Sobre la "vacunación coactiva"
En el caso de la vacunación Covid-19 en España, técnicamente no fue obligatoria (no existía una norma que impusiera directamente el deber de vacunarse), pero sí puede considerarse coactiva en tanto que: la implementación del Covid Pass/Green Pass estableció un sistema de restricciones para quienes decidían no vacunarse.
Estas restricciones limitaban el acceso a espacios y actividades esenciales para la plena participación social. Se creó un mecanismo de presión directa e indirecta que condicionaba la decisión individual. Esta coactividad puede interpretarse como contraria al espíritu del artículo 9.2 de la Constitución Española, que establece el deber de los poderes públicos de remover obstáculos para la plena participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social.
Pero no solo en España por la vigencia del artículo 9.2 de su constitucion. Prácticamente en todo el mundo por la vigencia de Instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos: El artículo 21 establece el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y declara que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el artículo 25 reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otras condiciones. El Tratado de la Unión Europea: El artículo 10.3 establece que "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos". Por tanto, el uso del término "vacunación coactiva" es preciso y refleja adecuadamente la naturaleza de las medidas implementadas, distinguiéndolas correctamente de una obligación directa. Esta distinción es fundamental para un análisis jurídico y ético riguroso de las políticas aplicadas durante la pandemia.
![[Img #27951]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2025/668_vacunas.jpg)
En el caso de la vacunación Covid-19 en España, técnicamente no fue obligatoria (no existía una norma que impusiera directamente el deber de vacunarse), pero sí puede considerarse coactiva en tanto que: la implementación del Covid Pass/Green Pass estableció un sistema de restricciones para quienes decidían no vacunarse.
Estas restricciones limitaban el acceso a espacios y actividades esenciales para la plena participación social. Se creó un mecanismo de presión directa e indirecta que condicionaba la decisión individual. Esta coactividad puede interpretarse como contraria al espíritu del artículo 9.2 de la Constitución Española, que establece el deber de los poderes públicos de remover obstáculos para la plena participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social.
Pero no solo en España por la vigencia del artículo 9.2 de su constitucion. Prácticamente en todo el mundo por la vigencia de Instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos: El artículo 21 establece el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y declara que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el artículo 25 reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otras condiciones. El Tratado de la Unión Europea: El artículo 10.3 establece que "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos". Por tanto, el uso del término "vacunación coactiva" es preciso y refleja adecuadamente la naturaleza de las medidas implementadas, distinguiéndolas correctamente de una obligación directa. Esta distinción es fundamental para un análisis jurídico y ético riguroso de las políticas aplicadas durante la pandemia.
