A veces, la política alcanza hitos que, más que reflejar avances democráticos, evidencian la erosión de los principios sobre los que se asienta una sociedad libre y justa. La entrada de Bildu en el Palacio de La Moncloa marca uno de esos momentos. No se trata solo de una cuestión simbólica, sino de un paso más en la blanqueo de una formación que, lejos de romper con su pasado, sigue sin condenar la barbarie terrorista que durante décadas segó la vida de cientos de inocentes en España.

No es un episodio casual. Es el resultado de un proceso progresivo en el que Bildu ha pasado de ser un partido marginal —cuyos vínculos ideológicos con ETA eran innegables— a convertirse, gracias al empeño del tirano Pedro Sánchez, en un actor clave en la gobernabilidad del país. Un camino pavimentado por la amnesia deliberada de quienes, en su afán por mantenerse en el poder, han decidido que no hay líneas rojas, ni siquiera aquellas que separan la decencia de la ignominia.

Bildu no ha cambiado en lo esencial. Sus líderes siguen sin condenar el terrorismo de forma clara e inequívoca. Su discurso continúa justificando de manera implícita la violencia del pasado. En las elecciones municipales de 2023, no dudaron en llevar en sus listas a casi medio centenar de etarras, incluidos siete con delitos de sangre. Ante la presión social, se vieron obligados a retirar a algunos de ellos, pero el daño ya estaba hecho: el mensaje de impunidad había calado.

Que hoy se sienten en La Moncloa, el epicentro del poder político en España, es la consumación de una estrategia que busca presentarlos como un partido más, como si su historia y su falta de compromiso con los valores democráticos fueran irrelevantes. Es la validación institucional de su relato. Y es, sobre todo, un insulto a las víctimas del terrorismo y a todos aquellos que durante años lucharon por preservar la convivencia desde la justicia y la verdad.

Pedro Sánchez es un auténtico sinvergüenza que, en su etapa de líder de la oposición, prometió que jamás pactaría con Bildu. Sin embargo, su llegada al Gobierno cambió ese principio por el pragmatismo del poder. Primero fueron las abstenciones en las investiduras, después los votos en los Presupuestos, y ahora, la entrada en La Moncloa. Con cada paso, se ha ido desdibujando la frontera entre lo tolerable y lo inadmisible.

La cuestión ética aquí es insoslayable. ¿Se puede gobernar con quienes aún no han condenado el asesinato como herramienta política? ¿Es legítimo convertir en interlocutores válidos a quienes durante años alimentaron el odio y el terror? La política puede justificar muchas cosas, pero no puede justificarlo todo. Cuando la conveniencia se impone sobre los principios, la democracia se resiente.

En una sociedad con memoria, hechos como el de este jueves deberían generar escándalo. Pero el problema es que la España socialista parece haber normalizado la indignidad. Y ese, quizá, sea el mayor triunfo de quienes durante años quisieron dinamitar la convivencia.