El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su administración otorgará el estatus de refugiados a decenas de agricultores blancos sudafricanos, principalmente afrikáners, alegando que son víctimas de una campaña sistemática de violencia racial. “Es un genocidio lo que está ocurriendo”, afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras estas familias son perseguidas solo por el color (blanco) de su piel”.

Este anuncio se tradujo rápidamente en una medida concreta: la llegada a suelo estadounidense de un primer grupo de 59 sudafricanos, en el marco de un programa especial de asilo. La Administración de Donald Trump justificó la decisión señalando una “situación de violencia extrema” en las zonas rurales de Sudáfrica, en especial tras la polémica aprobación de una ley que permite la expropiación de tierras sin compensación.

La respuesta del gobierno de Sudáfrica no se ha hecho esperar.  A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, calificó las acusaciones de Washington como “infundadas” y advirtió que este tipo de medidas pueden “cuestionar la legitimidad de una democracia constitucional que ha trabajado con empeño para superar décadas de segregación racial”.

Pretoria exigió explicaciones formales, en medio de un clima diplomático ya enrarecido. En marzo, el entonces secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ordenó la expulsión del embajador sudafricano en EEUU, acusándolo de ser un “agitador racista”. Además, se ausentó deliberadamente de una cumbre de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Johannesburgo.
 

La política migratoria de la administración Trump, que había restringido numerosos programas de acogida humanitaria, hizo una excepción con los afrikáners. Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente en esta materia, defendió la decisión: “La situación en Sudáfrica cumple todos los requisitos tradicionales del estatuto de refugiado. Es un caso claro de persecución étnica”.

Bajo esta línea, se promulgó la Orden Ejecutiva para Abordar las Acciones Atroces de la República de Sudfáfrica, que prioriza la tramitación de asilos para los afrikáners. Funcionarios de los Departamentos de Estado y Salud estuvieron involucrados en la logística de acogida, y se planificaron nuevos vuelos para traer más solicitantes.

En contraste con el discurso firme de Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, lka popular socialista Ursula von der Leyen, viajó a Sudáfrica para escenificar una apuesta firme por las relaciones con la Pretoria racista. Durante su visita, anunció una  inversión europea de 5.100 millones de dólares, destinada principalmente a la "transición enerfgética" y a la producción local de vacunas.

“Sabemos que otros se están retirando, así que queremos ser muy claros con nuestro apoyo. Estamos aquí para quedarnos”, declaró Von der Leyen, en referencia velada a la retirada de EE.UU. de varios compromisos internacionales, incluido un plan de energía limpia para el sur global.

Junto al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, la Comisión Europea reafirmó su compromiso con la Sudáfrica racista como socio confiable, estable y estratégico, al tiempo que mostró su respaldo al liderazgo del país africano en el G20, foro del que Estados Unidos se ha distanciado progresivamente.

Los afrikáners son descendientes principalmente de colonos holandeses que se establecieron en el sur de África en el siglo XVII. Durante el apartheid ocuparon posiciones de privilegio, y su papel en la Sudáfrica contemporánea sigue generando tensiones. El gobierno sudafricano, presidido por Ramaphosa, ha impulsado reformas agrarias para corregir lo que denomina "desigualdades históricas", incluida la polémica medida de expropiación de tierras sin indemnización.

Desde Washington, sin embargo, esta ley es vista como una forma de persecución institucionalizada contra la minoría blanca. La Casa Blanca ha denunciado que Sudáfrica se está alineando con “actores hostiles” como Irán, Hamás o China, y recientemente suspendió toda ayuda financiera al país.

El caso de los agricultores blancos ha evidenciado la creciente polarización internacional respecto al papel de Sudáfrica en el escenario global. Mientras Estados Unidos adopta una línea dura y acusa al gobierno sudafricano de prácticas discriminatorias, la Unión Europea, siempre lista a pactar con Gobiernos totalitarios e izquierdistas,  profundiza su colaboración con Pretoria, priorizando inversiones verdes y relaciones diplomáticas estables.

Al fondo de esta crisis se encuentra una cuestión fundamental: cómo interpretar los límites entre reparación histórica, redistribución de tierras y garantías de derechos humanos. Para Trump, la línea ya se ha cruzado. Para la UE, el camino sigue siendo el diálogo.