. En su afán de proteger al hipotecado se desprotegió al hipotecante, con lo cual éste ha restringido la concesión de préstamos. Consecuencia lógica de políticas "sociales".

En cambio, cuando se liberaliza el mercado y se quitan los topes a los precios y se asegura un medio jurídico de protección del propietario (o del prestamista) por el cual pueda recuperar su vivienda (o su préstamo) inmediatamente ante el impago, las consecuencias son las que ha tenido Argentina en tan solo ocho meses: bajada del precio de los alquileres un 50% e incremento de la oferta en un 170%.

Por eso, el problema de la vivienda en España es el fascismo. El fascismo del gobierno nacionalsocialista que, imitando las políticas franquistas con su planificación y sus controles, no deja operar al mercado libremente.

¿Los perjudicados? Los mismos que claman por más protección que conllevará peores resultados.

Pero así es el fascismo, cuanto más te mata más quieres, como una buena droga.