Por primera vez en democracia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a un proceso penal que podría llevarle al banquillo. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, lo ha procesado junto a la fiscal provincial Pilar Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos. La investigación apunta a que ambos participaron en la filtración de un correo confidencial enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el contexto de una negociación penal.

Según el auto judicial, García Ortiz habría actuado por indicaciones de la Presidencia del Gobierno, lo que salpica directamente a Moncloa. El documento judicial detalla que el fiscal general, tras conocer una información publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024, se lanzó a coordinar una respuesta desde la Fiscalía. A las 21:29 de ese día, comenzó un intercambio de mensajes con otros fiscales para controlar el relato público, negando que hubiera existido una oferta de pacto penal por parte del Ministerio Público.

Fue entonces cuando García Ortiz solicitó, a través de Pilar Rodríguez, los correos intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado defensor. Uno de esos correos, fechado el 2 de febrero de 2024, confirmaba la voluntad de su cliente de reconocer dos delitos fiscales y reparar el daño causado. Dicho mensaje fue reenviado por Rodríguez al correo personal de García Ortiz, y este, según el juez, lo filtró a la Cadena SER. La emisora difundió su contenido esa misma noche en Hora 25, antes de su publicación íntegra en la web.

El magistrado detalla que con ese material, García Ortiz y Rodríguez prepararon una nota oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, publicada el 14 de marzo, que incluía fragmentos del correo confidencial. Además, se señala que una copia del mismo fue enviada a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, quien habría ordenado al portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, mostrarlo públicamente ese mismo día durante una intervención parlamentaria contra Ayuso.

El juez recalca que el contenido del correo de febrero, que incluía datos sensibles de un ciudadano, estaba protegido por la confidencialidad propia de las comunicaciones entre abogado y fiscal. Su divulgación —sin autorización del afectado— vulnera, según el instructor, la intimidad personal y pone en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal.

Entre las pruebas recogidas destacan los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en los despachos de ambos fiscales, la incautación de dispositivos electrónicos y las declaraciones de testigos. El juez apunta que García Ortiz borró toda la información de sus dispositivos, lo que impidió recuperar posibles evidencias.

La Fiscalía General del Estado ha salido en defensa de García Ortiz. En un comunicado oficial, el fiscal reafirma su inocencia y su intención de seguir en el cargo. La ley no obliga a su dimisión tras la apertura de esta causa judicial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado su “plena confianza” en el fiscal general, al que calificó de “servidor público ejemplar”. Bolaños negó rotundamente que Moncloa diera instrucciones a la Fiscalía y criticó que el juez hiciera tal afirmación “sin base probatoria”.

El Gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, mantiene su respaldo  García Ortiz. Según Bolaños, “en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia debe prevalecer”, añadiendo que el auto del juez Hurtado aún no es firme y puede ser recurrido.