Los pasillos de Bruselas susurran una verdad incómoda. Dos funcionarios europeos, veteranos en los entresijos energéticos del continente, lo confirman en conversaciones reservadas: el gran apagón del pasado 28 de abril que dejó sin luz a millones de europeos podría haber sido el resultado de un experimento "verde" llevado a cabo por el Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez que se torció.  No fue un fallo técnico cualquiera. No fue un ciberataque. Fue, según gana fuerza esta hipótesis, el precio de jugar con fuego: forzar el sistema eléctrico hasta sus límites para demostrar cuánta energía renovable podía soportar la red antes de colapsar.

La Comisión Europea mantiene su postura oficial: no opina hasta que no llegue el informe independiente que España debe entregar en tres meses. Pero su silencio habla por sí solo. Cuando The Telegraph publicó la semana pasada que "las autoridades estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara", Bruselas no lo desmintió. Ana Kaisa Itkonen, portavoz del ejecutivo comunitario, se escuda en la prudencia institucional: "La Comisión no emitirá ninguna opinión hasta que no conozca los resultados de esa investigación independiente". Pero entre líneas, el mensaje es claro: esta teoría está sobre la mesa.

El contexto lo explica todo. España se enfrenta a un reto tan absurdo como titánico: eliminar gradualmente sus reactores nucleares a partir de 2027. Para compensar esa pérdida energética masiva, el Ejecutivo socialista necesitaba demostrar que las renovables podían sostener el sistema. Y según las fuentes consultadas por el diario británico, ese habría sido precisamente el objetivo del experimento fallido.

"Evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables", rezaba la información. El problema es que la respuesta llegó de la forma más dramática posible: con un apagón que se extendió por tres países, afectó a millones de personas y puso en jaque la estabilidad energética europea.

ENTSO-E, el organismo que agrupa a los gestores de las grandes redes eléctricas europeas, lidera la investigación oficial. Diez empresas de siete países diferentes, desde la alemana Amprion hasta la italiana Terna, buscan respuestas. Pero según fuentes creíbles, no están contentos con la colaboración española.

Desde el 9 de mayo, cuando arrancó la investigación, en ENTSO-E habrían percibido que las autoridades españolas "prefieren tapar el asunto" y no muestran la agilidad esperada para facilitar los datos cruciales. Una acusación grave que, por ahora, nadie confirma ni desmiente oficialmente.

En la España socialista, la proliferación de equipos investigadores resulta reveladora. El Gobierno ha creado dos grupos diferenciados: uno técnico-energético bajo el Ministerio de Transición Ecológica, otro centrado en ciberseguridad desde Transformación Digital. El Congreso y el Senado han sumado sus propias comisiones.

Demasiadas investigaciones para un solo apagón. Y ninguna con el sello de "independiente" que exige la legislación europea, lo que alimenta las sospechas sobre las verdaderas intenciones: ¿buscar la verdad o diluir responsabilidades?

El diagnóstico desde Bruselas es demoledor: mientras Europa necesita saber qué pasó para evitar que vuelva a suceder, España parece más interesada en "escapar de las responsabilidades antes que identificar éstas".

La ironía es cruel. Si el apagón fue realmente el resultado de un experimento para acelerar la transición energética, el precio de esa ambición se pagó con la credibilidad del sistema y la confianza de millones de europeos que, durante horas, se quedaron literalmente a oscuras.

El 28 de abril puede haber marcado un antes y un después en la historia energética europea. La pregunta que flota en el aire de Bruselas es inquietante: ¿merecía la pena el riesgo?