Las principales asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil han exigido una condena pública y explícita, tanto por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como de la directora general del Cuerpo, Mercedes González, ante las "presiones injustificadas" que está recibiendo la Unidad Central Operativa (UCO). Según denuncian, estas presiones provienen de personas investigadas, de mediadores políticos y desde el propio Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

En un comunicado, las asociaciones alertan del malestar creciente entre los agentes y advierten de que el silencio del Ministerio del Interior y de la Dirección General “no es neutral”. “Deja en una posición de vulnerabilidad a nuestros compañeros y transmite una preocupante falta de liderazgo y compromiso con la defensa de la Guardia Civil”, afirman.

Recuerdan que la Guardia Civil, como institución del Estado, “debe situarse por encima de intereses espurios” y subrayan la urgencia de proteger su independencia. “Esa tarea atañe directamente tanto al ministro del Interior como a la directora general”, insisten.

Las asociaciones también hacen hincapié en el alto nivel de confianza que los ciudadanos mantienen en la Guardia Civil, “por su rigor, solvencia y profesionalidad”, y advierten de que el deterioro de su autonomía podría tener consecuencias graves para la igualdad ante la ley.

“En un Estado de Derecho no deben existir distinciones, sea cual sea la persona investigada”, señalan. “Las presiones políticas, unidas a la proliferación de noticias falsas, atentan contra el principio de igualdad y no favorecen el correcto desarrollo de las investigaciones”.