Ha llegado la hora de cerrar la ONU: un experimento fracasado al servicio del globalismo socialista autoritario
Durante décadas, la Organización de las Naciones Unidas fue vista como un símbolo de cooperación internacional y diplomacia multilateral. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la realidad es insoslayable: la ONU se ha convertido en una estructura obsoleta, disfuncional y, lo que es más grave, peligrosamente alineada con una agenda ideológica socialista que atenta contra las naciones libres, la soberanía popular y los principios fundamentales del derecho internacional.
Ya no estamos ante un foro neutral que media en los conflictos del mundo. Estamos ante una maquinaria ideológica al servicio del globalismo socialista autoritario, sumisa ante las dictaduras y hostil hacia las democracias. La ONU ya no defiende los derechos humanos: los instrumentaliza para avanzar una agenda sesgada, antipatriótica y, en muchos casos, profundamente totalitaria.
La connivencia de la ONU con el régimen comunista de China es uno de los síntomas más alarmantes de su deriva. Desde permitir que Pekín manipule organismos clave como la Organización Mundial de la Salud —basta recordar su opacidad durante la pandemia de Covid-19— hasta su silencio ante el genocidio cultural del pueblo uigur, la ONU actúa más como un portavoz del Partido Comunista Chino que como un garante de los derechos universales.
Del mismo modo, el sistema de la ONU ha sido infiltrado por intereses islamistas que han encontrado en organismos como el Consejo de Derechos Humanos un altavoz para su propaganda. Países con regímenes teocráticos y liberticidas dictan resoluciones que promueven la "islamofobia" como crimen internacional, mientras persiguen a minorías religiosas en sus propios territorios. En este marco, uno de los aspectos más escandalosos del sistema onusiano es su obsesión enfermiza con Israel. El único Estado democrático de Oriente Medio es sometido a una campaña constante de condenas, informes y sanciones, mientras que dictaduras y organizaciones terroristas son tratadas con indulgencia. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde la imparcialidad? La ONU ha dejado de ser árbitro para convertirse en parte (activa) del conflicto.
La ONU no representa al pueblo. Representa a las élites burocráticas de un sistema totalitario cerrado, costoso y opaco. Sus resoluciones no emanan de un mandato democrático sino de acuerdos diplomáticos entre regímenes de toda naturaleza, muchos de ellos autoritarios. Sus cargos son ocupados por tecnócratas que no rinden cuentas a nadie, pero que imponen políticas globales que afectan a millones de personas.
El caso más evidente de esta deriva ideológica es la Agenda 2030. Bajo el pretexto de objetivos “sostenibles” y promesas de desarrollo inclusivo, esta agenda impone una visión del mundo profundamente intervencionista, contraria a la soberanía nacional, a las libertades económicas y a los valores tradicionales. La Agenda 2030 no es una hoja de ruta para mejorar la vida de los ciudadanos, sino una imposición tecnocrática diseñada para uniformizar culturas, reeducar sociedades y concentrar el poder en manos de organismos supranacionales. La ONU no propone —dicta—, y quien se opone a su dogma verde, igualitario o identitario es rápidamente estigmatizado como reaccionario o enemigo del progreso.
Ha llegado el momento de plantearse seriamente el cierre de la ONU. No se trata de abandonar la cooperación internacional, sino de construir un nuevo modelo que respete la soberanía de los pueblos, que defienda la libertad individual, que combata sin ambigüedades a las dictaduras y que represente de verdad los intereses de las democracias. Un modelo que no esté al servicio del globalismo ideológico, de la ingeniería social o de los lobbies internacionales que operan bajo el disfraz del multilateralismo.
Cerrar la ONU no sería una derrota. Sería una liberación. Sería el primer paso hacia una nueva arquitectura internacional que recupere lo que la ONU ha traicionado: la dignidad, la verdad y la libertad.
Durante décadas, la Organización de las Naciones Unidas fue vista como un símbolo de cooperación internacional y diplomacia multilateral. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la realidad es insoslayable: la ONU se ha convertido en una estructura obsoleta, disfuncional y, lo que es más grave, peligrosamente alineada con una agenda ideológica socialista que atenta contra las naciones libres, la soberanía popular y los principios fundamentales del derecho internacional.
Ya no estamos ante un foro neutral que media en los conflictos del mundo. Estamos ante una maquinaria ideológica al servicio del globalismo socialista autoritario, sumisa ante las dictaduras y hostil hacia las democracias. La ONU ya no defiende los derechos humanos: los instrumentaliza para avanzar una agenda sesgada, antipatriótica y, en muchos casos, profundamente totalitaria.
La connivencia de la ONU con el régimen comunista de China es uno de los síntomas más alarmantes de su deriva. Desde permitir que Pekín manipule organismos clave como la Organización Mundial de la Salud —basta recordar su opacidad durante la pandemia de Covid-19— hasta su silencio ante el genocidio cultural del pueblo uigur, la ONU actúa más como un portavoz del Partido Comunista Chino que como un garante de los derechos universales.
Del mismo modo, el sistema de la ONU ha sido infiltrado por intereses islamistas que han encontrado en organismos como el Consejo de Derechos Humanos un altavoz para su propaganda. Países con regímenes teocráticos y liberticidas dictan resoluciones que promueven la "islamofobia" como crimen internacional, mientras persiguen a minorías religiosas en sus propios territorios. En este marco, uno de los aspectos más escandalosos del sistema onusiano es su obsesión enfermiza con Israel. El único Estado democrático de Oriente Medio es sometido a una campaña constante de condenas, informes y sanciones, mientras que dictaduras y organizaciones terroristas son tratadas con indulgencia. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde la imparcialidad? La ONU ha dejado de ser árbitro para convertirse en parte (activa) del conflicto.
La ONU no representa al pueblo. Representa a las élites burocráticas de un sistema totalitario cerrado, costoso y opaco. Sus resoluciones no emanan de un mandato democrático sino de acuerdos diplomáticos entre regímenes de toda naturaleza, muchos de ellos autoritarios. Sus cargos son ocupados por tecnócratas que no rinden cuentas a nadie, pero que imponen políticas globales que afectan a millones de personas.
El caso más evidente de esta deriva ideológica es la Agenda 2030. Bajo el pretexto de objetivos “sostenibles” y promesas de desarrollo inclusivo, esta agenda impone una visión del mundo profundamente intervencionista, contraria a la soberanía nacional, a las libertades económicas y a los valores tradicionales. La Agenda 2030 no es una hoja de ruta para mejorar la vida de los ciudadanos, sino una imposición tecnocrática diseñada para uniformizar culturas, reeducar sociedades y concentrar el poder en manos de organismos supranacionales. La ONU no propone —dicta—, y quien se opone a su dogma verde, igualitario o identitario es rápidamente estigmatizado como reaccionario o enemigo del progreso.
Ha llegado el momento de plantearse seriamente el cierre de la ONU. No se trata de abandonar la cooperación internacional, sino de construir un nuevo modelo que respete la soberanía de los pueblos, que defienda la libertad individual, que combata sin ambigüedades a las dictaduras y que represente de verdad los intereses de las democracias. Un modelo que no esté al servicio del globalismo ideológico, de la ingeniería social o de los lobbies internacionales que operan bajo el disfraz del multilateralismo.
Cerrar la ONU no sería una derrota. Sería una liberación. Sería el primer paso hacia una nueva arquitectura internacional que recupere lo que la ONU ha traicionado: la dignidad, la verdad y la libertad.
