La democracia en Rumanía se encuentra en un momento crítico tras una reciente decisión del sistema judicial del país, que, con una votación de diez a cuatro, ha invalidado la candidatura de Călin Georgescu, líder en todas las encuestas, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 4 de mayo. Esta medida, alentada por la Unión Europea dominada por populares y socialistas, ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional, dado que se produce tras la anulación de la primera vuelta electoral, celebrada el 6 de diciembre de 2024, bajo el argumento de una supuesta interferencia rusa que no ha sido debidamente probada.

El tribunal ha justificado su decisión alegando "irregularidades tanto de forma como de fondo" en la declaración patrimonial del candidato, señalando discrepancias con respecto a la registrada en los comicios de noviembre de 2024. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que sugieran la comisión de delitos. La resolución judicial ha despertado sospechas, especialmente porque Georgescu lideraba ampliamente las encuestas, superando la barrera del 40% de intención de voto y casi duplicando a su más inmediato competidor.

La exclusión del conservador Georgescu de la contienda electoral ha desencadenado una ola de protestas en todo el país. Miles de ciudadanos han salido a las calles para expresar su descontento, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a intervenir con gases lacrimógenos y cargas policiales. Figuras políticas como George Simion, presidente del partido soberanista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) y vicepresidente del grupo europeo ECR, han denunciado lo que consideran una "represión injustificada". Simion ha calificado la situación como el inicio de un "Estado policial totalitario" y ha exigido el fin de los "abusos contra la democracia". En su opinión, la invalidación de la candidatura de Georgescu es parte de "un golpe de Estado iniciado el 6 de diciembre" y ha exigido la dimisión del primer ministro Marcel Ciolacu. En la misma línea, la dirigente Anamaria Gavrilă, del partido POT, ha denunciado que la documentación presentada por Georgescu cumplía con todos los requisitos legales, por lo que considera la decisión judicial un ataque a la soberanía del pueblo rumano.

Por su parte, Georgescu ha reaccionado con un mensaje en redes sociales en el que advierte sobre la trascendencia de estos acontecimientos:

"Si la democracia en Rumanía cae, caerá todo el mundo democrático. Esto es solo el principio. ¡Europa es ahora una dictadura, Rumanía está bajo la tiranía!"

El papel de organizaciones internacionales y ONGs con estrechos vínculos con Bruselas ha sido señalado como un factor clave en la descalificación de Georgescu. Según diversas fuentes, estas entidades han mantenido reuniones con el gobierno rumano en las últimas semanas con el fin de establecer estrategias que impidieran su participación en la contienda electoral.

Uno de los encuentros más relevantes, celebrado el 3 de marzo en Bucarest bajo el nombre de "Mesa Redonda de las Partes Interesadas", habría tenido como objetivo trazar directrices para limitar la difusión de contenido en redes sociales que pudiera afectar a los intereses de la Unión Europea en las elecciones rumanas. Periodistas como Iosefina Pascal y figuras influyentes como Elon Musk han denunciado la intervención de ONGs pro-Bruselas, muchas de ellas financiadas por George Soros y, hasta hace poco, por USAID, que habrían promovido una protesta el 15 de marzo para presionar al sistema judicial contra la candidatura de Georgescu.

Elon Musk, quien actualmente lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) en el gobierno de Donald Trump, ha manifestado su preocupación en la red social X (antes Twitter), calificando la decisión de la Oficina Electoral Central de Rumanía como "una locura" y denunciando una injerencia política directa. Además, ha señalado el rol de Soros en la estructuración de un entramado de ONG con influencia sobre la política interna del país.

Con el descontento social en aumento y las protestas expandiéndose por el país, la situación en Rumanía se perfila como un punto de inflexión para la estabilidad democrática en la región. La Unión Europea enfrenta una creciente presión para aclarar su papel en estos acontecimientos, mientras el mundo observa cómo la crisis rumana podría sentar un peligroso precedente totalitario en el panorama político europeo.