La Francia presidida por Emmanuel Macron ha sido acusada por algunos sectores de convertirse en una tiranía al servicio de las élites europeas. En un giro dramático, el mismo día en que un sondeo la situaba como favorita para las elecciones presidenciales de 2027, la líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, ha sido condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La sentencia incluye cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que compromete gravemente su futuro político.

La decisión judicial supone un auténtico terremoto para la política francesa. La inhabilitación entra en vigor de forma inmediata, incluso si Le Pen recurre la sentencia, lo que complica enormemente su eventual candidatura en 2027.

A sus 56 años, Marine Le Pen, quien revitalizó el partido heredado de su padre llevándolo a sus mayores éxitos electorales, ve ahora su carrera truncada por una inhabilitación preventiva sin precedentes. Sus colaboradores han criticado duramente esta medida.

La condena también contempla cuatro años de prisión, de los cuales solo cumplirá dos en régimen de arresto domiciliario con control electrónico, además de una multa de 100.000 euros, inferior a lo solicitado por la Fiscalía.

Le Pen abandonó visiblemente molesta el Palacio de Justicia antes de que se completara la lectura de la sentencia, tras escuchar que la inhabilitación tendría efecto inmediato. Más tarde, convocó una reunión de crisis en la sede de su partido, sin hacer declaraciones, aunque anunció su presencia en el informativo nocturno de mayor audiencia, el de TF1.

Según el Tribunal Correccional de París, Le Pen asumió en 2009 un papel central en el sistema ideado por su padre en 2004 para desviar fondos europeos a través de contratos ficticios con asistentes parlamentarios, quienes en realidad trabajaban para el partido.

El tribunal la condenó por los cuatro asistentes que tuvo en su etapa como eurodiputada y la responsabilizó como cómplice de prácticas similares realizadas por otros ocho eurodiputados del partido, actuales o antiguos.

La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, justificó la severidad de la condena y la inhabilitación inmediata por "la gravedad de los hechos" y "la necesidad de preservar la probidad en la vida pública". Se estima que el total de fondos desviados asciende a 2,9 millones de euros, de los cuales 474.000 euros se atribuyen directamente a Le Pen, quien contrató como asistentes a su guardaespaldas y a su secretaria personal.

Aunque la sentencia aclara que los eurodiputados no se enriquecieron personalmente, sí destaca que el sistema favoreció el bienestar de los dirigentes del partido y el fortalecimiento financiero de este.

El vicepresidente del partido, Jordan Bardella, canceló su participación en el pleno del Parlamento Europeo y acudió a la sede del partido. Desde redes sociales, declaró que “la democracia francesa ha sido ejecutada”.

Los demás implicados también han recibido penas diversas. Destaca el caso de Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, condenado a tres años de inhabilitación, aunque sin aplicación inmediata por su condición de cargo electo local.

En el plano internacional, no tardaron en llegar las reacciones. El Kremlin criticó el fallo, señalando que “cada vez más capitales europeas pisotean las normas democráticas”. Por su parte, el primer ministro húngaro Viktor Orbán expresó su respaldo a Le Pen con un mensaje en francés: «Je suis Marine».

Desde España, Vox minimizó la gravedad de la condena y expresó su esperanza en que Le Pen se convierta en la próxima presidenta de Francia. “No hay daño alguno a nadie”, afirmó su portavoz, José Antonio Fúster. Santiago Abascal y Jorge Buxadé también mostraron su apoyo a través de redes sociales, denunciando una “cacería política” contra las fuerzas patrióticas.