Pedro Sánchez ocultó más de 100.000 euros en donaciones anónimas durante sus primarias: el Tribunal de Cuentas fue ignorado
![[Img #28376]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/06_2025/8268_screenshot-2025-06-22-at-11-03-42-pedro-sanchez-buscar-con-google.png)
Pedro Sánchez recibió más de 100 000 euros en donaciones para financiar su campaña en las primarias del PSOE en 2017 a través de una asociación externa al partido, ocultando dichas cantidades al Tribunal de Cuentas, que ya entonces advirtió expresamente de la obligación legal de incluir todos los ingresos en la contabilidad oficial del partido. Así lo ha revelado una investigación publicada por The Objective, basada en documentos internos del PSOE y en una carta enviada en su día por el Tribunal de Cuentas al entorno de Sánchez.
La asociación, denominada Bancal de Rosas, fue creada ex profeso para gestionar el crowdfunding con el que Sánchez buscaba recuperar el liderazgo del partido tras ser defenestrado por el aparato socialista en 2016. Aunque la recaudación pública superó los 100.000 euros —y fuentes internas apuntan incluso a cifras cercanas a los 280.000—, estas cantidades no aparecen en la contabilidad oficial remitida por el PSOE al Tribunal de Cuentas.
El 28 de marzo de 2017, el entonces presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, envió una carta al partido en la que advertía de que “todas las donaciones, incluso las de campañas internas como las primarias, deben figurar en las cuentas auditadas del partido”. Pese a ello, esa recomendación fue ignorada: en los documentos enviados al Tribunal por parte del PSOE no se hizo mención a las aportaciones gestionadas por la asociación, ni se identificó a los donantes, en abierto incumplimiento de lo exigido por la ley de financiación de partidos.
El entramado recaudador estaba presidido por Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y uno de los hombres más cercanos a Sánchez. Según diversas fuentes citadas por The Objective, Martín y otros colaboradores evitaron deliberadamente canalizar los fondos a través del circuito oficial del PSOE para eludir el control del aparato del partido, entonces hostil a Sánchez, y evitar tener que identificar públicamente a los donantes.
En un contexto ya minado por los casos Koldo y Ábalos, esta revelación viene a profundizar el escándalo que envuelve al círculo de poder del presidente. Además, la sustitución del presidente del Tribunal de Cuentas poco después del episodio —en el marco de un pacto político entre el PSOE y el PP— alimenta las sospechas de que el asunto fue deliberadamente sepultado.
Análisis legal: ¿una infracción administrativa o un delito penal?
Desde el punto de vista jurídico, la utilización de una estructura paralela para financiar una campaña interna sin declarar la identidad de los donantes puede constituir una infracción grave a la Ley Orgánica 8/2007, de financiación de los partidos políticos. Dicha norma obliga a los partidos a declarar todas las donaciones recibidas, sean estas para elecciones generales o para procesos internos como primarias.
Además, la recepción de donaciones anónimas por importe superior a 500 euros está expresamente prohibida por dicha ley. Superar ese umbral —como claramente ocurrió en este caso— no solo vulnera los principios de transparencia, sino que puede derivar en sanciones económicas, pérdida de subvenciones públicas e incluso en responsabilidad penal si se demostrara que hubo ánimo de ocultación sistemática o si el dinero procede de fuentes prohibidas (empresas contratistas, extranjeras, etc.).
El hecho de que se ignorara una advertencia formal del Tribunal de Cuentas agrava la situación: indica dolo o al menos negligencia grave. El artículo 304 bis del Código Penal, reformado en 2015, contempla penas de hasta cuatro años de prisión por financiación ilegal de partidos, siempre que se acredite intención y cuantías relevantes.
Por tanto, si algún militante o grupo político decidiera llevar el caso a la Fiscalía —como ya se está planteando, según The Objective—, podríamos estar ante la apertura de diligencias penales contra altos cargos del PSOE e incluso contra el propio presidente, si se demuestra su conocimiento o participación directa en la operación.
En definitiva, más allá de la dimensión ética o política, el caso tiene el potencial de convertirse en una causa judicial de primer orden, que sacuda nuevamente el ya convulsionado tablero político español.
Pedro Sánchez recibió más de 100 000 euros en donaciones para financiar su campaña en las primarias del PSOE en 2017 a través de una asociación externa al partido, ocultando dichas cantidades al Tribunal de Cuentas, que ya entonces advirtió expresamente de la obligación legal de incluir todos los ingresos en la contabilidad oficial del partido. Así lo ha revelado una investigación publicada por The Objective, basada en documentos internos del PSOE y en una carta enviada en su día por el Tribunal de Cuentas al entorno de Sánchez.
La asociación, denominada Bancal de Rosas, fue creada ex profeso para gestionar el crowdfunding con el que Sánchez buscaba recuperar el liderazgo del partido tras ser defenestrado por el aparato socialista en 2016. Aunque la recaudación pública superó los 100.000 euros —y fuentes internas apuntan incluso a cifras cercanas a los 280.000—, estas cantidades no aparecen en la contabilidad oficial remitida por el PSOE al Tribunal de Cuentas.
El 28 de marzo de 2017, el entonces presidente del órgano fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, envió una carta al partido en la que advertía de que “todas las donaciones, incluso las de campañas internas como las primarias, deben figurar en las cuentas auditadas del partido”. Pese a ello, esa recomendación fue ignorada: en los documentos enviados al Tribunal por parte del PSOE no se hizo mención a las aportaciones gestionadas por la asociación, ni se identificó a los donantes, en abierto incumplimiento de lo exigido por la ley de financiación de partidos.
El entramado recaudador estaba presidido por Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y uno de los hombres más cercanos a Sánchez. Según diversas fuentes citadas por The Objective, Martín y otros colaboradores evitaron deliberadamente canalizar los fondos a través del circuito oficial del PSOE para eludir el control del aparato del partido, entonces hostil a Sánchez, y evitar tener que identificar públicamente a los donantes.
En un contexto ya minado por los casos Koldo y Ábalos, esta revelación viene a profundizar el escándalo que envuelve al círculo de poder del presidente. Además, la sustitución del presidente del Tribunal de Cuentas poco después del episodio —en el marco de un pacto político entre el PSOE y el PP— alimenta las sospechas de que el asunto fue deliberadamente sepultado.
Análisis legal: ¿una infracción administrativa o un delito penal?
Desde el punto de vista jurídico, la utilización de una estructura paralela para financiar una campaña interna sin declarar la identidad de los donantes puede constituir una infracción grave a la Ley Orgánica 8/2007, de financiación de los partidos políticos. Dicha norma obliga a los partidos a declarar todas las donaciones recibidas, sean estas para elecciones generales o para procesos internos como primarias.
Además, la recepción de donaciones anónimas por importe superior a 500 euros está expresamente prohibida por dicha ley. Superar ese umbral —como claramente ocurrió en este caso— no solo vulnera los principios de transparencia, sino que puede derivar en sanciones económicas, pérdida de subvenciones públicas e incluso en responsabilidad penal si se demostrara que hubo ánimo de ocultación sistemática o si el dinero procede de fuentes prohibidas (empresas contratistas, extranjeras, etc.).
El hecho de que se ignorara una advertencia formal del Tribunal de Cuentas agrava la situación: indica dolo o al menos negligencia grave. El artículo 304 bis del Código Penal, reformado en 2015, contempla penas de hasta cuatro años de prisión por financiación ilegal de partidos, siempre que se acredite intención y cuantías relevantes.
Por tanto, si algún militante o grupo político decidiera llevar el caso a la Fiscalía —como ya se está planteando, según The Objective—, podríamos estar ante la apertura de diligencias penales contra altos cargos del PSOE e incluso contra el propio presidente, si se demuestra su conocimiento o participación directa en la operación.
En definitiva, más allá de la dimensión ética o política, el caso tiene el potencial de convertirse en una causa judicial de primer orden, que sacuda nuevamente el ya convulsionado tablero político español.
