El Día de la Memoria por las víctimas del terrorismo se celebra todos los años el 10 de noviembre, desde que el gobierno vasco de Patxi López lo instauró en 2010. Visto en perspectiva, comprobamos cómo aquel primer y único gobierno vasco socialista, que necesitó el apoyo del PP para mantenerse (recordemos que en aquel Parlamento vasco de 2009 había 30 asientos del PNV, 25 del PSE y 13 del PP), hizo todo lo posible para que el PP se sintiera incómodo con el tema de las víctimas del terrorismo. En efecto, instituyó el Día de la Memoria para recordar a las víctimas del terrorismo pero ya al año siguiente incluyó a las víctimas de los abusos policiales con el mismo rango que las asesinadas por ETA, con lo que el PP (y luego también Vox) dejó de acudir a los actos unitarios en el Parlamento Vasco ya desde el segundo año del Día de la Memoria, en 2011, hasta hoy. Y esto no fue producto de una presión nacionalista como podríamos suponer por las conversaciones entre la representante de Aralar entonces, Aintzane Ezenarro, y Patxi López o Rodolfo Ares. No. Fue una iniciativa del propio PSE-EE que desde 2009 rescató, de la mano de Jesús Loza, socialista competente en la materia, un proyecto del último director de Derechos Humanos con el lendacari Ibarretxe, un tal Jon Landa, que había diseñado para compensar a las víctimas de violencia policial después de que en 2008 el gobierno de Ibarretxe aprobara la ley de víctimas del terrorismo vasca. Este Jon Landa era de la cuerda de Eusko Alkartasuna, el mismo partido que, junto con Aralar, protestó por la ausencia de las víctimas de violencia policial en el primer Día de la Memoria de Patxi López de 2010.

Quiere decirse que el PSE-EE ni siquiera necesitó que le presionaran desde el nacionalismo más radical o que ETA anunciara el cese definitivo de la llamada "lucha armada" el 20 de octubre de 2011, para empezar a compensar a las víctimas de la violencia policial. Lo hizo por iniciativa propia. Y de esa manera es como el PSE-EE de Patxi López e Idoia Mendia dejaron aislado al grupo que le apoyaba en el Parlamento Vasco, el PP, que nunca más hasta hoy se sumó a los actos conjuntos del Día de la Memoria. Mientras tanto, EH Bildu se empezó a aproximar al Día de la Memoria, cuando vio que allí se tenían en cuenta también a las víctimas policiales del periodo de terrorismo etarra (entre las que, como cabe suponer, había muchos de sus partidarios y los que no lo eran procuró también acercárselos), de manera que estaban un rato junto al pebetero del Parlamento con el resto de partidos, entre ellos el PSE y el PNV, y luego se iban con los de Etxerat para manifestarse en favor de los presos.

En junio de 2013 el gobierno de Urkullu, con el exfiloetarra Jonan Fernandez a la cabeza de la Secretaría General de Paz y Convivencia, presentaron un recuento de víctimas durante el periodo del terrorismo de ETA que registraba 837 muertos por ETA, 94 por la violencia policial y 73 por la extrema derecha. Y presentaba estos números así, todos juntos, sin decirnos de quién y cómo se trataba en cada caso. Con lo cual aquello parecía la guerra, que es lo que siempre ha pretendido el nacionalismo: darnos aquel periodo como el resultado de un enfrentamiento, o un conflicto como dicen ellos, entre dos bandos perfectamente definidos.

Ahora, con Imanol Pradales de lehendakari, la memoria vuelve a manos del PSE-EE en la persona de Alfredo Retortillo, viceconsejero del ramo, después de tres legislaturas seguidas acaparada por los gobiernos del PNV de Urkullu. Para empezar, sorprende que el PNV haya hecho dejación de una materia que tanto juego internacional le daba a Urkullu. Pensemos que el de Alonsótegui utilizaba el Instituto Gogora para organizarse viajes a Auschwitz y a Hiroshima y Nagasaki. A todos esos sitios iba con el cuadro de Picasso, el Guernica, como referente de la paz mundial y en todos esos sitios tenía el cuajo de equiparar un bombardeo de unos pocos cientos de víctimas, como el ocurrido en Guernica, con un genocidio de cientos de miles de víctimas, o con un bombardeo atómico de proporciones colosales. De acuerdo que todas son víctimas, pero es que la desproporción es tan evidente que causa sonrojo que las intentara equiparar, como de hecho lo hizo. El Instituto Gogora también lo utilizaba el lendacari Urkullu para mostrar la entrega a sus familiares de los restos de gudaris y milicianos que la Sociedad de Ciencias Aranzadi va desenterrando por todas partes. Y el Instituto Gogora, en fin, también era utilizado por Urkullu para mostrarnos en qué consistía su concepto de memoria del terrorismo heredada del gobierno de Patxi López, donde, como ocurrió en el Día de la Memoria de 2018, nos presentaron a cinco hijas de asesinados: tres de ETA, uno del GAL y otro por abusos policiales, donde la representación de cada sector, además de igualarlos a todos, inflaba de modo evidente la proporción de asesinados por lo que no era ETA y por los abusos policiales Con lo que la proporción en la que se estimaban las correspondientes cifras de asesinados siempre resultaba en disminuir las correspondientes a ETA y aumentar las de las otras violencias.

La memoria nos la encontramos dividida entre dos centros, el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que pertenece al Gobierno central, y el Instituto Gogora, que pertenece al Gobierno Vasco. Este reparto también se hizo en tiempos del PSE-EE, y se hizo a finales de mayo de 2012, entre el gobierno de Patxi López, con Jesús Loza de representante, y el de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Ya preveían ahí todos lo qué iba a pasar en pocos meses, debido a que desde primeros de ese mes de mayo Basagoiti había quitado el apoyo del PP a Patxi López en el Parlamento Vasco, y lo que efectivamente pasó fue que el PNV volvió a ganar las elecciones y procedió a desalojar a los socialistas del Gobierno vasco. Pero para entonces ya estaban divididos los dos centros de memoria, el Memorial de Víctimas para el Gobierno central, como decíamos, y el Instituto Gogora para el vasco, con la particularidad, única en España, de que este último iba a aglutinar a todas las memorias, tanto la del terrorismo como la memoria histórica o ahora llamada democrática, la primera para el caso de ETA y aledaños y la segunda para la Guerra Civil y el franquismo. Es significativo que dejaran fuera a la Segunda República, un periodo, como todos sabemos, violento a más no poder, donde las estadísticas nos hablan de un mínimo de 2200 víctimas para toda España y donde, en particular, solo a resultas de la revolución socialista de 1934, se produjeron 1196 víctimas en Asturias, 50 en Barcelona y 42 en el País Vasco. Pero ya sabemos lo que significa la Segunda República tanto para el socialismo como para el nacionalismo.

Se dice que, a partir de ahora, la nueva consejera de memoria del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, intentará congeniar más las dos memorias, al estar en las mismas manos. Pero la realidad es que nunca estuvieron distanciadas, porque ambas se originan a la vez con Patxi López, como hemos dicho. La memoria histórica y el Instituto Gogora vinieron de la mano de los asesores de Zapatero, desde que este puso en marcha su ley de 2007. Y la del terrorismo y el Memorial vinieron seguido, hecha por la misma gente que la anterior.

Fue después, ya con el primer gobierno de Urkullu, que el Instituto Gogora comenzó a andar, con su ley de 2014, mientras que el Memorial vino bastante después ya que el edificio habilitado para ello, en la antigua sede del Banco de España de Vitoria, no fue inaugurado hasta 2021.

El distanciamiento entre ambas memorias en realidad vendría dado por la propia materia de que tratan cada una, que son como el agua y el aceite. La memoria del terrorismo se supone que está orientada a la defensa de la Constitución, atacada de manera inmisericorde por el terrorismo de ETA, que empezó bajo el franquismo y acabó en 2011, siendo los años previos y posteriores a 1978 los más duros de la banda armada, por número de víctimas. La otra, la memoria histórica o ahora llamada memoria democrática, parte de la obcecación de considerar que la Segunda República fue maravillosa, un modelo de democracia e inclusividad, y que los cuarenta años de dictadura fueron un cúmulo de maldades sin virtud alguna. En toda esta historia no entra para nada el hecho de que Gran Bretaña y Francia dejaron caer el régimen de Azaña y compañía mientras que Estados Unidos mantuvo a Franco hasta que se murió de viejo.

La imposible conciliación entre ambas memorias –que paradójicamente al interactuar una con la otra se convierten en artefacto ideológico de primera categoría– se explica por el hecho de que cuanto más reforcemos la memoria democrática y con ella la Segunda República y más denostemos el franquismo, más desprestigiamos la memoria del terrorismo porque más blanqueamos a ETA, que surgió precisamente contra el dictador. El resultado es que así se mantiene achantada a la derecha, estigmatizándola como antidemocrática en origen, heredera directa del franquismo, como si antes de la dictadura no hubiera habido derecha democrática o como si el socialismo, eje vertebrador de la Segunda República, no se hubiera alzado en armas contra esta en 1934 cuando se vio fuera del gobierno.

El nacionalismo vasco sabe perfectamente que la memoria histórica queda en buenas manos con el PSE-EE, puesto que fue el socialismo quien la inventó. Otra cosa será lo que pase a partir de ahora con la memoria del terrorismo, con el Memorial de víctimas de Vitoria-Gasteiz, para ser más concretos. Porque si los nacionalistas vascos siguen siendo decisivos para mantener a Pedro Sánchez, pueden pedir en cualquier momento que le cierren el grifo a esta institución, cosa que en Madrid no tardarían ni un segundo en llevar a cabo si con eso se mantienen unos meses más.

Mientras PNV antes y PSE-EE ahora gestionan la memoria en el País Vasco, la derecha ha consumado una dejación lamentable de su capital político ganado con sangre. Como vimos en el anterior capítulo de esta serie, fueron de derechas los 22 políticos eliminados por ETA desde 1975 hasta el asesinato del socialista Enrique Casas en 1984 (con la sola excepción de un socialista de Villarreal de Urrechua en 1979). La derecha sufrió una espantada de la que no se repuso hasta que un tal Gregorio Ordóñez vino a sacarla del marasmo. Pero en 1995 lo asesinaron también, con 36 años. Ningún otro político asesinado en el País Vasco representó tanto para su partido, en proyección y futuro, como Ordóñez para el PP. Pero el PP vasco, que acabó con más memoria del terrorismo que el PSE-EE –el doble de políticos asesinados de derechas–, dejó que este monopolizara el tema. Y luego nos preguntamos por qué la derecha vasca no tiene futuro: pues porque, además de quedar descabezada, ha dilapidado su propia memoria, que era la pieza clave para ser alguien en la política vasca. Y esto lo hizo a conciencia desde 2009, dando gratis et amore el gobierno vasco a Patxi López y no pidiendo ni una consejería siquiera a cambio. Pensemos que en los gobiernos de coalición entre PNV y PSE, con más desproporción que la que había entre PSE-EE y PP en tiempos de Patxi López, el PSE siempre pillaba carteras. Ahora, por ejemplo, con el gobierno de Pradales, que el PNV tiene 27 parlamentarios por 12 el PSE-EE, resulta que en el gobierno vasco están a 10 carteras el PNV por 5 el PSE. Pero en aquella época del gobierno de Patxi López y el apoyo incondicional del PP vasco, hay que anotar que el PP nacional estaba hecho unos zorros, recién salido del congreso de Valencia, y con un lobby en Madrid que prefería que en el País Vasco estuviera al frente del PP cualquiera antes que Antonio Basagoiti. Si hasta 2009 fue un milagro que existiera el PP vasco, a partir de entonces más aún, si cabe.