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Comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales y fiscales ante las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno en el caso Dani Alves
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Ante las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificando de «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves, y cuestionando que la presunción de inocencia prevalezca «sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas», las asociaciones judiciales y fiscales firmantes expresamos lo siguiente:
1. Respeto a la independencia judicial
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial.
2. Importancia de la presunción de inocencia
La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios.
3. Protección de los derechos de las víctimas
Reconocemos la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales. Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto.
4. Llamado a la responsabilidad institucional
Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales. Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho.
Las asociaciones judiciales y fiscales firmantes reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas.
Madrid, 31 de marzo de 2025
(*) Entidades firmantes:
Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Juezas y Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente
Asociación de Fiscales
Unión Progresista de Fiscales
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
Ante las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificando de «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves, y cuestionando que la presunción de inocencia prevalezca «sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas», las asociaciones judiciales y fiscales firmantes expresamos lo siguiente:
1. Respeto a la independencia judicial
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial.
2. Importancia de la presunción de inocencia
La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios.
3. Protección de los derechos de las víctimas
Reconocemos la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales. Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto.
4. Llamado a la responsabilidad institucional
Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales. Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho.
Las asociaciones judiciales y fiscales firmantes reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas.
Madrid, 31 de marzo de 2025
(*) Entidades firmantes:
Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Juezas y Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente
Asociación de Fiscales
Unión Progresista de Fiscales
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
