Este periódico ha informado recientemente de un grave aviso de falta de seguridad emitido por el navegador Firefox al acceder a la página oficial de la Embajada China en España. No se trata de un simple fallo técnico que pueda pasar desapercibido. El mensaje de Firefox es claro y alarmante: “los atacantes podrían intentar robar información como contraseñas, correos electrónicos o detalles de tarjetas de crédito”. Esta advertencia, que bloquea el acceso a la web por "una amenaza de seguridad", levanta graves sospechas y plantea interrogantes inaplazables.

Resulta inadmisible que la representación diplomática de una de las principales potencias mundiales, asentada en suelo español, permita que su portal digital muestre vulnerabilidades que podrían ser explotadas por actores maliciosos. La seguridad cibernética no es un lujo ni un detalle técnico menor: es un pilar básico en la confianza que los ciudadanos, las empresas y las instituciones depositan en la comunicación digital. Pero más preocupante aún es el contexto: hablamos de China, una nación con un largo historial internacional marcado por el ciberespionaje, la manipulación informativa y el uso sistemático de herramientas digitales como armas geoestratégicas.

Es deber ineludible del Gobierno de la República Popular China ofrecer explicaciones claras y públicas sobre esta negligencia intolerable. ¿Por qué no se ha garantizado la seguridad básica de su sitio web oficial en España? ¿Cómo es posible que los protocolos de cifrado y certificación no estén actualizados? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos españoles que han accedido a dicha página de que sus datos no han sido comprometidos?

No basta con un parche técnico apresurado. Hay que exigir transparencia total y una auditoría independiente que verifique que la web no ha sido, ni es, utilizada como vector para recolección ilícita de información.

Por su parte, el Gobierno de España, como anfitrión y garante de la seguridad nacional, no puede mirar hacia otro lado. La existencia de una página diplomática en nuestro país que pone en riesgo a los ciudadanos exige una actuación inmediata. ¿Qué controles realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las webs de las embajadas extranjeras? ¿Qué protocolos tiene establecidos para garantizar que estas infraestructuras digitales cumplan los estándares mínimos de seguridad?

España no puede permitir que su soberanía digital sea vulnerada por desidia o, peor aún, por una estrategia encubierta.  El Ejecutivo español debe convocar de inmediato al embajador chino para solicitar explicaciones formales y exigir la corrección del problema.

Paralelamente, la posible exposición de datos personales de ciudadanos españoles debido a negligencias en la seguridad de la web de la Embajada china es un asunto que afecta a derechos fundamentales y a la protección de datos personales. Por ello,  hay que instar a la Fiscalía General del Estado, tan rápida y activa para otros temas menores, a abrir diligencias informativas para esclarecer si existen indicios de delito o infracción administrativa. Los responsables de la gestión de dicha página deben ser identificados y, si corresponde, sancionados.

Finalmente, corresponde al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a las Fuerzas de Seguridad del Estado intensificar la supervisión de infraestructuras digitales extranjeras ubicadas en territorio español. No hablamos solo de prevención técnica, sino también de una cuestión de seguridad nacional. ¿Ha habido algún intento de explotación de esta vulnerabilidad? ¿Qué medidas se han tomado para blindar posibles accesos no autorizados?

Este incidente no debe ser archivado como un error técnico anecdótico. Es un síntoma de un riesgo mayor, que afecta no solo a la privacidad de los ciudadanos, sino también a la seguridad nacional y la integridad digital de nuestras instituciones.

La ciudadanía española merece saber qué ha pasado, por qué ha pasado y qué se está haciendo para evitar que vuelva a ocurrir. Exigimos respuestas. Exigimos responsabilidades. Exigimos garantías.