El despliegue masivo de radares de tráfico en el País Vasco vuelve a estar en el punto de mira. Según los últimos datos oficiales, la comunidad autónoma figura entre las regiones con mayor densidad de estos dispositivos por kilómetro en España. Solo en 2023, un radar situado en el kilómetro 46,8 de la AP-8 en Zumaya (Guipúzcoa) impuso más de 26.000 multas, lo que ha encendido las alarmas entre conductores y expertos legales.

El despacho especializado Pyramid Consulting, con más de tres décadas de experiencia en la defensa de automovilistas, ha analizado el impacto real de esta red de radares, señalando que muchos ciudadanos perciben estas medidas más como un mecanismo recaudatorio que como una herramienta de seguridad vial. "La automatización de las sanciones no debe menoscabar las garantías jurídicas de los conductores", advierten.

Radiografía de los radares más activos

El análisis por provincias revela cifras igualmente llamativas. En Vizcaya, el radar de la A-8 en la bajada de Petronor registró 8.712 sanciones el pasado año. En Álava, el dispositivo de la AP-68 en Zuya (km 33) acumuló 5.114 denuncias.

La ubicación de estos radares en zonas con condiciones cambiantes —pendientes, cambios bruscos de velocidad o puntos de difícil visibilidad— ha generado malestar entre los conductores. En redes sociales se viralizó recientemente el testimonio de un usuario andaluz que contó más de 30 radares entre San Sebastián y Bilbao.

¿Qué se puede hacer si llega la multa?

Desde Pyramid Consulting recuerdan que toda sanción puede ser recurrida, especialmente si existen dudas sobre la legalidad del radar, su señalización o su calibración. Entre los argumentos más habituales para presentar un recurso se encuentran:

• Señalización insuficiente o confusa.

• Errores de forma en la notificación.

• Ubicación inadecuada del radar.

La firma recomienda conservar toda la documentación y actuar dentro de los plazos establecidos. En caso de duda, lo mejor es consultar con expertos para valorar las opciones de defensa.

Una cuestión de equilibrio

El caso vasco reabre un viejo debate: ¿hasta qué punto el uso de radares cumple una función preventiva y no simplemente recaudatoria? La ciudadanía pide más transparencia y proporcionalidad, mientras las instituciones insisten en que estos dispositivos salvan vidas.

En palabras de los expertos jurídicos, “un modelo eficaz de control de velocidad debe apoyarse en la tecnología, pero también en el respeto a los derechos del conductor y en la proporcionalidad de las medidas”.