El 29 de mayo de 2025 no pasará a la historia por la entrega del Premio Carlomagno, sino por la consumación pública de una traición. Ese día, Felipe VI dejó de ser el Rey de los españoles para convertirse, con todas las letras, en el portavoz de las élites que pretenden borrar las patrias, diluir las soberanías y someter a los pueblos europeos a una arquitectura burocrática, ajena, autoritaria y profundamente ideológica.

Desde Aquisgrán, y bajo la mirada cómplice de Ursula von der Leyen, Felipe VI pronunció un discurso que no fue institucional, ni simbólico, ni representativo de la diversidad de pensamiento que vive España. Fue, sin matices, un manifiesto político. Un alegato militante a favor de la Unión Europea como estructura supranacional, y un ataque explícito contra todas aquellas voces —patrióticas y democráticas— que disienten del actual rumbo ideológico del continente.

“El proyecto europeo no se puede dar por garantizado. Hay voces, cada vez más fuertes, que, equivocadas y peligrosas, debemos enfrentar”, proclamó el monarca. Y añadió: “Somos más españoles porque pertenecemos a Europa, no al revés”.

Ambas frases son suficientes para encender todas las alarmas institucionales. No solo por su arrogancia política, sino por lo que revelan: el Rey de España ya no se siente deudor de su patria, sino vasallo de Bruselas. No rinde cuentas a sus compatriotas, sino a la elite tecnocrática que decide desde despachos grises el destino de millones de europeos.

El Rey ya no reina sobre una nación: se ha alineado con quienes quieren disolverla.

Más grave aún que sus palabras fue su silencio sobre lo esencial. Ni una sola mención a los dramas reales que sufren los ciudadanos españoles por decisiones impuestas desde Europa: el colapso migratorio, la destrucción de la industria agraria, las leyes climáticas que arruinan a nuestros ganaderos, la erosión de la familia y de la educación nacional, el hostigamiento fiscal al ciudadano medio, o la criminalización de quienes defienden su cultura, su religión o sus tradiciones.

En cambio, Felipe VI optó por lo fácil: denunciar al euroescepticismo y bendecir la “arquitectura de seguridad” basada en la OTAN, la Agenda Verde y la integración económica sin soberanía nacional. Una agenda que no ha votado nadie. Una agenda que se impone desde arriba, con desprecio hacia las naciones históricas de Europa.

El artículo 56 de la Constitución establece que el Rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y debe actuar con neutralidad. Sin embargo, al tomar partido ideológico, Felipe VI ha cruzado la línea de forma irreparable.

No es la primera vez. Su tibieza ante la ofensiva golpista catalana, su silencio ante la criminalización de la derecha democrática, su ausencia ante las persecuciones judiciales contra los católicos, o su mutismo ante la corrupción institucional indecente provocada por Pedro Sánchez, forman parte de un patrón ya evidente: el Rey ha elegido un bando. Y no es el del pueblo español.

Nadie votó a Felipe VI. Su pretendida legitimidad descansa, precisamente, en que debía situarse por encima de los partidos, de las ideologías, de los bloques. Pero si él rompe ese equilibrio, si él se convierte en ariete del pensamiento único socialdemócrata y globalista, entonces la pregunta es inevitable: ¿Quién representa hoy a los españoles libres, conscientes y patriotas?

Porque si el Rey abdica moralmente de su compromiso con España, los españoles no estamos obligados a rendirle pleitesía simbólica alguna.

Hoy más que nunca, es deber de los ciudadanos —de los verdaderos patriotas— alzar la voz contra esta deriva. Porque no se trata solo de un discurso: se trata del alma misma de España, amenazada por dentro y por fuera.

Frente a un Rey que ha decidido no ser nuestro Rey, debe alzarse la España real: la que cree en su historia, en su cultura, en su libertad y en su derecho a decidir su destino sin tutelas.

Y eso empieza, como siempre, por no callar.