Ahora que ya han aprobado en el Congreso de los Diputados el procedimiento para renovar el Concierto Económico Vasco, que toca este año, y que han empezado también las sesiones de la Comisión Mixta del Concierto, constituida al efecto, convendría recordar algún dato curioso de esta institución jurídico-económica típica del País Vasco y de Navarra, que algunos todavía consideran como de su posesión exclusiva (léase nacionalistas) y algunos otros siguen identificando con el nacionalismo, y no se lo reprocho, porque el nacionalismo ha hecho ya muchos méritos para atribuirse en exclusiva hechos históricos que no le pertenecen, así como desde ciertas instancias del Estado han contribuido abundantemente a que así sea.

El caso es que la renovación de los Conciertos Económicos entre el Gobierno central y las provincias vascongadas tocó también en 1925, es decir, ahora hace justo un siglo, con José Calvo Sotelo entonces ministro de Hacienda del llamado Directorio Civil, que hacía las funciones de gobierno, dentro del régimen del general Primo de Rivera. Los orígenes ideológicos de José Calvo Sotelo se sitúan en el maurismo –por don Antonio Maura, líder del liberalismo conservador y varias veces presidente del Consejo de Ministros– del que luego fue evolucionando hacia posturas cada vez más antiliberales. José Calvo Sotelo era partidario de un Estado fuerte y en las circunstancias en que estaba cayendo España entonces, acosada por el socialismo, el comunismo, el anarquismo y los nacionalismos más ultramontanos, se convirtió en decidido partidario de la dictadura militar, salida política que en su momento teorizaron autores regeneracionistas como Joaquín Costa y Rafael Altamira, con la denominada “dictadura tutelar”, a modo de propuesta desesperada pero inevitable en situaciones de marasmo incontenible y de la que ambos autores cuentan con abundante producción.

Al iniciarse la dictadura de Primo de Rivera, José Calvo Sotelo fue nombrado director general de la Administración, cargo desde el que elaboró el Estatuto Municipal. En su cargo como Ministro de Hacienda se distinguió especialmente por su lucha contra el fraude fiscal. Fue también partidario de la monarquía, pero no en la persona de Alfonso XIII. Utilizó el término instauración monárquica, más que el de restauración, y así fue como lo aplicó posteriormente Francisco Franco, que desde la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 convirtió España en una Monarquía de nuevo, de la que él se consideró una suerte de protector o garante.

José Calvo Sotelo fue uno de los principales líderes de la derecha española del primer tercio del siglo XX. Tras su paso por el gobierno de Primo de Rivera, permaneció en el exilio, y eso que fue elegido parlamentario para las Constituyentes de 1931 por Orense y también para las legislativas de 1933. Pero solo pudo volver a la vida política y pública en la segunda legislatura republicana. Al final resultó una víctima más de sus adversarios políticos, junto con otros muchos personajes de la derecha de entonces. Recordemos los asesinatos de Cánovas, Canalejas y Dato durante la Restauración, de Marcelino Oreja Elósegui durante la Segunda República, y ya iniciada la Guerra Civil, los de Maeztu, Pradera, José María Urquijo, Juan Olazábal, Fernando Ybarra, Joaquín Beunza, entre otros. Nunca se ha ponderado suficientemente la sarracina de primeras figuras sufrida por la derecha española, y vasca en particular, durante aquel periodo. Nada semejante, ni remotamente considerado, ocurrió con las figuras emergentes de la izquierda y del republicanismo.

José Calvo Sotelo fue asesinado el 13 de julio de 1936, cuando tenía 43 años. No se puede decir que fuera un político con un gran partido detrás, como lo eran entonces la CEDA o el Partido Radical de Lerroux, pero su ascendiente en la derecha era muy importante desde su pequeño grupo de Renovación Española, dirigido por Antonio Goicoechea, desde el que Calvo Sotelo propuso la formación de un Bloque Nacional a partir de 1934, que integrara a tradicionalistas y monárquicos.

Esteban Bilbao Eguía, por su parte, era entonces presidente de la Diputación de Vizcaya, responsabilidad que desempeñó entre 1926 y 1930. Anteriormente, entre 1922 y 1926 había sido miembro destacado de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza en eusquera, hoy controlada absolutamente por los nacionalistas. Así como José Calvo Sotelo era monárquico, Esteban Bilbao Eguía era tradicionalista jaimista, es decir, seguidor del pretendiente don Jaime. Durante los primeros meses de la Guerra Civil, durante el verano de 1936, estuvo preso en el barco Altuna Mendi, fondeado en la ría de Bilbao, el mismo en el que fueron ejecutados 28 presos de derechas el 26 de septiembre de aquel año infausto. En el blog “Historias de Erandio” se nos dan sus nombres. Entre ellos está, por ejemplo, el escritor Fernando de la Quadra-Salcedo, monárquico. O el carlista José Lezama-Leguizamón y Zuazola. Esteban Bilbao Eguía tuvo la suerte de entrar en una permuta de presos, por lo que fue intercambiado por el exalcalde de Bilbao Ernesto Ercoreca, que estaba en manos de las tropas sublevadas.

Esteban Bilbao Eguía sería luego, durante el régimen franquista, ministro de Justicia durante los primeros años de la posguerra y luego, entre 1943 y 1965, esto es, durante 22 años bien cumplidos, presidente de las Cortes Españolas. Fue el autor del lema acuñado en las monedas que decía “Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios”, así como de la estratégica ley de sucesión de 1947, que comentábamos antes. Fue también el primer presidente del Consejo del Reino, entre 1948 y 1965. Resulta llamativo que uno de los personajes más emblemáticos del régimen franquista tenga hoy su archivo personal custodiado por la Fundación Sabino Arana, por mediación de uno de sus herederos, descendientes de su hermana Concepción Bilbao Eguía, ya que Esteban, casado con María Uribasterra, murió sin hijos. En su día conté todo esto en un artículo que salió en El Correo de 11 de abril de 2015 titulado “La memoria del franquismo en manos del PNV” y que se puede consultar en la web de la Fundación para la Libertad. En este artículo también decía que ningún otro político se le podía acercar a Esteban Bilbao Eguía en cuanto a servicios prestados al régimen franquista y que, entre las muchas personalidades originarias del País Vasco que ocuparon papeles relevantes durante la dictadura franquista, habría que juntar a Areilza, Lequerica, Zuazagoitia y Arrese para alcanzar, por tiempo y cargos desempeñados, la hoja de servicios de Esteban Bilbao Eguía.

Pues bien, el concierto económico de 1925, como decíamos antes, por lo que respecta a Vizcaya, fue negociado, por parte de la provincia, por su presidente de Diputación, que era entonces Esteban Bilbao Eguía, y por parte del gobierno de España por su ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo.

Nos lo cuenta con detalle el especialista en concierto económico Eduardo José Alonso Olea, junto con Mikel Erkoreka, en un capítulo del libro colectivo de reciente aparición titulado La dictadura de Primo de Rivera en el País Vasco (1923-1930). La previsión era que, tras el anterior concierto de 1906, el siguiente se celebraría a los veinte años, en 1926, pero se tuvo que adelantar la negociación a 1925 debido a la quiebra del banco Crédito de la Unión Minera, que suspendió pagos en febrero de ese año. Fue cuando el escritor Manuel Aranaz Castellanos, a la sazón agente de cambio y bolsa, se suicidó pegándose un tiro.

Pero en realidad, la negociación del concierto se llevó a cabo durante los años 1925 y 1926 y el nuevo concierto no entró en vigor hasta el 1 de enero de 1927. La primera fase de la negociación se celebró entre mayo y junio de 1925. Pero la parte gruesa de la negociación se desarrolló en 1926 con la aprobación del primero y hasta ahora único Reglamento del Concierto Económico. En ese tránsito de 1925 a 1926 se produjeron también los dos nombramientos de las personalidades que aquí utilizamos para encabezar el artículo. Como consecuencia de que el 3 de diciembre de 1925 el régimen de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar –que regía desde el primer momento del golpe de Estado de 1923– por un Directorio Civil, fue entonces cuando fue nombrado como ministro de Hacienda José Calvo Sotelo. Y en cuanto al nombramiento de Esteban Bilbao Eguía, a principios de 1926 fue nombrado diputado de la Diputación de Vizcaya y poco después presidente. Lo cual le ocasionó su expulsión (temporal) de la Comunión Tradicionalista porque no era compatible con su militancia obligada en el partido único de la dictadura primorriverista, la Unión Patriótica.

Lo que es claro es que, a partir del concierto de 1925, los cupos subieron de una manera notable, debido a las enormes riquezas acumuladas sobre todo por Vizcaya tras los años de la Primera Guerra Mundial, como denota el gráfico siguiente extraído de la página 171 del libro antes citado sobre la dictadura de Primo de Rivera en el País Vasco:

Donde se puede observar, además del notable incremento del cupo a pagar por parte de las haciendas vascas a la hacienda nacional, la desproporción interprovincial, que supuso, en cifras absolutas, que Vizcaya tuviera que aportar a partir de ese año más de 28 millones de pesetas en concepto de cupo, por los 10 millones de Guipúzcoa y millón y medio de Álava.

El caso es que la presencia en las negociaciones de dos personalidades tan destacadas de la derecha española y vasca de la época, como eran José Calvo Sotelo y Esteban Bilbao Eguía, nos está diciendo que el régimen de conciertos es un instrumento histórico por encima de los regímenes, de los partidos políticos y de las ideologías, implantado en el País Vasco desde 1878, de la mano del presidente del Consejo de Ministros Antonio Cánovas del Castillo y de los liberales transigentes que llegaron a un acuerdo en ese sentido con el Gobierno central, tras la última guerra carlista terminada en 1876. Por entonces el nacionalismo vasco ni estaba y, como se suele decir, con más razón que nunca en este caso, ni se le esperaba.

En 1937 el nuevo régimen franquista decidió suspender los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa, mientras mantuvo los de Álava y Navarra, lo cual no deja de ser sino una muestra más de la fuerza de esta institución, que aunque fuera en las dos provincias menos industrializadas y ricas, se siguió manteniendo. Las necesidades perentorias del nuevo régimen son las que explican, en buena parte, la supresión de los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa, justamente las dos provincias que se mantuvieron durante todo el franquismo a la cabeza de la renta per cápita de toda España.