El prestigioso despacho jurídico internacional Amsterdam & Partners LLP ha iniciado una agresiva campaña legal y mediática contra la Agencia Tributaria española (AEAT), a la que acusa de violar derechos fundamentales mediante la persecución sistemática de extranjeros acogidos al régimen fiscal especial para impatriados, conocido como “Ley Beckham”.

En un informe de más de 100 páginas titulado “Hacienda contra el Pueblo”, presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid, los abogados Robert Amsterdam y Christopher Wales documentan lo que califican como “infracciones sistémicas, graves y recurrentes del Estado de Derecho” cometidas por la AEAT. El informe sostiene que el sistema fiscal español ha sido manipulado por inspectores “sin escrúpulos” con un único objetivo: maximizar ingresos y obtener bonificaciones económicas, incluso a costa de destruir la vida de ciudadanos extranjeros y sus familias.

“La AEAT actúa con una cultura pandillera”, denuncia el informe, que subraya cómo se somete a los impatriados a auditorías sorpresivas, amenazas de procesos penales y tácticas intimidatorias como investigar a sus hijos en colegios o revisar sus redes sociales.

Según el bufete, Hacienda ha transformado el régimen de impatriados —creado en 2003 para atraer talento internacional— en una trampa fiscal. A pesar de que la AEAT expide certificados que, a juicio del bufete, implican la aceptación en dicho régimen, años después inicia inspecciones alegando irregularidades y exigiendo pagos millonarios. “Es un sinsentido legal o una trampa deliberada”, advierten.

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El detonante más reciente de la campaña del bufete ha sido un nuevo programa de incentivos aprobado por la dirección de la AEAT en abril de 2025, por el que se destinarán 125 millones de euros a bonificaciones para inspectores que aumenten la recaudación. Según el despacho, esta medida incentiva la fabricación de casos sin base legal y la presión sobre los contribuyentes para firmar “actas con acuerdo”, un procedimiento que limita el derecho a recurrir y evita un juicio formal.

Además de lanzar esta denuncia pública, Amsterdam & Partners LLP ha anunciado su intención de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Europea, acusando al Estado español de violaciones del principio de legalidad, seguridad jurídica, privacidad familiar y trato no discriminatorio hacia ciudadanos europeos.

Por su parte, la Agencia Tributaria ha respondido rechazando las acusaciones. Según sus datos, solo el 0,5% de los 37.000 beneficiarios del régimen han sido auditados en los últimos diez años, y la mayoría de las actuaciones se resuelven de forma consensuada. Además, niega cualquier motivación política o económica indebida en sus actuaciones.

No obstante, el informe también recuerda que España ha sido reiteradamente criticada por organismos internacionales como el GRECO (Consejo de Europa) por su falta de cumplimiento en medidas anticorrupción, así como por el FMI, que en su última misión del Artículo IV (abril de 2025) alertó sobre el deterioro de la seguridad jurídica para inversores extranjeros.

“Los impatriados vinieron a trabajar, contribuir y crear valor. Ahora se marchan amargados, arruinados o temerosos de volver. Y con ellos se va también el talento que España decía querer atraer”, concluye el documento.