Una nueva rendición del Estado: cuando los asesinos etarras pasean libres por nuestras calles
Es difícil encontrar palabras nuevas que no estén ya desgarradas por la repetición, rabia y el desprecio. Henri Parot, autor de 26 atentados y responsable directo del asesinato de 39 personas —entre ellas cinco niños—, pasea hoy fuera de la cárcel con la complicidad burocrática del Estado domeñado por la extrema izquierda socialista. No es un error. No es un desliz del sistema. Es una estrategia.
La concesión de permisos a uno de los más sanguinarios verdugos de ETA, que además no ha mostrado el menor atisbo de arrepentimiento, es un escándalo, uno más, de proporciones morales y políticas insoportables. El mensaje que se envía a la sociedad es claro: asesinar tiene premio, si lo haces por las “causas adecuadas”.
Desde que el PSOE colaboracionista entregó la gestión de las cárceles vascas al Gobierno autonómico, en un pacto infame con Bildu —el brazo político de quienes nunca han condenado a sus antecesores con las armas—, la maquinaria del blanqueamiento de los asesinos se ha acelerado. No es casual que Parot haya obtenido sus permisos en Martutene, prisión donostiarra gestionada ahora indirectamente por los mismos que homenajean a los etarras en sus pueblos. Es una forma de reescribir la historia: convertir al asesino en víctima y al Estado en cómplice vergonzoso de los criminales.
¿Dónde queda la justicia cuando los tribunales permiten que un terrorista condenado a casi 4.800 años de prisión salga a la calle? ¿Qué valor tiene la memoria de las víctimas si se profana con cada permiso concedido? ¿Qué país puede mirar a los ojos de los hijos de cientos de asesinados por la banda terrorista ETA y explicarles que su asesino “merece una segunda oportunidad”?
Henri Parot no ha pagado por lo que hizo. Porque nadie puede pagar con cárcel la vida de 39 inocentes. Pero al menos debería habérsele negado el premio de la normalización. La prisión no es venganza. Es justicia. Y la justicia exige memoria, verdad y firmeza. Cualquier paso que se aleje de esa línea es una traición.
Los políticos y los tecnócratas indecentes que avalan estas medidas —desde el Gobierno central hasta los responsables autonómicos— son responsables directos de esta ignominia. No pueden escudarse en la legalidad, porque las leyes también se interpretan, se aplican y se reforman. Lo que falta es voluntad. Lo que sobra es cobardía y complicidad.
España asiste hoy a una nueva forma de rendición: la de su dignidad democrática frente al chantaje de los herederos del terror. La historia no olvidará. Y muchos tampoco perdonaremos.
Es difícil encontrar palabras nuevas que no estén ya desgarradas por la repetición, rabia y el desprecio. Henri Parot, autor de 26 atentados y responsable directo del asesinato de 39 personas —entre ellas cinco niños—, pasea hoy fuera de la cárcel con la complicidad burocrática del Estado domeñado por la extrema izquierda socialista. No es un error. No es un desliz del sistema. Es una estrategia.
La concesión de permisos a uno de los más sanguinarios verdugos de ETA, que además no ha mostrado el menor atisbo de arrepentimiento, es un escándalo, uno más, de proporciones morales y políticas insoportables. El mensaje que se envía a la sociedad es claro: asesinar tiene premio, si lo haces por las “causas adecuadas”.
Desde que el PSOE colaboracionista entregó la gestión de las cárceles vascas al Gobierno autonómico, en un pacto infame con Bildu —el brazo político de quienes nunca han condenado a sus antecesores con las armas—, la maquinaria del blanqueamiento de los asesinos se ha acelerado. No es casual que Parot haya obtenido sus permisos en Martutene, prisión donostiarra gestionada ahora indirectamente por los mismos que homenajean a los etarras en sus pueblos. Es una forma de reescribir la historia: convertir al asesino en víctima y al Estado en cómplice vergonzoso de los criminales.
¿Dónde queda la justicia cuando los tribunales permiten que un terrorista condenado a casi 4.800 años de prisión salga a la calle? ¿Qué valor tiene la memoria de las víctimas si se profana con cada permiso concedido? ¿Qué país puede mirar a los ojos de los hijos de cientos de asesinados por la banda terrorista ETA y explicarles que su asesino “merece una segunda oportunidad”?
Henri Parot no ha pagado por lo que hizo. Porque nadie puede pagar con cárcel la vida de 39 inocentes. Pero al menos debería habérsele negado el premio de la normalización. La prisión no es venganza. Es justicia. Y la justicia exige memoria, verdad y firmeza. Cualquier paso que se aleje de esa línea es una traición.
Los políticos y los tecnócratas indecentes que avalan estas medidas —desde el Gobierno central hasta los responsables autonómicos— son responsables directos de esta ignominia. No pueden escudarse en la legalidad, porque las leyes también se interpretan, se aplican y se reforman. Lo que falta es voluntad. Lo que sobra es cobardía y complicidad.
España asiste hoy a una nueva forma de rendición: la de su dignidad democrática frente al chantaje de los herederos del terror. La historia no olvidará. Y muchos tampoco perdonaremos.
