Carlos Sánchez de Roda nació en Badajoz, está casado y tiene dos hijos. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Inició su actividad profesional en la estación de Sierra Nevada, para después desarrollarla durante 32 años en el sector ferroviario. Vivió muy de cerca el 11-M, y ha seguido y estudiado con interés su posterior investigación. Es autor del libro Los misterios del 11-M (Ediciones La Tribuna, 2024), ha publicado numerosos artículos de prensa y ha intervenido en debates de radio y televisión en relación con la investigación del atentado, desvelando las extrañas circunstancias que rodearon las actuaciones policiales y judiciales sobre los trenes y su contenido. Ha sacado a la luz hechos tan importantes como fue la reparación y no desguace de uno de los trenes. Ahora, acaba de publicar 11-M. La investigación prohibida, también con Ediciones La Tribuna, que resume sus últimas investigaciones y hallazgos sobre estos trágicos hechos fundamentales en la historia reciente de España.

¿Qué le llevó a escribir 11-M. La investigación prohibida un año después de su obra anterior,  Los misterios del 11-M?

Pasado algún tiempo de la publicación de Los Misterios del 11-M, vi la necesidad de complementarlo con otros textos que hiciesen aún más evidentes los argumentos y conclusiones de ese libro, y de explicar, además, los últimos procesos judiciales que intentaron inútilmente llevar la investigación a su camino lógico, ese camino que, asombrosamente, nunca se acometió. Vi conveniente hacer ver cómo lo ocurrido desde el mismo día del atentado hace pensar que había como un plan bien diseñado para desviar la investigación fuera de los trenes, hacia una bolsa bomba que nadie había visto nunca en ningún tren, pero que finalmente sería la base de toda la investigación oficial y de la sentencia. Y de ahí surgió el nuevo libro, en el que además vi necesario incorporar el relato de cómo la investigación oficial llegó a Jamal Zougam, único condenado como autor material del 11-M y con una pena de más de 40.000 años de prisión, relato en el que hago ver el cúmulo de irregularidades que llevaron a esa condena y la forma en la que se impidió que Zougam pudiera recurrir a instancias superiores.

Uno de los ejes del libro es la destrucción prematura de los trenes. ¿Por qué cree que no se preservaron como prueba judicial?

La forma en la que se produjo esa destrucción, unida a la anulación como prueba de las evidencias extraídas de esos trenes, muchas de las cuales desaparecieron y las restantes quedaron sin cadena de custodia, hace pensar que había un plan diseñado desde el principio para evitar que, a través de los trenes, se pudiera llegar a la verdad de lo ocurrido. Esa hipótesis se hace aún más evidente si se tiene en cuenta todo lo que rodeó, desde su aparición y hasta su supuesta desactivación, la bolsa bomba que apareció en una comisaría de Vallecas, y en la cual se basó después toda la sentencia. No hay ninguna conclusión de la sentencia que se base en algo procedente de los trenes.

¿Tiene indicios claros de quién ordenó el desguace de los trenes? ¿Cree que fue una decisión política o técnica?

La decisión final tendría que haber sido técnica. En caso de accidente o atentado en el que un tren queda muy afectado, siempre son los técnicos de Renfe los que valoran si es viable y rentable su reparación o si, por el contrario, lo indicado es el desguace. Pero la cuestión es que, si hay víctimas e interviene un juez, y si los técnicos deciden que hay que desguazar, ese desguace no puede realizarse en ningún caso sin contar con la autorización judicial, la cual puede tardar años en producirse. Tenemos en ese sentido los últimos accidentes del metro de Valencia y del tren Alvia en Santiago de Compostela; en ambos casos esa autorización no se produjo hasta bastantes años después, tiempo durante el cual los trenes se conservaron y custodiaron tal y como habían quedado tras el accidente.

En el caso del 11-M, dado el pésimo estado en que quedaron los trenes, lo normal es que los técnicos decidieran desguazarlos, pero claro, ese desguace no podría llevarse a cabo hasta que lo autorizase el juez. Tampoco podría llevarse a cabo la masiva limpieza del material más importante para la investigación que se produjo en los trenes desde la misma noche del día 11. No hay indicio alguno de que esa autorización judicial se produjera.

En cuanto a quién tomó esa decisión de desguazar sin autorización judicial, lo tuvo que hacer Renfe con su Dirección de Cercanías, que era la propietaria de los trenes. Lo que no conocemos son las instrucciones, políticas o de otro tipo que, en su caso, podrían haber recibido en Renfe pata llevar a cabo tal destrucción de pruebas.

¿Por qué se hizo una excepción con el tren de Santa Eugenia, que fue reparado en vez de desguazado?

Ése ese uno de los grandes misterios del 11-M, sobre el que no tengo respuesta. Lo que sí conozco muy bien son los hechos. No sólo ese tren no se desguazó, sino que además todo el material cercano a su único foco de explosión fue conservado en secreto durante ocho años sin que, a pesar de ser el único conservado “ante la eventualidad de posibles análisis posteriores”, como dijo por escrito la Fiscalía, no se conoce que se le sometiese a análisis alguno, ni posterior ni anterior. Al parecer, como tenían la bolsa de Vallecas, ya no era necesario investigar nada de los trenes. 

¿Qué fallos principales encuentra en la identificación de Jamal Zougam como autor material?

Desde el mismo día 11, Jamal Zougam estuvo marcado por la tarjeta telefónica que alguien colocó en la bolsa de Vallecas. Pero una acusación basada en la venta de esa tarjeta en un locutorio dedicado precisamente a la venta de tarjetas, regentado por Zougam con otros dos socios, pero sin que fuera él quien realizó la venta, no podía ir muy lejos. Al parecer, había que buscar otra acusación más sólida, como era imputar a Zougam la colocación de una de las bombas de los trenes, aunque, a la larga, esa acusación resultó tan inconsistente como la primera, lo que no fue óbice para que el tribunal basara en ella una condena a más de 40.000 años de prisión. De los tres testimonios de haber visto a Zougam en los que se basó la sentencia, uno de ellos era incompatible con los otros dos, mientras que estos otros dos fueron prestados en condiciones de escasa credibilidad. Entre otras cosas, hubo amigas que aparecieron y desaparecieron, y largos e infructuosos intentos por ser reconocidas como víctimas y acceder a las ventajas que ello implicaba, intentos que dejaron inmediatamente de ser infructuosos en cuanto alguien declaró haber visto a Zougam en un tren. Por si todo eso fuese poco, hubo un guardia civil, también presente en ese tren, que negó en el juzgado que la persona identificada por los otros testigos fuera Zougam. Pero claro, ese testigo no fue llamado a declarar en el juicio.

Describe una serie de actuaciones judiciales y policiales que califica de “inexplicables”. ¿Cree que hubo una estrategia deliberada de encubrimiento?

Creo que el cúmulo de irregularidades cometidas en la investigación del 11-M no pudo ser casual. Todas las irregularidades que describo en mis libros iban siempre encaminadas a apartar de los trenes la investigación, y a encaminarla hacia una bolsa bomba que nunca nadie había visto en ningún tren. Y si todo eso no era casual habrá que pensar que formaba parte de un plan perfectamente trazado.

¿Qué importancia tuvo la juez Coro Cillán en intentar reabrir la investigación, y por qué cree que fue apartada?

La instrucción que la juez Coro Cillán llevó adelante, en relación con la querella contra el comisario Sánchez Manzano y su perito químico, fue en aquella época la última esperanza de que por fin se descubriera la verdad de lo sucedido, y ello tanto en la ejecución del atentado como en su posterior investigación judicial y policial. Los hasta entonces inéditos testimonios que ella recibió ponían en tela de juicio la investigación realizada y la sentencia. Esos testimonios existieron, aunque hayan quedado ocultos y sea imposible invocarlos como prueba de la falsedad de muchos elementos fundamentales de la sentencia. Con todo ello, parece evidente cuál fue el motivo de que la juez Coro Cillán fuese apartada y se archivara la querella que ella instruía.

¿Qué obstáculos enfrentó Jamal Zougam al intentar recurrir su sentencia ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo?

Jamal Zougam y su familia se sintieron traicionados por el abogado que contrataron para presentar sus recursos ante esos tribunales. Ese abogado fue el principal obstáculo que encontraron en su camino. El recurso presentado ante el Constitucional no fue admitido a trámite. Después, ese mismo abogado se ofreció para recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue contratado para ello y cobró la correspondiente minuta. A partir de ahí, la familia no lograba ponerse en contacto con él para saber cómo iba el asunto.  El abogado había desaparecido con el dinero bien cobrado. Ya en octubre de 2018, se supo que hacía dos años que el recurso había sido presentado, pero de manera incorrecta, y que el Tribunal lo declaró inadmisible por no cumplir los más elementales requisitos establecidos para ello en el Reglamento del Tribunal. Y quizás lo más importante, se supo que ese abogado era asesor del Reino de Marruecos, lo que acrecentaba las sospechas sobre los verdaderos motivos de las inadmisiones a trámite de ambos recursos, y sobre si lo hecho por el abogado podía responder a algo más que a su dejadez o a su falta de profesionalidad.

¿Cuál es el mayor riesgo de aceptar sin cuestionar la versión oficial del 11-M?

Esa aceptación, ese silencio imperante oficialmente sobre las evidentes irregularidades en las que se basó la investigación para llegar a la versión oficial, aparte de dejar ocultos para siempre a los auténticos autores y a sus encubridores, lo que ya es gravísimo, propicia además un sentimiento de impunidad para quienes obraron de esa manera, y podría animar, en el futuro, a que otros tomasen como ejemplo lo ocurrido en el 11-M y se inspirasen en él.

¿Qué espera que logre este libro a nivel social, político o jurídico?

Mi objetivo es dar a conocer, y que no se olvide, la manera tan peculiar con la que se investigó policial y judicialmente el 11-M. Intentar que las víctimas no se vean más y más abandonadas en su derecho de saber quién y por qué les hizo tanto daño. Luchar contra la falsa propaganda oficial de que el 11-M es un caso cerrado, que ya se sabe toda la verdad, que todos sus autores murieron o fueron condenados, que no hay nada más que investigar, que jueces y policías fueron ejemplares en su trabajo de investigación. Con el libro trato de exponer la auténtica e increíble realidad de cómo se llevó a cabo la investigación del 11-M. 

¿Hay algún aspecto de la investigación que aún le gustaría explorar en una futura publicación?

Lo que me gustaría es que aparecieran nuevos datos sobre los entresijos de esa investigación que propiciaran esa nueva exploración en nuevas publicaciones. Que algunos de los que saben mucho sobre los tejemanejes de la investigación del 11-M, y llevan 21 años callados, se decidieran a hablar, que perdieran el temor a las represalias, que hicieran ese gran servicio a los españoles.