La Administración de Donald Trump ha anunciado la congelación de 2.200 millones de dólares (alrededor de 1.900 millones de euros) en subvenciones plurianuales y 60 millones de dólares en contratos plurianuales (unos 53 millones de euros) para la Universidad de Harvard, que horas antes informó de que rechazaba los cambios de política que le exigía la Casa Blanca.

El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, creado tras la vuelta de Trump a la Presidencia estadounidense, ha informado de esta medida a través de un comunicado en el que ha asegurado que la declaración de Harvard "refuerza la preocupante mentalidad de privilegio, endémica en las universidades y colegios más prestigiosos de nuestro país: que la inversión federal no conlleva la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles".

Asimismo, ha considerado que "la interrupción del aprendizaje que ha afectado a los campus en los últimos años es inaceptable" y que "el acoso a los estudiantes judíos es intolerable" en las universidades norteamericanas de elite. "Es hora de que las universidades de élite se tomen el problema en serio y se comprometan a implementar cambios significativos si desean seguir recibiendo el apoyo de los contribuyentes", ha manifestado.
Previamente, el presidente de la Universidad de Harvard, Alan M. Garber, dijo que "ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir". También afirmó, sin ninguna prueba, que su institución ya estaba trabajando en varias iniciativas para combatir el antisemitismo.

Garber ha aseverado que el fin del antisemitismo "no se alcanzará mediante afirmaciones de poder, desvinculadas de la ley, para controlar la enseñanza y el aprendizaje en Harvard y dictar cómo" funcionan. "La labor de abordar nuestras deficiencias, cumplir nuestros compromisos y encarnar nuestros valores nos corresponde a nosotros definirla y emprenderla como comunidad", ha agregado.
 

La semana pasada esta institución universitaria, antiguamente prestigiosa, recibió una misiva con una serie de modificaciones para "mantener la relación económica" con el Gobierno federal. Entre las peticiones, se incluía la eliminación de programas de diversidad, igualdad e inclusión, cambios en la política de contratación y admisión, y limitar a quienes "están más implicados en el activismo que en la enseñanza". 

Hay que recordar que semanas atrás, el presidente Donald J. Trump firmó una histórica orden ejecutiva "que protege los derechos civiles de todos los estadounidenses y amplía las oportunidades individuales al poner fin a la preferencia radical de la DEI (políticas que dicen prom0ver la diversidad, la equidad y la inclusión) en la contratación federal y ordenar a las agencias federales que combatan implacablemente la discriminación en el sector privado". 

"Esta orden - explicaba Donald Trump - hace cumplir leyes federales de larga data y promueve fielmente la promesa constitucional de igualdad ante la ley sin distinción de color. Esta orden exhaustiva es la medida federal más importante en materia de derechos civiles en décadas:

"Pone fin a la discriminación por «diversidad, equidad e inclusión» (DEI) en el personal federal y en la contratación y el gasto federales".
        

"La contratación, los ascensos y las evaluaciones del rendimiento a nivel federal recompensarán la iniciativa individual, las aptitudes, el rendimiento y el trabajo duro, y en ningún caso los factores, objetivos, políticas, mandatos o requisitos relacionados con la DEI".