La dana del pasado 29 de octubre causó una destrucción de activos privados y públicos (viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales, industriales y agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras de todo tipo) que se traduce en una pérdida de riqueza para la provincia mucho más cuantiosa que lo que reflejará la caída del PIB inicial. En total, en los 89 municipios afectados por las inundaciones (se excluye la ciudad de Valencia) se localiza el 35% de los activos de la provincia, cuyo valor equivale a 85.900 millones de euros. Por lo tanto, por cada punto porcentual de destrucción de activos en las zonas afectadas se habrían producido unas pérdidas de 859 millones. Según las estimaciones de Cámara Valencia y AVA-Asaja, solo los daños en los activos de las empresas ya superarían los 13.000 millones de euros. Si añadimos a esa cifra unos reducidos porcentajes de daños en el stock de viviendas -las situadas en bajos- y teniendo en cuenta la importante destrucción de infraestructuras (unos 2.900 millones de euros según estimaciones del Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana), pueden haberse perdido en conjunto, al menos, el 20% de los activos totales. En ese escenario, la magnitud de las pérdidas superaría fácilmente los 17.000 millones de euros, una cifra muy superior a las estimadas en términos de reducción del PIB de 2024.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) estima estas cifras de la dimensión potencial de la catástrofe en forma de pérdida de la riqueza (activos) de la zona en el informe Alcance económico de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, que acaba de publicar, realizado en el marco de su Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas (IvieLAB). El documento advierte que, aunque todavía no se conoce la cifra exacta de las pérdidas, el impacto de las inundaciones será mucho más elevado que el que se reflejará en la caída del PIB inicial, ya que el cálculo de esta magnitud no  tiene en cuenta la destrucción de activos que supone la depreciación súbita y extraordinaria de buena parte del stock de capital.

(*) Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia íntegra del informe a través de los canales habituales: [email protected]

El Informe del Ivie destaca que, además de las pérdidas iniciales de activos, la dana tendrá consecuencias más allá de 2024, en forma de limitaciones para el desarrollo normal de las actividades en 2025 y necesidades de reconstrucción y recuperación. La dimensión de estos impactos, tanto negativos como positivos, dependerá del volumen y orientación de las ayudas a las zonas afectadas, y la resiliencia de la economía y la sociedad valencianas.

Las estimaciones que ofrece el informe se refieren a los 89 municipios afectados (excluyendo el municipio de Valencia, porque sus daños alcanzan solo a las pedanías del sur de la capital), un área cuya población se ha duplicado entre 1960 y 2024 hasta superar el millón de habitantes. El estudio ofrece también los datos para los 20 municipios de l’Horta Sud y pone el foco en las 15 localidades más dañadas, la llamada zona cero. En el caso de los municipios de l’Horta Sud el crecimiento demográfico ha sido todavía mayor, de un 200% en el mismo periodo, lo que eleva su densidad de población hasta los 1.592 habitantes por km2, seis veces más que la media de la provincia de Valencia.

El informe destaca el contraste entre la intensa ocupación de la zona y su carácter inundable, por un lado, y el limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años en la provincia de Valencia, por otro

La concentración demográfica va acompañada de una intensa ocupación de los territorios, por todo tipo de activos, residenciales y productivos, una parte importante de los cuáles han resultado afectados. El 65% de los activos de la zona son viviendas (con un valor estimado de 56.295 millones de euros), mientras que el 35% restante está integrado por infraestructuras públicas y otras construcciones privadas (23.605 millones de euros). En este sentido, el Ivie destaca que el aumento poblacional ha incidido en los cambios en la cobertura del suelo (que hasta los años 60 era preferentemente agrícola), aumentando los usos artificiales del mismo, como edificaciones (residenciales y no residenciales) e infraestructuras. Una de las consecuencias más destacables de la expansión de superficies artificiales es que disminuye radicalmente su permeabilidad al agua.

El informe destaca el contraste entre la intensa ocupación de la zona y su carácter inundable, por un lado, y el limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años en la provincia de Valencia, por otro. La mayor parte de las inversiones hidráulicas las realizan las Administraciones Públicas y las Confederaciones Hidrográficas, pero en ambos casos se produce un fuerte ajuste a la baja a partir de 2009, como resultado de los recortes en las inversiones públicas que tienen lugar en España para controlar el déficit público al estallar la crisis financiera. De unas cifras anuales de inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia situadas en el entorno de los 200 millones de euros, se pasa a menos de 50 millones al año a partir de 2011, lo que supone una caída del 75% que se prolonga hasta los años más recientes. La consecuencia de ese bajo esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas es que se aplazan los nuevos proyectos y ni siquiera se cubre la depreciación del capital acumulado previamente. Los efectos de esta insuficiente política de inversiones son más graves por las características del territorio, particularmente vulnerable a las inundaciones y entre los más amenazados por los crecientes riesgos derivados del cambio climático y los eventos climatológicos extremos.