La decisión del servicio de inteligencia interior alemán de declarar oficialmente a Alternativa para Alemania (AfD) como una organización de extrema derecha no es solo un acto administrativo. Es un paso peligrosamente simbólico que marca una nueva fase en el progresivo deterioro de las libertades en Europa. En nombre de la defensa del "orden democrático", se está incurriendo —con una hipocresía rampante— en una forma de censura política que debilita las bases mismas de ese orden que se pretende proteger.

En una democracia madura, los partidos políticos deben ser evaluados y enfrentados en el terreno de las ideas, no perseguidos ni estigmatizados desde oficinas gubernamentales ni los servicios de inteligencia. La decisión de los votantes alemanes en las pasadas elecciones fue clara: casi dos de cada cinco ciudadanos depositaron su confianza en la AfD. Que ahora se clasifique a esta fuerza política como extremista equivale a sugerir que millones de alemanes han sido seducidos por el extremismo, cuando quizá simplemente están hartos de un sistema político socialista que los ignora, los desprecia o los llama "peligrosos" cuando no votan según lo políticamente correcto.

Esta decisión no se basa en acciones violentas ni en conspiraciones sediciosas. Se basa, según el informe oficial, en "una visión etnicista de la nación" y en "retóricas discriminatorias". Pero si la definición de extremismo pasa a ser una cuestión de lenguaje, de opinión, de interpretación ideológica, entonces lo que está en juego no es la seguridad del Estado, sino el derecho mismo a pensar diferente. Se está normalizando la persecución del disidente.

En Europa, donde la autocensura ya ha hecho estragos y donde la libertad de expresión vive bajo constante amenaza —como bien demuestran los cada vez más numerosos casos de escritores, periodistas y profesores apartados por "ofender" la sensibilidad reinante—, lo que Alemania ha hecho representa una nueva vuelta de tuerca. Y es especialmente grave que esto ocurra en el país que más debería recordar las consecuencias de criminalizar ideas.

Porque el problema no es AfD. El problema es una élite política, judicIAL y mediática que ha decidido blindarse ante el juicio del pueblo. ¿Y qué mejor forma de protegerse que deslegitimar al adversario? No derrotarlo en las urnas, sino tacharlo de "peligro para la democracia". Lo que se está restringiendo aquí no es el extremismo, sino el campo de juego democrático.

Esta decisión, lejos de reforzar la democracia, la pervierte. Porque convierte al aparato del Estado en árbitro ideológico. Porque castiga a los ciudadanos "por votar mal". Porque si hoy se vigila a AfD, mañana se podrá vigilar a cualquier voz incómoda, molesta o demasiado popular. Europa no necesita más censura, necesita más debate, más pluralismo y más respeto por la voluntad soberana de sus pueblos.

Y sobre todo, necesita recordar que la verdadera democracia no teme al voto. Ni siquiera cuando ese voto incomoda.