La jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa por la presunta contratación fraudulenta de David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— en la Diputación de Badajoz, ha acusado abiertamente al líder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de maniobrar al margen de la legalidad para esquivar la justicia ordinaria.

En una exposición razonada de 102 páginas, la magistrada denuncia lo que califica como un “fraude de ley”: un plan preconcebido y ejecutado para blindar judicialmente a Gallardo, ex presidente de la Diputación provincial. Según el auto, Gallardo habría forzado la dimisión de cinco candidatos socialistas mejor situados en la lista electoral para asegurarse un escaño como diputado autonómico y acogerse así al aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Una estrategia que, según Biedma, tiene como único fin eludir su comparecencia ante los tribunales ordinarios.

Aunque la jueza se ha visto obligada a remitir la causa al TSJEx, deja en manos de sus magistrados la decisión de aceptar o rechazar esta maniobra, que a su juicio choca de lleno con el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma ordena a jueces y tribunales rechazar, con base fundada, cualquier incidente procesal que suponga un abuso de derecho o incurra en fraude legal.

Biedma ya había solicitado que Gallardo fuera procesado por su papel directo en la designación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de música de la provincia. La contratación, bajo su presidencia en la Diputación, habría sido una operación diseñada ad hoc y cargada de irregularidades.

Pero más allá del caso concreto, la jueza lanza un reproche demoledor tanto al acusado como al Partido Socialista por permitir y avalar un aforamiento a medida, instrumentalizado para fines personales. “Parece haberse olvidado que cualquier persona que ocupe un cargo público debe servir al interés general y anteponerlo a cualquier conveniencia personal”, escribe Biedma. Y recuerda los fundamentos clásicos de la democracia: el buen gobernante debe ser ejemplar y someter su conducta al interés público, no escudarse en los privilegios del cargo para evitar rendir cuentas.

La magistrada subraya que el aforamiento, concebido para proteger el ejercicio de determinadas funciones públicas, no puede transformarse en un refugio legal para eludir responsabilidades. “No es admisible —advierte— que, en un Estado democrático, se utilicen las instituciones y sus prerrogativas para fines particulares”.

El caso no solo pone bajo los focos el posible nepotismo que rodea al entorno más cercano de Pedro Sánchez, sino que cuestiona de forma directa el uso espurio de los mecanismos de protección institucional. Si el TSJEx valida esta estrategia, sentaría un precedente inquietante: que un acusado con influencia política pueda alterar las listas electorales a su conveniencia para evitar el juicio al que cualquier ciudadano estaría obligado.

En un país con instituciones sanas, esta maniobra debería haber generado escándalo político y dimisiones inmediatas. En el actual contexto español, sin embargo, reina el silencio cómplice de quienes entienden el poder como una coraza y no como una responsabilidad.