La España socialista, un Estado fallido
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La España oficial sigue anunciando grandes planes, fondos europeos, pactos estratégicos y promesas vacías. Pero la España real —la que madruga, la que produce, la que espera un tren que no llega o rescata a sus vecinos del agua hasta la cintura— vive cada día más cerca del colapso. El robo de cables en plena línea AVE Madrid-Sevilla que ha dejado varados a más de 10.000 pasajeros no es un incidente aislado. Es la gota que rebosa un vaso repleto de negligencia, desinversión y desinterés político.
En las últimas semanas, hemos visto trenes interrumpidos, estaciones colapsadas, cortes eléctricos generalizados, empresas paralizadas por falta de suministro energético y pueblos inundados mientras el Gobierno radical del extremista Pedro Sanchez guarda silencio o balbucea excusas vanas. A esto se suma un Ministerio de Transportes que prefiere hablar de “sabotajes” antes que asumir su responsabilidad por una red ferroviaria que se cae a pedazos por falta de vigilancia y mantenimiento.
La España socialista, país de propaganda, pancarta y pandereta, es hoy un país con infraestructuras del siglo XXI gestionadas con la dejadez del XIX. Mientras se destinan millones en campañas publicitarias para hablar de sostenibilidad y digitalización, lo básico se desmorona: las líneas de tren no se protegen del vandalismo, las zonas rurales no reciben atención ni planes hídricos, y la red eléctrica se tambalea al primer golpe de calor o temporal.
Los apagones que afectan a comunidades enteras y que comprometen el tejido productivo no son “averías puntuales”, como insisten en maquillar desde el Ejecutivo. Son señales inequívocas de una infraestructura infrafinanciada, mal gestionada y políticamente abandonada. Y las consecuencias son visibles: familias atrapadas en pueblos anegados, estaciones saturadas, trabajadores sin transporte, fábricas detenidas y, lo más grave, un desprecio absoluto por los contribuyentes que siguen pagando impuestos extorsionadores por unos servicios que ya no llegan.
El Gobierno de Pedro Sánchez, como es habitual, no está dispuesto a asumir responsabilidades. Prefiere culpar al cambio climático, a conspiraciones varias o a “circunstancias ajenas”. Pero la realidad es tozuda: los problemas no se deben solo a lo imprevisto, sino a lo ignorado. Porque cuando se deja de invertir en mantenimiento, se desprecia la planificación, se margina a las provincias y se ningunea a los expertos, lo que se recoge no es más que desorden, caos e impotencia.
La España de Pedro Sánchez se desconecta. No sólo de la modernidad que dice abrazar, sino de su gente. De las pequeñas localidades que piden ayuda y reciben abandono. De los profesionales que demandan fiabilidad y obtienen excusas. Y de los ciudadanos que esperan servicios dignos y reciben un Estado fallido que ni protege ni reacciona.
Desde La Tribuna del País Vasco, una vez más (y no será la última), exigimos a este Gobierno sivergüenza un plan de choque inmediato y honesto. No queremos más promesas, ni más comités vacíos. Queremos inversión real, control riguroso, responsabilidad política y, sobre todo, respeto por una ciudadanía que merece mucho más que un país desconectado.
La España oficial sigue anunciando grandes planes, fondos europeos, pactos estratégicos y promesas vacías. Pero la España real —la que madruga, la que produce, la que espera un tren que no llega o rescata a sus vecinos del agua hasta la cintura— vive cada día más cerca del colapso. El robo de cables en plena línea AVE Madrid-Sevilla que ha dejado varados a más de 10.000 pasajeros no es un incidente aislado. Es la gota que rebosa un vaso repleto de negligencia, desinversión y desinterés político.
En las últimas semanas, hemos visto trenes interrumpidos, estaciones colapsadas, cortes eléctricos generalizados, empresas paralizadas por falta de suministro energético y pueblos inundados mientras el Gobierno radical del extremista Pedro Sanchez guarda silencio o balbucea excusas vanas. A esto se suma un Ministerio de Transportes que prefiere hablar de “sabotajes” antes que asumir su responsabilidad por una red ferroviaria que se cae a pedazos por falta de vigilancia y mantenimiento.
La España socialista, país de propaganda, pancarta y pandereta, es hoy un país con infraestructuras del siglo XXI gestionadas con la dejadez del XIX. Mientras se destinan millones en campañas publicitarias para hablar de sostenibilidad y digitalización, lo básico se desmorona: las líneas de tren no se protegen del vandalismo, las zonas rurales no reciben atención ni planes hídricos, y la red eléctrica se tambalea al primer golpe de calor o temporal.
Los apagones que afectan a comunidades enteras y que comprometen el tejido productivo no son “averías puntuales”, como insisten en maquillar desde el Ejecutivo. Son señales inequívocas de una infraestructura infrafinanciada, mal gestionada y políticamente abandonada. Y las consecuencias son visibles: familias atrapadas en pueblos anegados, estaciones saturadas, trabajadores sin transporte, fábricas detenidas y, lo más grave, un desprecio absoluto por los contribuyentes que siguen pagando impuestos extorsionadores por unos servicios que ya no llegan.
El Gobierno de Pedro Sánchez, como es habitual, no está dispuesto a asumir responsabilidades. Prefiere culpar al cambio climático, a conspiraciones varias o a “circunstancias ajenas”. Pero la realidad es tozuda: los problemas no se deben solo a lo imprevisto, sino a lo ignorado. Porque cuando se deja de invertir en mantenimiento, se desprecia la planificación, se margina a las provincias y se ningunea a los expertos, lo que se recoge no es más que desorden, caos e impotencia.
La España de Pedro Sánchez se desconecta. No sólo de la modernidad que dice abrazar, sino de su gente. De las pequeñas localidades que piden ayuda y reciben abandono. De los profesionales que demandan fiabilidad y obtienen excusas. Y de los ciudadanos que esperan servicios dignos y reciben un Estado fallido que ni protege ni reacciona.
Desde La Tribuna del País Vasco, una vez más (y no será la última), exigimos a este Gobierno sivergüenza un plan de choque inmediato y honesto. No queremos más promesas, ni más comités vacíos. Queremos inversión real, control riguroso, responsabilidad política y, sobre todo, respeto por una ciudadanía que merece mucho más que un país desconectado.