Mientras el Gobierno de extrema izquierda del socialista Pedro Sánchez presume de modernidad, progreso y bienestar social, decenas de miles de personas malviven en condiciones infrahumanas, sin acceso a una vivienda digna. Lo que debería ser un motivo de alarma nacional se ha convertido en una estadística más, silenciada entre los titulares sumisos sobre presupuestos verdes, subvenciones inmigracionistas o rescates bancarios. En plena década del feminismo institucionalizado, del "España es un Estado del bienestar", del "nadie se queda atrás", hay familias —niños incluidos— que duermen en chabolas, en caravanas, en cavernas y en infraviviendas sin agua ni luz.

Y no son pocos. Según datos del propio Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2012 y 2022, el número de personas sin hogar ha crecido un 25%, alcanzando los 28.552 ciudadanos. O más bien, fantasmas sociales. Porque muchos de ellos —según denuncian ONGs como Hogar sí — ni siquiera aparecen en los registros oficiales: son invisibles para los mismos gobiernos que reparten a manos llenas fondos para "perspectiva de género" en los huertos urbanos, proyectos de “memoria democrática”, ministerios sin competencias o diplomacias paralelas con repúblicas imaginarias.

En el País Vasco, la comunidad en manos del PNV -PSE que brilla por su miserable autocomplacencia, la paradoja es especialmente sangrante. Es una de las comunidades con mayor inversión pública per cápita, con un sistema foral privilegiado y una presión fiscal que axfisia a autónomos, pymes y clases medias. Y, sin embargo, más de 4.000 personas viven sin hogar en una región que se permite el lujo de financiar cursos para “cuidados transfeministas”, mediadores interculturales en euskera o festivales de cine independentista. No hay dinero para erradicar el chabolismo, pero sí para sostener chiringuitos ideológicos de dudosa utilidad pública. Sr. Pradales: ¿esto también es un invento de la "ultraderecha"?

El problema no es técnico. Es político. Y moral. Durante años, se ha priorizado el clientelismo sobre las necesidades básicas. Se han construido relatos buenistas en lugar de viviendas. Se ha invertido en propaganda institucional mientras la realidad se caía a pedazos. ¿Qué clase de país —qué clase de Gobiernos— tolera que haya barrios sin agua caliente y, al mismo tiempo, apruebe transferencias millonarias para financiar "cátedras decoloniales" o subvenciones a asociaciones que promueven la okupación?

Mientras la Ministra de Vivienda comparece entre aplausos para hablar de “cohesión territorial”, las cifras desmienten su narrativa: más de 600.000 viviendas hacen falta para cubrir la demanda de aquí a 2026, según el Banco de España. ¿Y cuántas se construyen al año? Apenas 100.000. El mercado está roto. Y el Estado, ausente. O peor: interviniendo para empeorar aún más las cosas.

El chabolismo no es un fallo del sistema. Es el síntoma de una decadencia. Una señal de que las prioridades políticas están profundamente corrompidas. No es progresismo tolerar que miles de ciudadanos vivan como en el siglo XIX mientras se anuncian macroplanes “verdes” que nadie entiende. No es solidaridad cerrar los ojos ante el sufrimiento de compatriotas mientras se lanza dinero a fondos opacos con fines ideológicos.

España se encamina hacia una fractura social profunda. Y el País Vasco, pese a su riqueza, no es una excepción: es un ejemplo de cómo el nacionalismo de salón y el socialismo de moqueta han construido un sistema que funciona solo para los que están dentro de sus chiringuitos.

Los olvidados de hoy no votan. Pero mañana hablarán. Y entonces, no pocos se llevarán las manos a la cabeza porque viene "la ultraderecha".