“En dos ocasiones hemos preguntado a la consejera vasca de Educación sobre el retraso en la publicación del informe PISA 2022 y en dos ocasiones nos ha mentido”. Así se ha manifestado Amaia Martínez tras comprobar que en la respuesta del Gobierno Vasco a una solicitud de información de Vox en el Parlamento Vasco, la señora Begoña Pedrosa asegura que el informe en cuestión ya está publicado, “siendo plenamente consciente de que no es así”.

Este es el motivo por el que la parlamentaria vasca de Vox ha presentado un recurso de amparo a la Mesa del Parlamento Vasco porque “con su negativa a responder a las dos preguntas y a su vez, a enviar el Informe PISA 2022, se está infringiendo el artículo 23ª de la Constitución que comporta una vulneración del derecho a la información que asiste a un parlamentario en el ejercicio de su labor”.

“Nos encontramos ante un derecho fundamental que se inserta dentro del haz de derechos parlamentarios, como un derecho instrumental al servicio de las funciones que la Constitución concede al Parlamento, principalmente, el impulso y control de la acción de gobierno. Por tanto, se concibe como un ius in officium del cargo público representativo”, apunta Amaia Martínez. «Se trata de un derecho fundamental, un derecho-función, que se anuda a la representación política».

“No nos cabe la menor duda de que la consejera tiene en su poder el informe en cuestión y que lo mantiene oculto porque los datos recogidos en él certifican, una vez más, el deterioro del sistema educativo vasco, los resultados académicos cada vez peores en áreas fundamentales como ciencias, matemáticas e idiomas”, asegura la parlamentaria vasca de Vox.

De hecho, y como recoge el partido en su recurso de amparo, ya en 2023 quien entonces era consejero de Educación hizo referencia a los resultados del informe PISA 2022, algo de lo que se hicieron eco diferentes medios de comunicación con titulares del tipo “Bildarratz enmarca la caída de Euskadi en PISA en un bajón generalizado en toda Europa” o “Bildarratz afirma que es “consciente” de que hay que mejorar la comprensión lectora de los alumnos vascos”. Prueba evidente de que el informe existe, «de que el Gobierno Vasco prefiere que no se sepa nada acerca de su contenido».

Amaia Martínez considera que esta es una forma irresponsable de gestionar un sistema educativo lastrado por la imposición del euskera y que no respeta el derecho de las familias a elegir el modelo lingüístico en el que sus hijos cursen sus estudios. “Además, ahora intenta eludir su responsabilidad ocultando la existencia del problema. Si no hay informe, no hay nada que resolver, aunque el Gobierno Vasco sabe perfectamente que no es así”.