El hedor es insoportable. España vive, una vez más, un episodio de podredumbre institucional provocado por quienes deberían proteger la ley, servir al bien común y honrar la democracia. Hoy, el Partido Socialista Obrero Español, que ocupa el Gobierno de la nación representado por un tirano como Pedro Sánchez, se enfrenta no solo a una crisis judicial, sino a una degradación moral que deslegitima por completo su permanencia en el poder.

La Guardia Civil, a través de un informe demoledor de su Unidad Central Operativa (UCO), ha descrito lo que solo puede calificarse como una presunta organización criminal incrustada en la cúpula del PSOE, con ramificaciones que alcanzan al mismísimo secretario de Organización de este partido, Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a la mismísima presidencia del Gobierno. Hablamos de grabaciones, de pagos en sobres, de adjudicaciones amañadas, de tráfico de influencias y de corrupción institucionalizada.

No son insinuaciones. No son rumores. Son hechos documentados por los investigadores de la Guardia Civil, que con valentía, rigor y profesionalidad han levantado el velo de silencio que la maquinaria de propaganda del poder ha intentado imponer. España debe a estos agentes el agradecimiento de un país que aún desea seguir siendo una democracia. Mientras tanto, Pedro Sánchez, como los cobardes pillados con las manos en la masa, guarda silencio. Su partido, salpicado desde Navarra a Madrid, desde Ferraz hasta La Moncloa, niega la mayor, al tiempo que maniobra con cinismo para aferrarse al poder a cualquier precio, sostenido por los herederos de ETA, por golpistas, por prófugos de la justicia y por socios cuya única finalidad es destruir el orden constitucional.

Estamos ante una situación límite. El Gobierno de España no puede seguir en manos de un partido sobre el que pesan sospechas fundadas de corrupción estructural. La política no puede consistir en resistir hasta el último aliento mientras el país se desangra en descrédito, manipulación y saqueo de recursos públicos.

Frente a este escenario, urge una moción de censura. Es momento de que las fuerzas políticas y los diputados que aún creen en el Estado de Derecho, en la transparencia y en la limpieza democrática actúen con responsabilidad. Y si el Parlamento no está dispuesto a hacerlo, que lo haga el pueblo español: elecciones generales anticipadas, ya.

No hay regeneración posible sin asumir responsabilidades políticas. No hay reconciliación con la verdad sin consecuencias institucionales. Y no hay futuro para una nación que permite que el poder se convierta en impunidad.
O España reacciona o el PSOE convertirá esta legislatura en el funeral de nuestra democracia.