La Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) junto al European Policy Information Center (Epicenter) y el Institute of Economic Affairs (IEA), ha publicado la sexta edición del "Índice del Estado Niñera". Este informe ofrece una clasificación detallada de 29 países europeos basada en el grado de intervencionismo gubernamental en las decisiones de consumo de alimentos, alcohol, refrescos y nicotina por parte de sus ciudadanos. 

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El panorama que emerge de la edición 2025 es el de una Europa cada vez más restrictiva, donde las regulaciones sobre el alcohol, el tabaco, los alimentos y, de manera especialmente significativa, los productos de nicotina, se intensifican. Sin embargo, el estudio va más allá de la mera clasificación y lanza un serio interrogante sobre la efectividad real de estas políticas paternalistas para mejorar la salud de la población y sobre los costes que imponen a la sociedad.

Los resultados del Índice del Estado Niñera 2025 dibujan un mapa europeo de contrastes regulatorios. Turquía (con 47.2 puntos sobre 100) repite en la primera posición como el país más restrictivo, caracterizado por una política fiscal agresiva y amplias prohibiciones. Le siguen de cerca Lituania (42.8 puntos) y Finlandia (37.8 puntos), que también obtienen puntuaciones elevadas en la mayoría de las categorías analizadas, consolidando un bloque de naciones con un fuerte enfoque paternalista. Otros países que figuran en el 'top 10' de los más intervencionistas incluyen a Hungría, Irlanda, Letonia y, notablemente, el Reino Unido, que regresa a este grupo con una puntuación de 31.7 puntos y con perspectivas de aumentar su intervencionismo.

En el extremo opuesto de la tabla, Alemania se mantiene como el país menos intervencionista de los 29 analizados, con una puntuación de tan solo 11.7 puntos. Le acompañan en este grupo de naciones con menor carga regulatoria Luxemburgo (12.4 puntos) e Italia (13.5 puntos). España, con 15.9 puntos, se sitúa en el puesto 25, lo que la coloca entre los países con un entorno regulatorio relativamente más favorable para el consumidor. No obstante, el informe lanza una advertencia sobre España, señalando la reciente introducción de un impuesto sobre el vapeo y las propuestas gubernamentales para prohibir de facto las bolsitas de nicotina y los sabores de los cigarrillos electrónicos, medidas que, de implementarse, podrían deteriorar su posición en futuras ediciones del índice.

El argumento central que recorre este índice es la falta de evidencia sólida que respalde la premisa de que un mayor intervencionismo estatal se traduce directamente en una mejora de la salud pública o un aumento de la longevidad. El informe presenta datos que indican que no existe una correlación estadísticamente significativa entre las puntuaciones obtenidas por los países en el índice y sus tasas de esperanza de vida.  De manera similar, el estudio no encuentra una relación clara entre la severidad de las políticas de control del tabaco y la prevalencia del tabaquismo, ni entre las restricciones al alcohol y los niveles de consumo de bebidas alcohólicas. Estos hallazgos sugieren que las políticas del 'Estado niñera', a menudo implementadas con la promesa de proteger a los ciudadanos de sí mismos, podrían no estar alcanzando sus objetivos declarados en términos de resultados sanitarios.

Además, el informe dedica una atención considerable a los costes y consecuencias no deseadas de estas políticas. Los 'impuestos al pecado', como los que gravan el alcohol, el tabaco o las bebidas azucaradas, tienen un impacto desproporcionadamente mayor en las rentas más bajas, elevando el coste de la vida y exacerbando las desigualdades. Los precios elevados artificialmente también pueden fomentar el desarrollo de mercados negros y actividades ilícitas, con la consiguiente corrupción y pérdida de ingresos fiscales. Las prohibiciones de publicidad, argumenta el informe, restringen la competencia y ahogan la innovación. Finalmente, la proliferación de regulaciones complejas y detalladas genera una burocracia extensa y desvía recursos que podrían emplearse de manera más eficiente.

En un contexto de creciente intervencionismo, el Índice del Estado Niñera representa una aportación clave al debate público y político sobre el papel del Estado y los límites legítimos de su intervención en las decisiones individuales, según sostienen sus autores. Reafirmándose como una voz crucial que aboga por la libertad del consumidor y un enfoque más racional y basado en la evidencia para las políticas de salud pública.