Marine Le Pen, víctima de un "golpe de Estado" de los jueces
Aunque la mayoría de los observadores pensaba que la presidenta de RN sería condenada por los tribunales en el caso de sus asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo, no creían que los jueces llegaran tan lejos como para impedirle presentarse a las próximas elecciones presidenciales. "No corresponde a los jueces decidir a quién debe votar el pueblo", declaró Eric Zemmour. "La democracia francesa está siendo ejecutada", lamentó Jordan Bardella. Marine Le Pen intervendrá a las 20.00 horas en TF1.
Es lo que se conoce como un escándalo democrático: al optar aplicar, sin mesura ni discernimiento, la "ejecución provisional" de la sentencia de inelegibilidad dictada contra Marine Le Pen, el Tribunal Penal de París obliga a la candidata presidencial a abandonar la carrera.
Este abuso de poder es tanto más escandaloso cuanto que un sondeo de Ifop-JDD le daba ayer el 37% de los votos en la primera vuelta, muy por delante de sus rivales. El 13 de noviembre, el fiscal solicitó cinco años de cárcel, dos de ellos de prisión, una multa de 300.000 euros y la ejecución provisional, como pena por malversación de fondos públicos en relación con la contratación de asistentes parlamentarios europeos de RN. Este poder exorbitante de los magistrados, que están interrumpiendo un proceso electoral, es una forma de violencia.
Francia es similar a Rumanía, donde los tribunales han impedido al favorito continuar en la carrera. En 2017, la persecución de la Fiscalía Nacional Financiera contra el candidato presidencial François Fillon no le impidió presentarse. Pero fueron los parlamentarios quienes acordaron, con la ley Sapin II de 9 de diciembre de 2016 que instituía esta ejecución provisional derogatoria del recurso suspensivo, poner la política a merced del pueblo de gala. Esta ligereza recuerda a la de Luis XVI, que en 1774 restableció los derechos de los parlamentos (que actuaban como tribunales de justicia), abolidos por Luis XV en 1771. El resultado es bien conocido: enfrentado al poder judicial, Luis XVI recurrió a los Estados Generales, lo que desembocó en la Revolución. El golpe de Estado de los jueces, que ha tenido lugar este lunes, tiene su origen en la misma actitud angelical del poder legislativo. El jueves, el infame auto de procesamiento dictado por la Fiscalía financiera contra Nicolas Sarkozy en el nebuloso asunto libio co-iniciado por Médiapart (192 artículos incriminatorios) -siete años de cárcel a pesar de la falta de pruebas- reveló el resentimiento de los jueces, que reprocharon al ex presidente, a falta de una palabra mejor, "una búsqueda frenética de la financiación necesaria para satisfacer sus ambiciones políticas omnímodas" y un "pacto fáustico de corrupción".
Ninguno de los comentaristas lo había previsto, pero se atrevieron. Tres jueces acaban de decidir por los electores quién puede presentarse a Presidente de la República. Saben mejor que nosotros lo que nos conviene. Este golpe de Estado de los jueces es el último clavo en la...
La justicia, cuando se aparta del espíritu de la ley para imponer su virtud vengativa, se vuelve inquisitorial y, por tanto, peligrosa. Entonces desfigura la democracia al obstaculizar la expresión de la soberanía nacional en nombre de un Estado de derecho equivocado. Es lo que ocurre cuando los jueces, algunos de ellos abiertos a la militancia del Syndicat de la Magistrature, persiguen los malos pensamientos en lugar de pronunciarse sobre los actos. Estos vigilantes son como los teólogos de antaño que castigaban los pecados de los herejes. Revelan "la oscura superstición que lleva a las almas débiles a imputar crímenes a cualquiera que no piense como ellas" (Voltaire). La condena de Eric Zemmour, el pasado miércoles, a una multa de 9.000 euros (¡que, de no pagarse, supondría su encarcelamiento!) ilustra esta deriva doctrinaria. Comentando la muerte a puñaladas de Thomas un baile popular en Crépol en noviembre de 2023, el tribunal penal de París acusó al presidente de Reconquête de haber dicho: "Hoy tenemos una situación en la que tenemos dos pueblos, dos Francia, dos jóvenes, el de Thomas y el de Chahid".
Pero lo que describe Zemmour no es más que el reflejo de una fractura identitaria, descrita por servidor ya en 2007, que se radicaliza cada vez más. Sí hay un "pacto" que está corrompiendo la democracia, es con estos jueces no elegidos que quieren relegar a los políticos a un rango inferior. Con su aprobación...
(*) Ivan Rioufol es uno de los más destacados ensayistas políticos franceses. Ex-editorialista de Le Figaro es actualmente comentarista de medios como CNews, Europe 1, Radio Courtoisie o Causeur.
Aunque la mayoría de los observadores pensaba que la presidenta de RN sería condenada por los tribunales en el caso de sus asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo, no creían que los jueces llegaran tan lejos como para impedirle presentarse a las próximas elecciones presidenciales. "No corresponde a los jueces decidir a quién debe votar el pueblo", declaró Eric Zemmour. "La democracia francesa está siendo ejecutada", lamentó Jordan Bardella. Marine Le Pen intervendrá a las 20.00 horas en TF1.
Es lo que se conoce como un escándalo democrático: al optar aplicar, sin mesura ni discernimiento, la "ejecución provisional" de la sentencia de inelegibilidad dictada contra Marine Le Pen, el Tribunal Penal de París obliga a la candidata presidencial a abandonar la carrera.
Este abuso de poder es tanto más escandaloso cuanto que un sondeo de Ifop-JDD le daba ayer el 37% de los votos en la primera vuelta, muy por delante de sus rivales. El 13 de noviembre, el fiscal solicitó cinco años de cárcel, dos de ellos de prisión, una multa de 300.000 euros y la ejecución provisional, como pena por malversación de fondos públicos en relación con la contratación de asistentes parlamentarios europeos de RN. Este poder exorbitante de los magistrados, que están interrumpiendo un proceso electoral, es una forma de violencia.
Francia es similar a Rumanía, donde los tribunales han impedido al favorito continuar en la carrera. En 2017, la persecución de la Fiscalía Nacional Financiera contra el candidato presidencial François Fillon no le impidió presentarse. Pero fueron los parlamentarios quienes acordaron, con la ley Sapin II de 9 de diciembre de 2016 que instituía esta ejecución provisional derogatoria del recurso suspensivo, poner la política a merced del pueblo de gala. Esta ligereza recuerda a la de Luis XVI, que en 1774 restableció los derechos de los parlamentos (que actuaban como tribunales de justicia), abolidos por Luis XV en 1771. El resultado es bien conocido: enfrentado al poder judicial, Luis XVI recurrió a los Estados Generales, lo que desembocó en la Revolución. El golpe de Estado de los jueces, que ha tenido lugar este lunes, tiene su origen en la misma actitud angelical del poder legislativo. El jueves, el infame auto de procesamiento dictado por la Fiscalía financiera contra Nicolas Sarkozy en el nebuloso asunto libio co-iniciado por Médiapart (192 artículos incriminatorios) -siete años de cárcel a pesar de la falta de pruebas- reveló el resentimiento de los jueces, que reprocharon al ex presidente, a falta de una palabra mejor, "una búsqueda frenética de la financiación necesaria para satisfacer sus ambiciones políticas omnímodas" y un "pacto fáustico de corrupción".
Ninguno de los comentaristas lo había previsto, pero se atrevieron. Tres jueces acaban de decidir por los electores quién puede presentarse a Presidente de la República. Saben mejor que nosotros lo que nos conviene. Este golpe de Estado de los jueces es el último clavo en la...
La justicia, cuando se aparta del espíritu de la ley para imponer su virtud vengativa, se vuelve inquisitorial y, por tanto, peligrosa. Entonces desfigura la democracia al obstaculizar la expresión de la soberanía nacional en nombre de un Estado de derecho equivocado. Es lo que ocurre cuando los jueces, algunos de ellos abiertos a la militancia del Syndicat de la Magistrature, persiguen los malos pensamientos en lugar de pronunciarse sobre los actos. Estos vigilantes son como los teólogos de antaño que castigaban los pecados de los herejes. Revelan "la oscura superstición que lleva a las almas débiles a imputar crímenes a cualquiera que no piense como ellas" (Voltaire). La condena de Eric Zemmour, el pasado miércoles, a una multa de 9.000 euros (¡que, de no pagarse, supondría su encarcelamiento!) ilustra esta deriva doctrinaria. Comentando la muerte a puñaladas de Thomas un baile popular en Crépol en noviembre de 2023, el tribunal penal de París acusó al presidente de Reconquête de haber dicho: "Hoy tenemos una situación en la que tenemos dos pueblos, dos Francia, dos jóvenes, el de Thomas y el de Chahid".
Pero lo que describe Zemmour no es más que el reflejo de una fractura identitaria, descrita por servidor ya en 2007, que se radicaliza cada vez más. Sí hay un "pacto" que está corrompiendo la democracia, es con estos jueces no elegidos que quieren relegar a los políticos a un rango inferior. Con su aprobación...
(*) Ivan Rioufol es uno de los más destacados ensayistas políticos franceses. Ex-editorialista de Le Figaro es actualmente comentarista de medios como CNews, Europe 1, Radio Courtoisie o Causeur.
