Mientras la Justicia envía a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, la presión judicial sobre el entorno del radcial Pedro Sánchez, aumenta. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado ahora una querella contra Miguel Ángel Gómez Fernández, cuñado del jefe del Ejecutivo, por su presunta implicación en un delito de tráfico de influencias.

Según el escrito, presentado ante los tribunales y adelantado por La Razón, Gómez Fernández habría aprovechado su vínculo familiar con Begoña Gómez —esposa del presidente— para favorecer económicamente a la productora audiovisual Vancouver Media, empresa en la que desempeñó un alto cargo.

La querella destaca que la relación profesional de Gómez Fernández con Vancouver Media se inició apenas cuatro meses después de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia en 2018. Desde entonces, ejerció como responsable del área de Postproducción, con funciones de dirección y responsabilidad sobre decisiones técnicas y presupuestarias.

Durante su etapa en la compañía, esta habría recibido deducciones fiscales por un total de 16,3 millones de euros entre 2018 y 2021, a través de beneficios fiscales destinados a "producciones cinematográficas extranjeras", a pesar de que Vancouver Media es una productora nacional.

Abogados Cristianos también señala que en 2019, ya con Gómez en plantilla, el Ministerio de Hacienda habría concedido a la empresa una ayuda de 4,3 millones de euros, lo que le habría permitido esquivar el pago del Impuesto de Sociedades. En 2021, la Agencia Tributaria habría transferido otros 12 millones de euros, de los cuales Vancouver sólo aplicó 1,8 millones a su liquidación fiscal, solicitando la devolución del resto: 10,2 millones.

La querella remarca que en esos mismos años, la productora distribuyó importantes dividendos entre sus socios: más de 5,3 millones de euros en 2019 y más de 2,6 millones en 2021. Además, según la denuncia, desde la llegada de Gómez Fernández a la empresa, Vancouver Media habría dejado de pagar las tarifas correspondientes al uso de instalaciones públicas para rodajes, tras haber abonado anteriormente más de 42.000 euros por ese concepto.

Abogados Cristianos considera que estos datos podrían constituir indicios de un aprovechamiento ilícito del entorno familiar del presidente para la obtención de ventajas económicas indebidas.