Un escalofrío recorre los pasillos del espionaje español: como ya ocurriera bajo los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, agentes secretos están rompiendo el pacto de silencio. Al servicio de la patria, han decidido ocultar parte de su verdad, negándose a entregar sus informes a los altos mandos. ¿La razón? Temen que la maquinaria del poder desemboque en el sabotaje interno más despiadado.

La acusación suena a traición institucional: “El Gobierno es el mayor enemigo de España”, se oyen voces graves desde los sótanos del Estado, según informa The Objetive. Hablan de “insurrección”, de una maquinaria corrupta al servicio del PSOE que aplasta la libertad y la separación de poderes.

En medio de este vendaval, los distintos servicios de inteligencia han levantado las lanzas entre sí. El Ejército de la sombra existe, y ya no confían los unos en los otros: nadie comparte nada, todos desconfían de las intenciones del otro. La Red se ha vuelto un campo minado de recelos, siempre según el digital madrileño.

Pero los mandos policiales no se quedan atrás: jugándose honor y principios, unos cruzan la línea del deber para perseguir tramas de corrupción cercanas a Moncloa, mientras otros se paralizan por miedo. Información identificada, pero ojos cerrados, actúa solo quien ha sido llamado por los jueces; el resto se hunde en el silencio cómplice .

El CNI, jurando proteger lo que aún queda de la nación, ahora acecha desde la oscuridad: si el enemigo es el Gobierno, cualquier acción contra él es legítima hermandad patriótica. “El Estado ataca al Estado”, admiten sin tapujos. La desconfianza alcanza niveles bíblicos.

Un caso paradigmático: el túnel narco de Ceuta. CNI y cifas lo conocían desde hacía más de un año, y sin embargo, fue la Guardia Civil quien, actuando como un David solitario, lo desmanteló. El episodio se ha convertido en emblema de una guerra fría interna: información compartimentada, acciones paralelas, rostros desconocidos luchando en la penumbra.

Y si el narco-túnel es un asalto a nuestra integridad territorial, la retención silenciosa de Puigdemont en Barcelona es otro síntoma de esa parálisis. “¿Nadie lo sabía?” claman los agentes en The Objetive. “Claro que sí… pero tenían miedo”.

Esta rebelión en la sombra tiene un grito común: quieren un presidente que realmente defienda a España; reclaman separación real de poderes, independencia judicial, libertad de expresión. Hay agentes dispuestos a sacrificarse, aunque sepan que la ‘muerte civil’ acecha. Recordemos el caso de Juan Vicente Bonilla, silenciado y pintado como un terrorista por comentar su propia vulnerabilidad. 

Mientras todo esto ocurre, en lo más alto del Estado se está librando una guerra silenciosa. Una guerra que no aparece en los partes oficiales ni se discute en ruedas de prensa. Una guerra por el control de la verdad. Según informa El Confidencial, el Gobierno del tirano Pedro Sánchez, acosado por escándalos judiciales que cercan su entorno más íntimo, ha puesto en marcha un plan de máxima gravedad: tomar el control de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la élite policial que ha osado investigar al poder.

El objetivo es doble y despiadado: reventar las investigaciones sobre Santos Cerdán y Begoña Gómez, los casos que ya han entrado en fase de instrucción judicial y que amenazan con convertirse en un tsunami político. Pero la ofensiva no es solo jurídica: es una operación quirúrgica para reconfigurar la cúpula de la Guardia Civil y silenciar a los agentes incómodos.

El coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO, es el primer objetivo. Un oficial condecorado, número uno de su promoción, intachable en su hoja de servicios, que ha soportado durante dos años una presión brutal. Le han exigido informes antes de tiempo, intentado dictar el tono de sus escritos, marcarle los tiempos, imponerle el silencio. Pero Yuste ha resistido. Ha protegido a sus hombres. Y ahora, el precio de su lealtad a la ley podría ser su salida “honorífica”.

Moncloa quiere acelerar su ascenso a general no para premiarlo, sino para apartarlo con elegancia. Para vestir de galardón lo que no es más que una purga institucional. En circunstancias normales, Yuste debería esperar hasta 2026. Pero el Gobierno, siempre según El Confidencial,  ha detectado una grieta en el sistema: una ventana de oportunidad en julio de 2025. La utilizarán.

Junto a él, otro nombre molesto: Alfonso López Malo, general de brigada, superior directo de Yuste y exjefe de la propia UCO. También él ha mantenido férrea la muralla contra las injerencias de Moncloa. También él podría ser ascendido de forma exprés para ser desplazado. La consigna es clara: sustituir a los hombres que no se doblegan por perfiles leales al PSOE, más dóciles, más manejables.

Y para que todo parezca parte de una reforma rutinaria, Interior ha dejado puestos vacantes estratégicos desde hace meses: en Aragón, en la Dirección General... Huecos preparados para colocar peones afines en una partida que se juega con sangre fría.

Sánchez no se ha escondido. En una carta reciente a su militancia, acusó abiertamente a la UCO de colaborar con la derecha para derribar a su Gobierno. Una acusación sin precedentes en democracia: el presidente señalando a su propia policía judicial como conspiradora. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha seguido el guion: minimizar, relativizar, deslegitimar. Incluso cuando los tribunales ya llevan más de dos años investigando.

Pero el ataque más siniestro no se ha librado ante las cámaras, sino en la sombra. Leire Díez, exdirectiva de Enusa y Correos, agente oficiosa de un aparato de intoxicación montado por el PSOE, se reunió con un empresario acusado de fraude para obtener información sensible contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, encargado precisamente de los casos que ponen nervioso a Moncloa.

Un aparato para desacreditar. Para intimidar. Para fabricar versiones alternativas de la realidad que exculpen al poder y destruyan a quienes lo investigan.

El PSOE ha convertido a la UCO en el enemigo. Pero la UCO sigue ahí. Vigilante. Incorruptible. Resistiendo como último bastión de legalidad en un escenario donde el poder parece dispuesto a desmantelar las instituciones si se interponen en su camino.

Las fuentes internas son claras: lo que se avecina no es una simple reorganización. Es un asalto planificado, milimetrado, frío. Un cambio de rostros para borrar las huellas de la verdad.

Y la pregunta flota en el aire, cortante como un cuchillo:
¿Quién vigilará entonces a los que vigilan?