El Tribunal de Cuentas ha denunciado graves deficiencias en la gestión de la información sobre las vacunas durante la pandemia de Covid-19. Según el Informe de Fiscalización de los Sistemas de Información de Sanidad y Salud Pública —que abarca los ejercicios 2019, 2020 y 2021 y fue aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 25 de marzo— los datos eran "dispersos", "heterogéneos", "desfasados" y con importantes carencias de coordinación e interoperabilidad entre comunidades autónomas. Los sistemas, además, presentaban "errores significativos", funcionalidades poco fiables y eran "manifiestamente mejorables".

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Este informe se publica justo cuando se cumplen cinco años de la aparición del Covid-19 y cuatro desde el inicio de las campañas de vacunación. El documento también analiza los sistemas de vigilancia epidemiológica, las alertas sanitarias, los mecanismos de toma de decisiones, el control en Sanidad Exterior y la implantación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.

La fiscalización se realizó por iniciativa propia del Tribunal, dentro de su Programa de Fiscalizaciones para 2021, centrado en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos dependientes, como parte de su Plan Estratégico 2018-2021.

Entre los organismos revisados figuran la Secretaría de Estado de Sanidad, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud.

El informe revela que, al comienzo de la pandemia, el Ministerio de Sanidad no disponía de un registro estatal de vacunación, ni había integrado esta información en la Historia Clínica Digital Interoperable. Como resultado, los ciudadanos que se desplazaban entre comunidades autónomas debían presentar sus propios documentos de vacunación, ya que el Ministerio solo disponía de datos estadísticos generales sobre cobertura vacunal, insuficientes para realizar análisis detallados.

Los informes internos de la Dirección General de Salud Pública, dirigidos a la Ponencia de Vacunas, también ponen de manifiesto importantes problemas: diferencias notables entre comunidades en cuanto a los sistemas de registro, la responsabilidad de su gestión y el nivel de interoperabilidad. Esta fragmentación impedía el desarrollo de herramientas que permitieran consultar la información en línea, tanto por parte de los ciudadanos como de los servicios autonómicos de salud.

Además, la Dirección General de Salud Pública solo podía generar datos incompletos y con retraso, lo que dificultaba una planificación eficaz de la campaña de vacunación. En 2020, los datos de vacunación llegaban al Ministerio con retraso, bajo criterios dispares, y sin un mecanismo para exigir su remisión. Tampoco se registraban las vacunas administradas en centros privados ni en los centros de vacunación de Sanidad Exterior.

Todo ello contribuyó a una grave "deficiencia de coordinación" y a una capacidad muy limitada para tomar decisiones informadas en un momento crítico para la salud pública.